Se trata del real decreto de requisitos mínimos de los centros y el que regulará los conciertos educativos con la red privada.

 

CC.OO. exige al Ministerio de Educación que negocie dos reales decretos que desarrollan la LOE.

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No ha contado con los representantes sindicales para su elaboración.

Ante la próxima aprobación de dos de las normas de desarrollo de la LOE más importantes, al margen de las organizaciones sindicales, la Federación de Enseñanza de CC.OO. exige al Ministerio de Educación la negociación de la nueva normativa. El nuevo Real Decreto de requisitos mínimos, que sustituirá al actual 1004/1991 que desarrolló la LOGSE, ha sido enviado al Consejo Escolar del Estado sin ser conocido previamente más que por la Conferencia Sectorial, y con plazos muy reducidos para ser informado, como si se tratase de un mero trámite.

Esta norma básica será decisiva para la definición del marco físico de los centros educativos y las características de las instalaciones docentes y deportivas, los aspectos relacionados con las titulaciones del profesorado y las ratios alumnado/ profesor, factores claves para la calidad de la enseñanza. Por lo que conocemos del borrador del decreto, éste puede suponer una auténtica desregulación respecto de la situación actual, que no mejora las condiciones en que se imparte la docencia y que puede incluso generar inseguridad jurídica.

En cuanto al borrador del Real Decreto de regulación de los Conciertos Educativos, que desarrolla lo previsto en el artículo 116.3 de la LOE, sustituirá al 2377/1985 publicado tras la LODE y que después de casi 25 años se ha convertido en la norma básica más antigua en vigor. Aun sin analizar los contenidos de dicho borrador, hemos de denunciar que haya sido conocido por su publicación en la página web de un periódico especializado en temas educativos.

Ambas actuaciones suponen un claro menosprecio a la representación de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza en temas de su incumbencia, que CC.OO., como organización mayoritaria del sector, se ve obligada a denunciar. Además, son contradictorias con el ambiente de diálogo en que debe desarrollarse el debate sobre el Pacto Social y Político por la Educación que tantas organizaciones, y el propio Ministerio, defendemos. La Federación de Enseñanza de CC.OO. no duda de la convicción del ministro Gabilondo sobre esta cuestión, prioritaria para nuestro sistema educativo, pero cree que desde otros ámbitos del propio Ministerio se están poniendo piedras en el camino.

Por último, recordamos que existen precedentes de normativas básicas anuladas al haberse prescindido en el procedimiento de elaboración del trámite de consulta a las organizaciones sindicales más representativas. Concretamente, el Tribunal Supremo anuló en 2007 por este motivo el propio Real Decreto de requisitos mínimos anterior, que pretendía desarrollar la derogada LOCE.