España se sitúa entre los primeros países del mundo en cuanto al reconocimiento internacional de las personas con discapacidad.

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España se pone a la cabeza del reconocimiento internacional de los discapacitados al depositar en la sede de la ONU los instrumentos de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de ese colectivo. 

Tras el acto encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, España se convirtió en el octavo país del mundo que confirma documentalmente la ratificación de la Convención adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006.

Fernández de la Vega entregó los instrumentos de ratificación en una breve ceremonia en el edificio de la Secretaría de las Naciones Unidas al subsecretario general para Asuntos Legales de la organización, Larry Johnson.

“Nos sentimos muy orgullosos porque hoy es un día en que se avanza en derechos de ciudadanía, en igualdad y en lo que es el reconocimiento y la integración de las personas que tienen algún tipo de discapacidad', afirmó la vicepresidenta.

Afirmó que el acto en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es 'un primer paso en el reconocimiento de los derechos' de ese colectivo, que debe estar seguido de la puesta en práctica de políticas de plena integración en todos los ámbitos sociales.

Fernández de la Vega también se comprometió a que España promueva la ratificación del documento entre los 110 países que lo han suscrito, pero que todavía no lo han ratificado.

Johnson, a su vez, destacó que la ratificación de la Convención “muestra de nuevo el compromiso español con los derechos humanos y la justicia social'.

La Convención dota al derecho internacional de un instrumento jurídicamente vinculante para que los gobiernos introduzcan gradualmente cambios en sus legislaciones, con el fin de mejorar y promover los derechos de las personas con discapacidad y, en particular, su acceso a la educación y al empleo.

Al acto asistieron varios representantes de organizaciones españolas que siguieron de cerca la elaboración del documento en la Asamblea General, que llevó cinco años.

“España está muy avanzada en el plano legislativo, pero esta iniciativa ayudará a cambiar la convicción real de que la ayuda a los discapacitados no es una cuestión de benevolencia, sino de derecho', apuntó Luis Cayo Pérez Bueno, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.