Negociaciones sobre las retribuciones de los empleados públicos: CC.OO. defiende mantener el criterio de previsión de IPC.

La Federación de Enseñanza de CC.OO., que conforma el Área Pública de CC.OO. junto con las Federaciones de Sanidad y de Servicios a la Ciudadanía, viene manifestando ante las diversas informaciones surgidas en los medios, su total rechazo a una hipotética congelación salarial de los más de dos millones y medio de empleados públicos de nuestro país.

Así, ha venido defendiendo mantener el criterio que ha sido norma durante los últimos años de adoptar un crecimiento salarial para el conjunto de los empleados públicos no inferior a la previsión de inflación, o lo que es lo mismo, un crecimiento equivalente al que experimenten la pensiones en los Presupuestos Generales del Estado.

Si este ha venido siendo el criterio adoptado por el gobierno cuando las previsiones de IPC eran del 2% y el IPC real del 4%, no sería de recibo cambiar los criterios cuando la inflación baja.

Plantear el incremento cero de los salarios públicos sería un grave error, siendo las administraciones y servicios públicos un sector de referencia, por el mensaje que desde el gobierno se estaría enviando al conjunto del sistema productivo, lo que concluiría en un nuevo retroceso del consumo privado que agravaría aún más la crisis y conllevaría una mayor destrucción de empleo.

La Federación de Enseñanza de CC.OO. defenderá para su adopción como posición del Área Pública de CC.OO. este criterio junto con el planteamiento de una Cláusula de Revisión Salarial que permitiese, en el caso de que la inflación fuese superior a la previsión de inflación, el ajuste posterior que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de todos los empleados públicos.

Para la Federación de Enseñanza de CC.OO., junto con estos planteamientos salariales, es preciso poner el acento en la próxima Mesa General de Función Pública, de las cuestiones relativas al empleo. Para CC.OO., en el contexto de esta crisis económica, la respuesta no es otra que reforzar los servicios públicos como garantía de cohesión social y territorial y como herramienta que evite procesos de exclusión social de los colectivos más desfavorecidos y desprotegidos.