CC.OO. se ha visto sorprendida por el anuncio públicamente del
Presidente del Gobierno de un conjunto de medidas con el objetivo
declarado de apoyar a las personas más afectadas por la destrucción de
empleo y el aumento del paro, como consecuencia de la crisis económica,
al haber entendido que las medidas que nos fueron presentadas la pasada
semana por el Ministro de Trabajo e Inmigración en la primera reunión de
la mesa del diálogo social relativa al empleo debían formar parte de la
negociación. Una vez presentadas como suyas por el Presidente del
Gobierno su trato en la mesa será una consulta formal y no una
negociación en sentido estricto.
Para valorar algunas de las medidas presentadas es necesario conocer con
más detalle su contenido; unas precisiones, por otra parte, tampoco
aportadas en la reunión mantenida la pasada semana. De no ser así, se
corre el riesgo de que, o bien parezcan una improvisación, o bien sean
un anuncio que posteriormente tiene dificultades para su aplicación
real, como ya ha sucedido con algunas otras anteriores o, con las
medidas adoptadas para aportar liquidez a las empresas que en la
práctica se acercan más a dotar de mayor solidez a los balances
bancarios que al objetivo pretendido.
Desde este criterio, valoramos positivamente las medidas relativas a
facilitar el pago de las hipotecas y evitar su ejecución (moratoria del
pago de las hipotecas por vivienda, cuenta vivienda y retención mensual
por desgravación de la compra de la vivienda habitual) pero en el caso
de la moratoria puede tener dificultades de aplicación al tener que
contar con la colaboración necesaria de las entidades financieras que
han suscrito las hipotecas. En este tema, conviene recordar que con
carácter general sería más interesante adoptar medidas que garantizaran
la convergencia a corto plazo del Euribor con el tipo de intervención
del Banco Central Europeo, al sufrir familias una carga adicional por
este motivo (1,75%) culpa íntegra de las entidades financieras.
En cuanto a la bonificación de las cotizaciones sociales del nuevo
empleo que a crear en sectores tecnológicos o medioambientales, cabe
preguntarse cómo determinar las empresas que puedan hacer uso de la
medida, o si la bonificación afecta también al empleo temporal. En
relación con la regulación de las empresas de recolocación y su papel en
los ERE, la cuestión clave no es sólo regular la actividad de estas
empresas, sino que los ERE vayan acompañados de un plan social que se
ocupe de la formación y reinserción laboral de los trabajadores
despedidos y que los Servicios Públicos de Empleo tengan un papel más
proactivo en estas acciones.
Para CC.OO., en la actual coyuntura más que incentivos a la
contratación, son más eficaces las medidas para activar la recuperación
económica, las políticas sectoriales, y las dirigidas a paliar los
problemas de liquidez de las empresas. Como también es más necesario
poner los recursos del presupuesto del Servicio Público de Empleo al
servicio de la protección por desempleo, especialmente de quienes tienen
una menor cobertura, que ampliar el programa de bonificaciones a la
contratación.
En todo caso, CC.OO. considera imprescindible que el Gobierno trabaje en
las mesas de negociación y con el temario acordado en las mismas para
evitar en lo posible un rosario de anuncios de planes y medidas
presentadas como de choque, que pueden ser más aparentes que reales en
sus efectos concretos y pueden debilitar el diálogo social.
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