La calidad y la equidad son los pilares básicos del documento.
CC.OO. presenta 50 propuestas educativas a los grupos políticos ante las elecciones generales del 9 de marzo.
Propone una inversión del 7% del PIB en el sistema educativo anterior a la universidad y del 2,1 % en el sistema público universitario; además de planificar la oferta educativa, garantizando la responsabilidad que las Comunidades Autónomas tienen en la creación y extensión de la red públicaa.
En este documento pedimos el compromiso y apoyo de los partidos políticos en torno a cuatro ejes centrales: aumento de la inversión económica; compromiso con una educación de calidad y de equidad en el marco del servicio público, a través de la cooperación entre administraciones; planificación y desarrollo de políticas de formación permanente, estableciendo vínculos intersectoriales en relación con el empleo, la inclusión social y los servicios sociales y, por último, compromiso con quienes ejercen su profesión en la enseñanza, reconociendo la importancia de su labor y la dificultad de su tarea.
En lo que respecta al incremento de la inversión, CC.OO. solicita a los poderes públicos las medidas necesarias para que en el plazo de cinco años la inversión pública en educación crezca hasta alcanzar la media de los países más avanzados de la Unión Europea. La financiación del sistema público educativo será como mínimo del 7 % del PIB en la enseñanza anterior a la universidad y un 2,1 % del PIB para el sistema público universitario.
Además, exigimos que se asegure la consolidación en la financiación de cada comunidad autónoma de los gastos de carácter plurianual que se fijen en sus correspondientes Leyes de Presupuestos y que las comunidades desarrollaren Planes de Inversión en la enseñanza pública para garantizar esta oferta en aquellas zonas de nuevos asentamientos y de redistribución de la población.
En el capítulo de equidad exigimos que se planifique la oferta educativa, garantizando la responsabilidad que a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones educativas les corresponde en la creación y extensión de su oferta educativa y que se elabore un mapa escolar que, teniendo como eje vertebrador del sistema la red pública, garantice un compromiso de cuota de equilibrio entre redes, tomando como referencia la actual distribución del sistema educativo en su conjunto y la diversidad de realidades territoriales.
En cuanto a la universidad, exigimos que se evite que los precios del Máster sean un arma de discriminación de los estudiantes con menos recursos económicos, para el acceso a los puestos de trabajo y que estos estudios tengan tasas similares a los de grado.
Para combatir el fracaso escolar exigimos, entre otras medidas, un plan de choque en la ESO, programas integrales que favorezcan la intervención coordinada del ámbito escolar y del comunitario y de servicios educativos complementarios y la implantación nuevos profesionales a las plantillas de los centros.
Otras medidas de CCOO en este apartado son: fijar un marco de carácter básico de atención a la diversidad en todas las etapas que permita reducir la ratio alumno/ profesor, un Plan Integral de atención al alumnado inmigrante; garantizar la escolarización en edades tempranas mediante una oferta suficiente de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil y establecer en la Primaria medidas preventivas para el alumnado con dificultades de aprendizaje
Para el profesorado, solicitamos un Estatuto Docente en base a los compromisos que el MEC adquirió en el marco institucional de la Mesa Sectorial del 18 de abril de 2007; instaurar una prórroga indefinida del sistema de jubilaciones voluntarias y anticipadas establecido en la LOE, aumentando considerablemente la cuantía de las gratificaciones; una promoción profesional en el propio puesto de trabajo, personal, voluntaria, progresiva y homologable en todo el Estado, y reducir la alta tasa de temporalidad, mediante generosas ofertas públicas de empleo para atender las necesidades reales del sistema. Las ofertas de empleo de las Administraciones educativas deben impedir que se supere un índice del 8% el índice de interinidad en los cuerpos docentes.
En lo que respecta a la universidad, abogamos por un acuerdo educativo-político por la educación superior que dé estabilidad y garantías de financiación pública a nuestro sistema universitario e incrementar el gasto en educación superior e investigación hasta alcanzar la media del resto de países de la OCDE y de la UE. Además, debe desarrollarse el Estatuto Básico del Empleado Público en el sector universitario, asumiendo que los interlocutores sociales son agentes fundamentales.