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La educación es una tarea que exige un clima de seguridad y
confianza, amplios plazos para la realización de las reformas y una gran
estabilidad en el sistema educativo. El derecho a la Educación,
reconocido y garantizado por nuestra Constitución, ha sido aplicado y
desarrollado por diversas leyes orgánicas que no han podido asegurar su
continuidad, puesto que, en nuestro país, los legítimos cambios de
gobierno han conllevado con demasiada frecuencia cambios normativos del
Sistema Educativo.
La inestabilidad legislativa en que se encuentra la Educación preocupa
seriamente a CC.OO. Nos enfrentamos, especialmente en estos tiempos de
crisis, a unos retos y a unas urgentes necesidades de mejora en la
Educación que no podrán resolverse con éxito si las fuerzas políticas no
consideran la educación como un asunto de Estado y si las leyes
orgánicas de educación no son consensuadas por los principales grupos
parlamentarios.
Por esto, consideramos imprescindible evitar que la Educación quede
sometida al continuo vaivén de la coyuntura política. Desde el
convencimiento de que es absolutamente precisa una política de Estado en
materia de Educación, CC.OO. ha trabajado constantemente para lograr un
Acuerdo Político y Social que garantice la continuidad del Sistema
Educativo en unos parámetros de calidad y equidad. Sólo así podremos
alcanzar la convergencia educativa real de nuestro Sistema Educativo con
los países más desarrollados de la Unión Europea y cumplir los objetivos
y propuestas formulados por la Agenda de Lisboa para el año 2010.
Ese Pacto Educativo debe resolver los problemas más acuciantes de la
educación y la formación en España, en torno a un conjunto de ejes
estratégicos que consideramos prioritarios:
1. La reducción del abandono temprano y del fracaso escolar,
dedicando una atención especial a los siguientes elementos del
Sistema Educativo: a) Primer Ciclo de Educación Infantil; b)
Atención a la diversidad en todas las etapas educativas; c) La
Formación Profesional; e) Los servicios educativos complementarios.
2. El reconocimiento y la valoración social de los profesionales de
la educación: Estatuto Docente. Acuerdo básico para el Personal de
Administración y Servicios Educativos, Estatuto del Personal Docente
e Investigador y financiación adecuada para la aplicación del
proceso Bolonia.
3. La Inversión en educación, con un incremento significativo del
gasto público en Educación en relación con el PIB.
Asimismo, CC.OO. considera imprescindible que este Pacto no se limite
a un pacto basado en la aritmética parlamentaria, sino que se extienda a
las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores de la
enseñanza y a las organizaciones de la comunidad educativa que
participan directamente en el hecho educativo.
En este sentido, exigimos un procedimiento adecuado que permita una
participación real de nuestra organización:
1. Establecer un calendario para la negociación y para la
aplicación de las medidas acordadas.
2. Delimitar con claridad las responsabilidades que corresponden a
cada uno de los agentes que van a intervenir en el Pacto, teniendo
en cuenta que son las Administraciones educativas, como garantes del
derecho a la educación, las que en primera instancia están obligadas
a realizar unas políticas educativas coherentes con los objetivos
planteados y a asumir la responsabilidad que tienen respecto a los
centros educativos de los que son titulares.
Todo ello con el objetivo de transformar un proceso histórico de
enfrentamiento social y político en un proyecto de cooperación en
materia educativa del que existen ejemplos en otros países de Europa.
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