El informe PISA 2006 confirma las deficiencias de nuestro sistema educativo.
CC.OO. exige al Gobierno central y a las autonomías que doten de más recursos al servicio público educativo.
Considera inadmisible que algunas comunidades inviertan en educación menos del 2% del PIB cuando la media de los países de la UE es del 6%.
El Informe Pisa de 2006 ratifica la tendencia de los informes de los años anteriores en cuanto a la deficiente situación del sistema educativo español, que se mantiene en la cola de los países europeos.
Estos resultados revelan la necesidad de incrementar los recursos que globalmente se dedican a la educación en nuestro país mediante un Acuerdo Financiero entre el Gobierno central y las comunidades autónomas que, entre otras mejoras, permita combatir los actuales desequilibrios interterritoriales en cuanto a dotaciones, recursos, compensación educativa, programas de orientación y recuperación, etc., elementos todos ellos sin los cuales nunca será posible mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
Resulta inadmisible que algunas comunidades autónomas, y precisamente de las de más nivel de renta, inviertan en educación por debajo del 2% de su PIB, cuando la media de los países europeos está cerca del 6%. Los resultados son, en buena parte, la consecuencia de la importancia que esas Administraciones le dan año a año en su Presupuestos a su sistema educativo.
Aunque la ministra de Educación ha declarado en la rueda de prensa de presentación del informe que uno de los factores del déficit educativo es la falta de reconocimiento social de los docentes y no sólo de recursos y salarios, en CC.OO. estamos convencidos de que ambos elementos son indisociables. El profesorado español necesita de un Estatuto específico que establezca sus condiciones laborales y una carrera profesional capaz de incentivar su cada vez más difícil trabajo. Sin embargo, de inexplicablemente, Ministerio mantiene bloqueadas las negociaciones de ese Estatuto Docente con los sindicatos.
En CC.OO. venimos demandando una serie de mejoras que, a la luz de este informe, no tenemos más remedio que reiterar. En primer lugar, incrementar el gasto educativo hasta alcanzar el 6% del PIB; en segundo lugar urge la puesta en marcha de un Plan de Choque para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como la implantación de medidas de atención a la diversidad, de refuerzo y apoyo, desdobles para los grupos de menor nivel, reducción de las ratios, incrementar las plantillas de los centros y no sólo de personal docente; en tercer lugar, consideramos imprescindible establecer un verdadero sistema de promoción profesional del profesorado que lo estimule para su formación permanente y para una mayor implicación en el trabajo en el aula y en el centro educativo.
Aunque en conocimientos de ciencias nuestro país ocupa un puesto intermedio entre los países de la OCDE examinados, en comprensión lectora dejamos mucho que desear. Si bien este dato tampoco es nuevo y las causas puedan ser atribuibles a múltiples factores, algunos de ellos ajenos al funcionamiento del sistema educativo, es evidente que los que trabajamos en la mejora de la calidad de la enseñanza tenemos el deber de centrarnos en las deficiencias generadas por el propio sistema e intentar solucionarlas sin necesidad de culpabilizar a nadie. La Ley Orgánica de Educación establece mecanismos para mejorar las competencias en lectura, por lo que sólo es preciso aplicarlos.