La reforma prevista establece recortes en las pensiones por incapacidad.
Los sindicatos exigen al Gobierno que retire la reforma de la Ley de Clases Pasivas.
Anuncian movilizaciones si el Ejecutivo no rectifica una norma que reduce las prestaciones a funcionarios, militares, policías y guardias civiles.
Representantes
de las federaciones de Enseñanza y Servicios y Administraciones Públicas
de CC.OO., del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación
Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Asociación Unificada de
Militares Españoles (AUME) han ofrecido una rueda de prensa para mostrar
su rechazo a la reforma de la Ley de Clases Pasivas del Estado
emprendida por el Gobierno, que supone graves recortes en las
prestaciones sociales.Esas modificaciones, que se refieren a las pensiones por incapacidad permanente y al régimen de incompatibilidades, pueden afectar a unas 800.000 personas pertenecientes a colectivos como el de los funcionarios públicos, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, durante 2007 hubo cerca de 3.000 casos de jubilaciones por incapacidad permanente, lo que da una idea de la magnitud de estos recortes.
Los cambios en la Ley de Clases Pasivas del Estado fueron incluidos unilateralmente y por sorpresa por el Ejecutivo en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, sin que previamente se hubieran negociado con los sindicatos, incumpliendo así lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Si la reforma del Gobierno salva todos los trámites parlamentarios se puede dar el caso de que un guardia civil, profesor o funcionario de Justicia con menos de 20 años de servicio vea reducida hasta un 25% su pensión por incapacidad permanente.
Igualmente, su pensión se aminorará un 45% si esos funcionarios acceden a un puesto de trabajo distinto a la profesión que ejercían, incluido el sector privado.
El secretario general de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CC.OO., Miguel Segarra, explicó que esos cambios legales deberían haber sido negociados con los sindicatos en la Mesa General de la Función Pública. En este sentido, Segarra recordó que CCOO ha presentado un recurso contencioso-administrativo por esa falta de negociación, aunque este hecho no impide que la tramitación parlamentaria de la ley siga adelante.
El responsable de la FSAP no descartó la convocatoria de movilizaciones en función de la negociación y tramitación parlamentaria de la ley y subrayó que, a día de hoy, la única opción que le queda al Gobierno es la retirada de la ley en los términos en los que está redactada.
Por su parte, Luis Castillejo, de la Federación de Enseñanza de CC.OO., recordó que esta organización sindical siempre ha negociado con sentido de responsabilidad todos los aspectos relacionados con las pensiones, por lo que no entiende que el Gobierno “haya cambiado ahora las reglas del juego de forma impresentable”.
José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, dijo que su organización se sumará a la plataforma liderada por CCOO contra la reforma de la ley, al tiempo que anunció que si el Gobierno no rectifica su sindicato recurrirá ante instituciones como la del Defensor del Pueblo.
En representación de la AUGC, su secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado, dijo que el colectivo de guardias civiles es uno de los más perjudicados por la reforma de la Ley de Clases Pasivas del Estado y criticó al Gobierno por la “nocturnidad y alevosía” con la que ha introducido los cambios en la normativa.
Finalmente, Mariano Casado, secretario general de AUME, insistió en el malestar reinante en el seno de las Fuerzas Armadas por los cambios legales que afectan a las pensiones por invalidez y el régimen de incompatibilidades y se mostró confiado en que los diferentes grupos parlamentarios fuercen al Ejecutivo a retirar la reforma.