Dos meses después de las elecciones no se ha reanudado el diálogo social.

 

CC.OO. pide a la ministra Cabrera que convoque la Mesa de Educación para negociar con urgencia el Estatuto Docente.

Imprimir

El Gobierno y el PSOE se han comprometido a promulgar el Estatuto. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. junto al resto de organizaciones sindicales representativas de la Enseña Pública han pedido a la ministra de Educación, Política Social y Deporte que convoque a la mayor brevedad posible la Mesa de Educación para abordar la negociación del Estatuto Docente, un compromiso del Ministerio de educación, del anterior y del actual Gobierno y del partido que lo sustenta. También le exigen que complete las reformas iniciadas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Los sindicatos de la enseñanza pública entienden que, dos meses después de las elecciones generales, ha llegado el momento de reanudar el diálogo social en el sector.

Dos son los temas que proponen para abordar: la constitución de la Mesa Sectorial de Educación de ámbito estatal, que permita el establecimiento de un marco institucional en el que desarrollar la negociación colectiva del profesorado, y el reinicio del proceso negociador para consensuar el Estatuto Docente.

En este sentido, los trabajos que desde el área económica del Gobierno se están elaborando estos días para elaborar los Presupuestos Generales del Estado del año próximo hacen urgente intentar alcanzar un acuerdo sobre este asunto para su posterior plasmación en los Presupuestos de 2009.

Con respecto al Estatuto Docente, en CC.OO. seguimos exigiendo que se respeten los compromisos adquiridos por el anterior equipo del Ministerio en el marco institucional de la Mesa Sectorial del 18 de abril de 2007.

Estos compromisos son: instaurar una prórroga indefinida del sistema de jubilaciones voluntarias y anticipadas establecido en la LOE, aumentando considerablemente la cuantía de las gratificaciones; una promoción profesional en el propio puesto de trabajo, personal, voluntaria, progresiva y homologable en todo el Estado, y reducir la alta tasa de temporalidad, mediante generosas ofertas públicas de empleo para atender las necesidades reales del sistema.

Además, las ofertas de empleo de las administraciones educativas deben impedir que se supere un índice del 8% el índice de interinidad en los cuerpos docentes.