El Estatuto del Personal Docente e Investigador afectará a 100.000 profesores.
CC.OO. , UGT, CSIF y CIG denuncian al Ministerio de Ciencia por su propuesta de Estatuto del PDI sin “negociación real”.
Argumentan que la carrera profesional que proponen está plagada de obstáculos.
Mientras la ministra Cristina Garmendia se digna entregar en persona la propuesta de Estatuto del Estudiante a sus representantes y aprueba medidas económicas para desmovilizarlos, se presenta una propuesta de Estatuto de PDI, que afecta a cerca de 100.000 profesores, con una carrera profesional plagada de obstáculos, con unos sistemas de acceso y promoción que no permiten una gestión eficaz de su personal y sin memoria económica.
La propuesta de Estatuto del MICINN obstaculiza la implantación con criterios de calidad del proceso de Bolonia. Lejos de incentivar el esfuerzo que debe hacer el profesorado para adaptarse a la nueva situación, propone una mayor estratificación del PDI, apuesta por la mercantilización de la universidad pública, desincentiva la dedicación a la docencia por no mejorar las retribuciones desde 1989 y permite los contratos de obra y servicio para la actividad docente, en clara contradicción con el discurso de la excelencia y la calidad de la universidad pública española.
El Espacio Europeo de Educación Superior no se puede implantar sin la participación activa del personal de las universidades y, en particular de su profesorado. Tampoco son posibles unos grados y masteres a coste cero.
El borrador pretende paliar la pérdida de poder adquisitivo del profesorado fomentando la privatización de sus tareas investigadoras, a través de la desmedida importancia que se concede a la transferencia de resultados, que es definida en términos puramente mercantilistas.
La propuesta ministerial permite compatibilizar la función pública con el trabajo en universidades privadas y empresas, lo que supone un ataque frontal a la universidad como servicio público.
CC.OO., UGT, CSIF y CIG consideran que, después de 23 años desde la última regulación, no es admisible que la ministra Garmendia mantenga estas propuestas. Por ello la emplazan a modificar su actitud en la Mesa de Negociación. En caso contrario anuncian la convocatoria de movilizaciones en defensa de la universidad pública y de su profesorado.