El Ejecutivo ha aprobado seis millones de euros para una campaña de difusión.
CC.OO. exige a las autonomías que inviertan las partidas que el Gobierno les ha asignado para promocionar la Formación Profesional.
La tasa de escolarización de FP en España se aleja de la media europea.
En esta primera fase se trata de difundir e informar a la sociedad de las diferentes modalidades de oferta formativa, el proceso de evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral, así como la orientación profesional a los estudiantes, y la puesta en funcionamiento de los Centros Integrados de Formación Profesional y de los Centros de Referencia Nacional.
La cantidad que el Gobierno ha destinado para esta campaña asciende a seis millones de euros. El programa se inscribe en la llamada hoja de ruta presentada recientemente por la ministra de Educación y el ministro de Trabajo para la modernización y extensión de la Formación Profesional y que se están desarrollando en diálogo con los interlocutores sociales y con las administraciones implicadas.
La Formación Profesional se ha convertido en un ciclo educativo con futuro, como o demuestra el hecho de que en 2020 la mitad de todos los empleos en Europa requerirán, al menos, una formación secundaria postobligatoria, fundamentalmente de FP, lo que supondrá el final de los empleos de baja cualificación en la Unión Europea.
En España las tasas de escolarización son homologables a las de los demás países europeos en todos los niveles educativos (a partir de los 3 años) excepto en Formación Profesional. Faltan técnicos, sobre todo de grado medio, por lo que el primer objetivo es doblar el número de estudiantes de este ciclo educativo. Para conseguir una Formación Profesional que responda a lo quieren los estudiantes, a lo que demandan los trabajadores y a lo que necesita nuestro sistema productivo no se necesita ninguna nueva normativa, sino simplemente desarrollar la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y la LOE. Esto supone ampliar la oferta formativa, una tarea que corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas, que han de desarrollar una planificación y una oferta adecuada y no restrictiva. Además la oferta tiene que ser de calidad, con ciclos mejor equipados y con unos requisitos mínimos de los centros que garanticen una escolarización óptima y con profesorado suficiente. Asimismo es preciso concluir lo antes posible el catálogo de las cualificaciones y el de los nuevos títulos. Al ritmo actual no se acabará hasta dentro de seis o siete años.
Además de flexible y renovada, de manera que responda adecuadamente a las necesidades de los sectores productivos y anticipar las futuras, se debe ofertar una FP con distintas modalidades para que los trabajadores y estudiantes puedan conciliar la formación con el trabajo o con otra actividad, garantizando así el derecho a la formación a lo largo de la vida a todos los trabajadores,.
Por último, es preciso asegurar en los institutos de Enseñanza Secundaria una oferta suficiente de los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial y su articulación con los ciclos formativos de grado medio con el fin de motivar la continuidad de los jóvenes en el sistema educativo y facilitarles el acceso a una titulación que les ofrezca mejores oportunidades de inserción laboral.
Naturalmente, estas medidas serán inaplicables si no se reconoce socialmente al profesorado que imparte la Formación Profesional, con unas adecuadas condiciones laborales y una sólida formación permanente, que le permita estar actualizado científica y pedagógicamente en un contexto socioeconómico tan cambiante. Ese reconocimiento a lo largo de nuestra vida profesional ha de traducirse en una verdadera promoción profesional en el marco del futuro Estatuto de la Función Pública Docente.