| En una rueda de prensa
ofrecida esta mañana, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO.,
Fernando Lezcano, ha amenazado con una huelga general en la enseñanza en otoño contra el
anteproyecto de la Ley de Calidad de la Educación, coincidiendo con su periodo de
tramitación parlamentaria. El principal de los argumentos alegados por el sindicato es
que el anteproyecto supone "un ataque frontal a la enseñanza pública". El
objetivo último que, según Fernando Lezcano, pretende el Gobierno con esta ley es
"la instrumentalización de los problemas reales del sistema educativo y de paso
satisfacer las reivindicaciones sociales de los sectores votantes del PP". Seis son las razones aducidas por Lezcano para
plantear una huelga general contra la futura Ley de Calidad, que propondrá al resto de
las organizaciones sindicales del profesorado, Sindicato de Estudiantes y al movimiento
asociativo de padres de alumnos. La primera de ellas es el desprecio que la
Administración educativa ha dispensado a los marcos institucionales y que, en el caso de
la Conferencia sectorial de Educación no dudó en tildar de "grosero", al
señalar que en la reunión del pasado día 7 el Ministerio no quiso facilitar a los
consejeros de las comunidades autónomas el texto articulado del borrador de la Ley que,
sin embargo, presentó públicamente pocos días después.
Fernando Lezcano aludió también al
desprecio manifestado por el Ministerio a la Mesa sectorial de Educación, en cuya
reunión del 23 de abril los sindicatos plantearon sus reivindicaciones mientras al día
siguiente la propia ministra Pilar del Castillo presentaba en rueda de prensa una
propuesta de carrera docente, que ya ha incluido en el anteproyecto de Ley de Calidad. El
secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. considera
"inadmisible" que la Administración "provoque las tensiones despreciando
los marcos institucionales".
La segunda razón esgrimida por
CC.OO. contra el borrador del proyecto es que en éste el Ministerio hace concesiones a
los sectores empresariales y eclesiásticos de la enseñanza privada, introduciendo dos
elementos que, sin embargo, estaban ausentes en el Documento de Bases de la Ley de
Calidad, y que el MECD convierte en pilares básicos del anteproyecto: la financiación
del segundo ciclo de la Educación Infantil y la regulación de la enseñanza religiosa al
capricho de la Conferencia Episcopal.
A juicio de Lezcano, la propuesta del
Ministerio es "revanchista, partidista y está concebida para "los suyos",
en lugar de abogar por los cambios en el sistema educativo que permitan un mayor consenso
social en torno a la educación y darles más estabilidad y perdurabilidad".
La tercera razón que justifica en
estos momentos una convocatoria de huelga general en la enseñanza es que el anteproyecto
de la Ley supone "un ataque frontal a la enseñanza pública" que, según el
secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., empieza por la apuesta a
favor de la financiación de niveles no obligatorios. Esta medida conllevará la pérdida
de matrícula en la Educación Infantil en la red pública, la discriminación en los
criterios para admitir a los alumnos en los centros y la posibilidad de que los
itinerarios educativos no se impartan por igual en todos los centros sino que se regulen
en función de la demanda. Todas estas medidas pueden llevar, según Lezcano, a que la red
de centros públicos se convierta en subsidiaria de la red de la enseñanza privada
concertada.
La cuarta razón alegada por CC.OO.
contra la Ley de Calidad es que la propuesta ministerial supone "la pérdida de una
oportunidad de oro para motivar al profesorado y revitalizar la función social de la
docencia a través de un estatuto para los docentes que apueste por la mejora de sus
condiciones laborales". En opinión de Fernando Lezcano, las medidas contempladas a
este respecto en el borrador de la Ley "hacen que el profesorado tenga que soportar
los cambios previstos".
La quinta razón esgrimida por la
Federación de Enseñanza CC.OO. para convocar una huelga en el sector educativo es que el
borrador de la Ley de Calidad entraña un "profundo retroceso democrático" en
el gobierno de los centros al limitar las competencias de los consejos escolares e
introducir medidas por las que los directores escolares "dejarán de ser los
representantes de los centros elegidos democráticamente para convertirse en comisarios
políticos del Ministerio".
La sexta y última de las razones
argumentadas por CC.OO. para proponer un paro general en la enseñanza es que las
iniciativas previstas por el Gobierno para promover la calidad "no son más que un
profundo retroceso en la concepción de la educación como factor compensador de
desigualdades y de cohesión social".
En palabras de Fernando Lezano,
"se trata de propuestas que sólo condicen a una mayor segregación y exclusión de
los sectores más desfavorecidos de la sociedad, los alumnos con necesidades educativas
especiales o los hijos de los inmigrantes".
Lezcano agregó que todas estas
medidas no favorecerán en absoluto la reducción del fracaso escolar sino que
contribuirán a ocultarlo. Además, dijo que su aplicación entrañará un cambio
drástico en la lógica de trabajo que se viene realizando en los centros desde hace doce
años y "caerán como un jarro de agua fría para aquellos que han optado por ofrecer
oportunidades al alumnado".
Ejemplo de ello es el regreso a una
concepción puramente asistencial de la Educación Infantil -que dejará de ser impartida
por el profesorado adecuado-, la desaparición de los programas de diversificación
curricular, la ausencia de compromisos económicos o el establecimiento de planes de
cooperación entre las autonomías sólo para el estudio de la historia de España, en lo
que Fernando Lezcano calificó de un intento de "neoespañolización" de los
programas escolares.
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