Tras la Conferencia de Educación del principal partido de la oposición.
CC.OO. lamenta que el PP ignore en su programa electoral los Estatutos para el profesorado.
Ante las elecciones generales del 9-M, esta semana el sindicato enviará a los grupos políticos sus 50 propuestas para mejorar la enseñanza.
Esta laguna nos parece increíble si se tiene en cuenta el avanzado proceso de negociación del borrador del Estatuto Docente, que finalmente no ha podido llegar a buen puerto en la legislatura que ahora termina por culpa de la falta de voluntad política de la actual Administración. Por ello, CC.OO., en tanto que sindicato más representativo en la enseñanza, emplazamos al Partido Popular y a sus máximos responsables a que incluyan en su programa electoral la aprobación de ambos estatutos. Se trata de una vieja reivindicación en el sector, todavía más justificada tras la entrada en vigor en mayo del año pasado del Estatuto del Empleado Público.
El compromiso con el profesorado no se adquiere sólo con promesas vagas y discursos más o menos grandilocuentes, a los que los docentes estamos acostumbrados, y más en las campañas electorales. Hacen falta medidas concretas y de hondo calado, como dotarlo de normas que establezcan sus derechos y obligaciones, sus condiciones laborales básicas, así como los criterios para una carrera profesional atrayente y estimuladora.
No obstante, apreciamos la presencia de algunos elementos positivos, como la apuesta por un Pacto de Estado en materia educativa, el programa de enseñanza en inglés y un plan para reforzar la cohesión territorial en educación.
Esta misma semana CC.OO. presentará a los principales grupos políticos que concurran a las elecciones generales del 9 de marzo un documento con 50 propuestas que hemos elaborado bajo el título “Educación de calidad y equidad: Un reto ineludible y una tarea colectiva”.
En este documento pedimos el compromiso y apoyo de los partidos políticos en torno a cuatro ejes centrales: la inversión económica para reforzar nuestro sistema educativo, la implicación de todas las administraciones con el fin de mejorar los niveles de calidad y equidad, la planificación de la formación permanente para facilitar la inclusión social y un compromiso explícito con quienes ejercen su profesión en la enseñanza, reconociendo la importancia de su labor y la dificultad de su tarea.