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En una rueda de prensa
celebrada esta mañana, la Federación de Enseñanza ha anunciado la presentación de una
denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid y un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional por la decisión de aquél de prohibir la manifestación del pasado 23 de
noviembre en Madrid en contra del proyecto de Ley de Calidad de la Educación, también
conocida como la "Ley Del Castillo", convocada por la Plataforma a favor de la
Escuela Pública, de la que forman parte sindicatos docentes, entre ellos la Federación
de Enseñanza de CC.OO., organizaciones estudiantiles, la confederación de APAs y los
Movimientos de Renovación Pedagógica. Según el secretario general de la Federación,
Fernando Lezcano, el delegado del Gobierno incurrió en un abuso de autoridad que
"pervierte la esencia de la democracia", por lo que advirtió que la respuesta
de CC.OO. "es la de mayor envergadura prevista en nuestro ordenamiento
jurídico". Lezcano comentó que la actitud de la Delegación del Gobierno en Madrid
no es más que una prueba de los usos autoritarios habituales en el Gobierno de Aznar.
"No hay responsabilidad de bajo nivel ni puramente administrativas, sino plenamente
políticas", agregó.
La denuncia se fundamenta por tanto
en una doble acusación contra el delegado del Gobierno, por negligencia administrativa y
por abuso de autoridad, y en ella se exigen responsabilidades personales y penales,
además de una indemnización por daños y perjuicios. El recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional será interpuesto también por las otras organizaciones
convocantes de la manifestación.
La abogada de CC.OO., Carmen Perona,
explicó que los convocantes de la manifestación solicitaron su autorización al delegado
del Gobierno en el plazo debido y que, ante el silencio positivo de ésta en las 72 horas
siguientes a la solicitud, entendieron que daba su autorización, por lo que pusieron en
marcha los preparativos de la manifestación, cuyo coste ascendió a 48.080 euros. Sin
embargo, la Delegación respondió a las 96 horas denegando el permiso para que los
convocantes organizaran la manifestación entre la plaza de Callao de Madrid y la de
España y autorizando solamente una concentración en esta última.
Por ello, CC.OO. exigirá una
indemnización equivalente a los 48.080 euros invertidos en los preparativos de la
manifestación. Asimismo, solicitará al ministro del Interior que sancione al delegado
del Gobierno por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Carmen Perona insistió
en que tras la denegación del Delegado del Gobierno no sólo hubo negligencia sino dolo,
es decir, mala intención.
Tanto en la denuncia como en el
recurso de amparo ante el Constitucional, se apela a los derechos constitucionales de
reunión, de igualdad ante la ley y de libertad sindical.
02.12.03. -
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