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En este sentido, es necesario recordar que todavía quedan pendientes el
cumplimiento de buena parte de los acuerdos alcanzados en la última
reforma del sistema de pensiones de 2006. Entre otros, queda por
culminar el proceso de integración del Régimen Especial Agrario y el de
Empleadas de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social,
mejorando la protección social de estos trabajadores. En el caso de los
trabajadores agrarios la fecha límite para su plena integración se había
establecido para el 1 de enero de 2009, por lo que ya llevamos un año de
retraso en el cumplimiento de lo acordado. Así mismo, está pendiente el
procedimiento para la modificación de las condiciones de trabajo, y, en
su caso, la reducción de la edad de jubilación, de aquellas categorías
de trabajadores que desarrollen su actividad laboral en peores
condiciones de trabajo.
En lo que respecta a la financiación del sistema de pensiones, es
necesario volver a insistir en la necesidad de avanzar más decididamente
en la culminación de la separación de fuentes del sistema de pensiones,
que debería estar completada en el año 2013. Sin embargo, en el
ejercicio 2010 las cotizaciones sociales tendrán todavía que asumir algo
más de 4.000 millones de euros destinados a cubrir gastos que son de
naturaleza no contributiva, como los complementos a las pensiones
mínimas.
En el marco del modelo de financiación del sistema de pensiones, es
necesario recordar que el Pacto de Toledo ya estableció los principales
elementos que garantizan la sostenibilidad del sistema de pensiones sin
necesidad de hacer recortes. Como ya hemos visto, estos instrumentos son
la culminación de la separación de fuentes, la financiación por
imposición general de los gastos de gestión del sistema y, por último,
debemos resaltar el papel del Fondo de Reserva como instrumento
anticíclico que ayude a hacer frente a periodos de dificultad económica.
El Fondo de Reserva ya cuenta con una dotación 58.000 millones de euros,
a la que hay que sumar los superávits de los ejercicios de 2008 y 2009
que todavía no se han incorporado.
Finalmente, respecto de la edad de jubilación y en sintonía de lo que
viene haciéndose en el resto de Europa, frente a quienes pretenden
retrasar la edad legal de jubilación, desde las posiciones sindicales
defendemos el concepto de jubilación flexible. En España todavía
disponemos de mecanismos suficientes que fomenten la figura de
jubilación flexible que permite optar voluntariamente por anticipar o
posponer la edad de jubilación con la aplicación de los consiguientes
coeficientes de penalización o bonificación, pero sin que en ningún caso
exista obligación legal de aumentar la edad ordinaria de jubilación a
los 65 años.
En todo caso, desde CCOO y UGT volvemos a insistir al Gobierno en la
necesidad de que cualquier reforma que pretenda acometerse en el sistema
de pensiones deberá ser fruto del acuerdo en el marco Diálogo Social y
el Pacto de Toledo. |