Esta
mañana se ha celebrado una rueda de prensa en la sede de UGT, convocada por los
secretarios generales de CC.OO. y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, y de las
federaciones de Enseñanza de ambos sindicatos, Fernando Lezcano y José Ramón Copa,
respectivamente. Los responsables sindicales han exigido la devolución al Gobierno del
proyecto de ley de Calidad de la Educación remitido al Parlamento y la recuperación del
diálogo y del consenso para mejorar la calidad de la enseñanza.
Fidalgo y Méndez
partieron de la idea de que la reforma educativa debe ser considerada un asunto de Estado,
en el que se cuente con la participación de todos los agentes sociales y de la comunidad
educativa.
Ambos dirigentes
sindicales coincidieron también en destacar que la educación constituye un pilar
esencial del estado social y de bienestar y un poderoso instrumento para garantizar la
igualdad de oportunidades, compensar las desigualdades y respetar la diversidad y la
pluralidad.
Asimismo, recordaron
que en la gran concentración prevista el 5 de octubre en Madrid para exigir la
derogación del decretazo sobre la reforma laboral estarán presenten los mensajes
de rechazo a la Ley de Calidad.
Cándido Méndez afirmó que el
proyecto no sólo no alcanza el objetivo de calidad que se propone sino que agravará los
problemas del sistema educativo. También subrayó que su actual configuración supone una
ruptura del consenso constitucional en la enseñanza y denota una abierta hostilidad hacia
el modelo de escuela comprensiva.
Méndez denunció que el proyecto de
ley revela una clara parcialidad a favor de la enseñanza privada mientras aboga por la
marginación de la red pública.
José María Fidalgo resaltó que con
la presencia de ambos secretarios generales de las centrales en la rueda de prensa no se
pretendía defender una tabla reivindicativa de carácter corporativo, dado que UGT y
CC.OO. representan los intereses de todos los trabajadores, sino porque la educación es
un elemento tan determinante para la igualdad de las personas como el sistema de seguridad
social o la negociación colectiva.
En este sentido, comentó que la Ley
de Calidad forma parte de un modelo de integración en la Unión Europea con el que no
coinciden los sindicatos y que está basado en la progresiva desaparición de derechos
sociales fundamentales. A juicio de Fidalgo, la dimensión educativa de este modelo
apuesta por una fórmula que condena a España a una situación periférica, como lo
demuestra el descenso del gasto educativo de los últimos años y que en este aspecto
sitúa a nuestro país a la cola de la UE.
El secretario general de CC.OO.
comentó que la defensa de un trabajo productivo y estable y de calidad pasa por una
cualificación laboral también de calidad, algo que el proyecto de Ley de Calidad
elaborado por el Gobierno no garantiza en absoluto. Para Fidalgo el proyecto es rechazable
desde su misma base porque no parte de diagnóstico alguno de la situación del sistema
educativo, ofrece respuestas simplistas, carece de memoria económica, pretende financiar
la enseñanza privada con presupuestos públicos y establece un sistema de itinerarios
formativos en la ESO que discriminan y seleccionan al alumnado.
Según Fidalgo, con su política
social –y por tanto, también educativa-, el Gobierno del PP ha optado por la soledad
política y el enfrentamiento con la mayoría de los sectores sociales. "Nosotros
sustentamos nuestra acción sindical en la solidaridad. Si se nos acusa de hacer política
y de ser de izquierdas por ello, a mucha honra", apostilló.
El secretario general de FETE-UGT,
José Ramón Copa, dijo que el Gobierno plantea un control ideológico de los centros
públicos y hace desaparecer la participación en los centros. Calificó la Ley de Calidad
de "retrógrada, vengativa e injusta" e insistió en que rompe el consenso
constitucional en torno a la educación.
El secretario general de la
Federación de Enseñanza de CC.OO., Fernando Lezcano, comenzó afirmando que el proyecto
de ley ha perdido la poca credibilidad que tenía tras el espectáculo ofrecido por el
Ministerio en torno a las filtraciones a la prensa de los documentos sobre la Memoria
económica de la ley. "¿Cómo confiar en la voluntad política de un Gobierno que
filtra la Memoria económica y luego se remite al Consejo Financiero de Política
Fiscal?", agregó Lezcano.
Fernando Lezcano acusó al Gobierno
de carecer de credibilidad después de la esperpéntica tramitación de la LOU, a la que
se opusieron rectores, profesores y estudiantes.
Para el responsable de Enseñanza de
CC.OO., las líneas vertebradoras del proyecto tienen poco que ver con los problemas
educativos, poco con la calidad y mucho con el catálogo más rancio de la derecha
española. Ejemplo de ello son los intentos de privatización de la enseñanza pública y
el sometimiento a los dictados de la Conferencia Episcopal.
Lezcano recordó que desde que
gobierna el PP el gasto en educación ha descendido medio punto del PIB y que la
distribución de recursos sólo ha contribuido a adelgazar el sector público, como lo
revela la pérdida de matrícula escolar desde 1997. Entre tanto, la escuela pública
acoge a más de 150.000 alumnos inmigrantes y otros 100.000 con necesidades educativas
especiales. A este respecto pidió que los centros privados asuman su cuota de
responsabilidad en la distribución de alumnos inmigrantes. "En estas condiciones o
el Gobierno rectifica pronto o el conflicto educativo y social estará garantizado,
aseguró Lezcano.
Madrid, 12.09.2002 -
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