La asignatura de catolicismo perdió este curso un 6% de alumnos en ESO

La ofensiva episcopal para que el Gobierno de Aznar cambiase radicalmente el sistema de la enseñanza religiosa tendrá efectos inmediatos. Así lo presume la Conferencia Episcopal, que en un informe publicado ayer con datos del curso 2003-2004 reconoce un descenso abultado de estudiantes en sus clases de religión -de hasta seis puntos en secundaria. "En adelante, los alumnos podrán ejercer su libertad sin trabas especiales, puesto que se les propondrá para su formación varias posibilidades con igual valor académico y sin coacción alguna", dicen los prelados.

Lo que los obispos califican amargamente, desde hace 20 años, como "deterioro" de la enseñanza católica tenía reflejo en las estadísticas, año tras año. Por eso denunciaban con tanto coraje la descristianización de España y presionaban sin cesar al Gobierno para que les ayudara legislativamente a parar una caída que los prelados atribuían, sobre todo, al sistema educativo impuesto por los diferentes Gobiernos socialistas, y por diversas sentencias judiciales.

La disputa tenía que ver con el valor que se daba a la asignatura alternativa a la clase de catolicismo. Cuando los estudiantes tuvieron la posibilidad de asistir a clases de ética, antes de 1994, disminuyó el número de alumnos de religión católica. La Iglesia supone que crecerá su alumnado ahora que, con la Ley de Calidad de la Educación, se equipara la religión y una nueva asignatura denominada hecho religioso, con un temario similar e igual valor académico, evaluación incluida.

"Las presiones políticas"

La Conferencia Episcopal, en el comunicado distribuido ayer (www.conferenciaepiscopal.es/actividades/2004/marzo) lo decía de esta manera: "La legislación sobre la enseñanza religiosa que se estableció en la LOGSE y el Real Decreto de 16 de Diciembre de 1994 creó una grave discriminación en la actividad escolar, proponiendo a los alumnos que no fueran a clase de religión unas actividades de estudio sin valor académico alguno. Por fin, este curso es el último que la enseñanza religiosa sufrirá esta discriminación. En adelante, los alumnos podrán ejercer su libertad sin trabas especiales, puesto que se les propondrá para su formación varias posibilidades de igual valor académico y sin coacción alguna en la actividad escolar".

Los obispos insisten una vez más en que "el Estado está obligado a garantizar" el derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos, y arremeten contra quienes opinan que ese derecho se debe llevar a cabo fuera de la escuela pública o, al menos, con una regulación distinta a la actual. Es el caso del PSOE, IU, PNV y también de CiU, que se distanció del Gobierno de Aznar y votó en contra de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. "Tal derecho fundamental no depende de la opinión contraria de los grupos minoritarios, ni de las presiones políticas y sociales que se manifiesten en contra de su desarrollo en la educación de los hijos, ni del poder mismo del Estado", les reprochan los obispos.

Según los datos episcopales, este año reciben cursos de catolicismo 5.198.645 alumnos, el 75,64% del total de estudiantes (6.876.515). Hace tres años ese porcentaje era del 81,90%. En el caso de la escuela pública, optó por la asignatura religiosa el 72,23% de los escolares. Por niveles, en educación primaria estudia catolicismo el 84,91% (un punto menos que el año pasado); en secundaria, el 54,33%, (seis puntos menos), y en bachillerato, el 40,88 %.

Los obispos interpretan así estos datos. "En primaria ha bajado un punto que no consideramos significativo, pues los dientes de sierra, tanto al alza como a la baja, en un solo punto se repiten cada año en esta etapa, según especiales circunstancias. En secundaria, sin embargo, sí hay que considerar la bajada en el porcentaje que cada año ha venido repitiéndose: son seis puntos los que baja el porcentaje y las razones son siempre las mismas: la legislación sobre la enseñanza religiosa que se estableció en la LOGSE", se quejan

Por lo que se refiere a los colegios católicos, asiste a clase de religión el 99% de los alumnos (99,60% en primaria, 99,28% en secundaria y 97,49% en Bachillerato). En los centros concertados laicos, la asignatura de catolicismo fue pedida por el 85,2% de los alumnos, tres puntos más que el año pasado, lo que demuestra que empieza a repercutir en los porcentajes el mayor número de colegios privados concertados en muchas regiones gobernadas por el PP, algunos de los cuales son propiedad del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo Rey y del Camino Neocatecumenal.

El Estado español gasta, a través de sus diferentes administraciones públicas regionales, más de 602 millones de euros en pagar a los profesores de religión seleccionados cada año por los obispos para impartir esas clases de catolicismo.

IU tilda de "memez" enseñar tenis en los colegios y no cubrir "necesidades básicas"

El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Fausto Fernández, utilizó ayer una raqueta de tenis y su golpe de muñeca para tildar de "memez" el hecho de que la Consejería de Educación presente el programa Tenis en los colegios "cuando hay centros que aún no tienen cubiertas sus necesidades básicas".

El grupo parlamentario de IU organizó ayer por la tarde un minipartido de tenis en las afueras del colegio público Padrolongo, en el distrito de Usera, como parodia para denunciar la situación de este centro, que lleva "25 años sin gimnasio".

Fernández demandó al Gobierno de la Comunidad la construcción del gimnasio en el colegio y manifestó que, "cuando todos los centros de la región tengan las instalaciones que necesitan, entonces podremos hablar de tenis o de clases bilingües".

"IU está aquí para denunciar las mentiras y la propaganda que el Gobierno regional nos quiere vender", aseguró. Y calificó de "inalcanzable" el objetivo del Gobierno de la Comunidad de Madrid de que se practique el tenis en los colegios.

La portavoz de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del centro escolar Pradolongo, Mercedes Gordaliza, denunció que "el colegio cuenta con el terreno suficiente para que se construya un gimnasio". "Es más, tenemos el proyecto hecho por arquitectos que da el visto bueno, pero el Gobierno regional siempre nos da largas", dijo.

"Muchas veces nos lo han prometido, pero nunca se presupuesta", agregó Gordaliza, quien señaló que los niños tienen que hacer educación física en el patio, "llueva o haga calor, sin canastas ni porterías".

MERCEDES CABRERA - Candidata del PSOE
 años el deterioro de la enseñanza"

Es catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense. Dice no haber militado, ni militar, en el PSOE; sin embargo, el candidato socialista a presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la eligió, como independiente, número dos de su lista por Madrid para las elecciones generales al Congreso.

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo nació en Madrid en 1951 y desde hace ocho años ocupa su cátedra en la Complutense. Es sobrina del ex presidente del Gobierno de UCD Leopoldo Calvo-Sotelo.

Pregunta. ¿Qué podrá hacer usted por Madrid desde el Congreso?

Respuesta. Tengo la intención de dedicarme especialmente a temas relacionados con la enseñanza, la Universidad y la investigación.

P. ¿Cómo cree que están esos temas en Madrid?

R. Creo que hemos sufrido en los últimos años un deterioro de la enseñanza pública, sobre todo en la educación secundaria.La enseñanza pública es la garantía más clara de la igualdad de oportunidades y de una sociedad más justa. Las universidades madrileñas han estado en los dos últimos años sometidas a la aplicación de la LOU, una especie de proceso constituyente con grandes esfuerzos, y hemos perdido, en mi opinión, un tiempo precioso en lo que es el mayor reto de la Universidad ahora mismo: su incorporación al espacio europeo. Me preocupa fundamentalmente que las universidades madrileñas sean capaces de responder a este desafío, porque nos jugamos su futuro.

P. ¿Cómo ve la combinación de Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo regional y Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde de la capital?

R. Por las noticias que tengo a través de los compañeros en el Ayuntamiento y la Comunidad, parece que no está habiendo la continuidad que sería lógica; por ejemplo en el Gobierno de la Comunidad, que está gestionado por personas del mismo partido ahora que antes de las elecciones. El balance de los 100 primero días de Gobierno de Aguirre no ha respondido a las expectativas planteadas y, además, parece que existen desacuerdos y tensiones entre Comunidad y Ayuntamiento que están contribuyendo a esta parálisis.

P. ¿Cree que el PP está haciendo una campaña de tono bajo, como ya pensaron desde su partido que hizo Esperanza Aguirre en las elecciones de octubre?

R. Creo que estamos asistiendo a una campaña en la que, por no haber, no ha habido ni un debate público entre los dos candidatos. La comparación entre los dos programas se está convirtiendo, por parte del PP, en una sarta de descalificaciones, en algunos casos de insultos directos, y, desde luego, en un menosprecio hacia el programa que presenta el PSOE. Ese programa ha sido muy elaborado y muy debatido. Es un programa posible, con medidas concretas, y sobre el que lo único que saben hacer los candidatos del PP es prodigar descalificaciones y ninguneos. E, insisto, creo que se debe, en gran medida, a la ausencia, porque Mariano Rajoy no ha querido un debate entre los dos candidatos.

P. Otra estrategia que parece utilizar el PP es presentar a Rajoy como algo más moderado que José María Aznar.

R. Creo que los ciudadanos conocen al señor Rajoy porque ha formado parte de los gobiernos del PP en los últimos años. La imagen que está dando es la de alguien que no responde, que no contesta, que se limita a ir desgranando promesas de cosas que no han hecho en los ocho años anteriores. Y la imagen de supuesta moderación creo que se debe a una estrategia de campaña. A mí no me produce tranquilidad la perspectiva de un Gobierno del PP, sino que me produce intranquilidad.

P. ¿Cómo cree que serán los resultados de las elecciones?

R. Las tendencias en las encuestas marcan claramente un ascenso del PSOE, una consolidación de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero y un debilitamiento del PP y de su candidato. Creo que el resultado está absolutamente abierto y, por supuesto, estoy convencida de que podemos ganar.

P. En el caso de que no ganaran y de que el PP no saque mayoría absoluta, ¿cómo cree que serían los pactos para gobernar?

R. La experiencia de la última mayoría absoluta del PP debería llevarnos a desear que no volvieran a existir políticas de mayoría absoluta. Estoy de acuerdo y suscribo el compromiso de Zapatero de que el PSOE sólo asuma el poder, el Gobierno, en el caso de obtener más votos que el PP, porque ésa es la manera de cargarse de legitimidad; y que formaría un Gobierno socialista, con la conciencia, eso sí, de que los votos serían más diversos que los estrictamente socialistas.

Sociedad

Sentenciado a 300 latigazos un profesor saudí por apostasía

Un tribunal de Arabia Saudí ha condenado en primera instancia a un profesor de religión a tres años de cárcel y 300 latigazos, tras declararle culpable de apostasía, informa el diario árabe internacional Al Hayat.El profesor, que se declaró inocente, fue acusado por colegas y alumnos.

El fiscal general objeta la sentencia por considerarla leve, ya que la apostasía acarrea en Arabia Saudí la decapitación pública, igual pena que para el asesinato, violación, tráfico de drogas o brujería.

Ambas partes tienen un mes para recurrir la sentencia.

CC OO denuncia que la temporalidad en el sector público ha crecido con el PP

El sindicato CC OO denunció ayer que la temporalidad en el sector público se "ha disparado" con el PP, ya que ha crecido en 6,6 puntos. Según sus datos, ha pasado de una tasa del 16,1% en 1996 al 22,7% en 2003, mientras que se ha producido la tendencia inversa en el sector privado, donde el porcentaje de asalariados temporales se ha reducido en siete puntos, del 39,5% al 32,5%.

El estudio difundido por la central atribuye el alza en el sector público a la "restricción" que se introdujo en los Presupuestos Generales del Estado de 1998 para limitar a una de cada cuatro las plazas permanentes que pueden ser cubiertas a través de la oferta de empleo público.

La mayoría de los países de la Unión Europea aplica el sistema de libre acceso a la Universidad

MADRID. La polémica desatada por la oposición de los rectores a la aplicación de una doble prueba de acceso a la Universidad ha suscitado numerosas incógnitas sobre los modelos que imperan en Europa. Como principio general hay que responder que en toda Europa el requisito mínimo para acceder a la Educación Superior es acreditar un título de Educación Secundaria superior o su equivalente para cuya consecución en gran número de países se exige una prueba externa o mixta. En los últimos años y según datos de Eurydice, gran parte de los países han ido añadiendo otros requisitos como la superación de un examen, la presentación del expediente académico o la celebración de una entrevista. Estos procedimientos se utilizan en aquellos casos en que el número de candidatos excede la capacidad de centro o en los que existe un sistema nacional de «numerus clausus» total o parcial, especialmente en Ciencias de la Salud y algunas carreras de carácter técnico. La limitación viene determinada por diversos motivos, la mayoría de ellos relacionados con las demandas del mercado laboral y la oferta de titulados en determinadas áreas.

Actualmente, España es de los pocos países en los que la obtención del título de Bachiller no va precedido de una prueba externa o mixta y el aceso a la Universidad está regulado por la Selectividad, que se extinguirá en 2006. A partir de este año, el requisito común será el título de Bachiller que se obtendrá tras superar la Prueba General de Bachillerato (PGB).

Diversos modelos

En este escenario, los procedimientos de selección varían según el país y la titulación elegida. En síntesis, existen tres modelos basados también en tres principios. El primero se aplica en los países donde existen «numerus clausus» para el ámbito nacional, en todas o en algunas carreras. El segundo viene determinado por aquellos centros que establecen el proceso de selección para limitar el número de plazas, ya sea en función de su capacidad o de los criterios fijados por la Administración central. Esta limitación puede afectar a todos o a parte de los títulos impartidos. En este apartado se integra España, que no aplica exactamente un «numerus clausus» por motivos de previsión laboral sino para ajustar el número de candidatos aceptados a las plazas disponibles. La llamada «nota de corte» delimita ese número. El tercer modelo lo constituyen los países que sólo exigen el título de Educación Secundaria para acceder a todas o a la mayoría de las carreras. Este sistema propicia el acceso libre y la aceptación de todos los candidatos sin excepción.

El procedimiento de selección más generalizado es el que realizan los propios centros según su capacidad de matrícula y de acuerdo con criterios de carácter nacional. Está aceptado por todos los países nórdicos (excepto Islandia), España, Portugal, Reino Unido y los Estados candidatos a ingresar en la Unión Europea. Otros como Finlandia, Suecia y Noruega tienen también en cuenta las normas nacionales que limitan el máximo posible de alumnos matriculados y de titulados.

En Reino Unido, las universidades y los centros de Educación Superior, en virtud de su autonomía, establecen sus propias normas de admisión, aunque la Administración central es la encargada de planificar el número global de alumnos. En Irlanda, y en general en el modelo anglosajón, existe una fórmula similar. Con todo, en la mayoría de los países de nuestro entorno los procedimientos adicionales son la excepción y están muy controlados por el Estado para evitar que se transgreda el principio de igualdad de oportunidades.

Así, Francia tiene una tradición de libre acceso muy arraigada, lo mismo que Bélgica. En ambos casos, sólo existen pruebas de acceso para determinadas titulaciones. Es el caso de Francia en los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT), o el de la Comunidad Flamenca de Bélgica para Medicina y Odontología. En Italia, las universidades deciden si el acceso es libre o limitado.

EUROPEIZAR EL ACCESO (2)

JOSÉ LUIS GARCÍA GARRIDO/

La importancia y la urgencia de reconducir de manera razonable un tema tan capital como éste me hace retomarlo nuevamente hoy. Acabé mi columna del martes pasado abogando por una síntesis entre las posiciones del Ministerio de Educación y las defendidas por la mayoría de los rectores universitarios. Pretendo hoy insistir en esa línea, intentando captar dónde radica el meollo de la cuestión.

Iré al grano. A mi modo de ver, el principal error cometido por la legislación reciente (a partir de la LOCE) es haber desvinculado a la Universidad de la concesión del título de Bachiller y, más en concreto, de la elaboración y organización de la Prueba General de Bachillerato. Estoy en este punto con los rectores, que representan, creo, la opinión prevalente en el ámbito universitario. Mucho me temo que o se arregla este entuerto, o el problema va a persistir o a rebrotar de diversas formas.

La desvinculación se ha hecho en nombre de la europeización de los títulos de enseñanza secundaria. Pero lo cierto es que lo último no exigía lo primero, al menos en los próximos años. Hasta ahora, o se aprobaba la «Selectividad» o no se poseía otra cosa que un papel mojado, una certificación de estudios secundarios sin prácticamente efecto alguno. Esto no podía seguir así, porque era ilógico y no tenía paralelo en ningún otro país de nuestra Unión Europea. La selectividad era sólo una especie de parapeto (inservible además) ante la avalancha de aspirantes a estudios universitarios, es decir, ante la desproporción existente entre los egresados de Secundaria y la capacidad concreta de las instituciones superiores. Hacía falta un título específico que avalase el haber realizado por completo y bien los estudios secundarios, independientemente de lo que se hiciera después. Y se ha hecho. Pero en la mayor parte de los países de la Europa continental (Reino Unido es caso aparte), esa titulación de fin de estudios secundarios ha estado siempre avalada, cuando no dirigida o incluso organizada, por la Universidad. Para no aburrir al lector con ejemplos múltiples, permítaseme recordar que la titulación francesa de Bachiller (el famoso Bac) sigue siendo considerada una responsabilidad universitaria, vinculada a las universidades, aunque de hecho sea una titulación de fin de estudios secundarios. Et ita porro. ¿Por qué tenemos que ser, en España, tan originales, más europeos que nadie?

El juego, instrumento para educar en valores

BELÉN RODRIGO. CORRESPONSAL

LISBOA. Más de cinco mil escolares portugueses del primer ciclo de Enseñanza Básica (entre 6 y 10 años) participan en el programa «Crecer y Jugar», creado por la socióloga española Lorena Crusellas y realizado en colaboración con la ONG «Prevenir». El objetivo del programa, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Educación luso, es prevenir el fracaso escolar, las drogodependencias y la delincuencia entre los más jóvenes. Su duración es de cuatro años y es impartido por los profesores ordinarios, quienes a su vez reciben la formación de los técnicos de «Prevenir». La financiación de la iniciativa corre a cargo de los Ayuntamientos y del Instituto de la Droga y Tóxico dependencia.

Lorena Crusellas, que utiliza dibujos, pegatinas y juegos del psicólogo Pablo Moreira, asegura a ABC que, según los primeros informes, los niños que siguieron el programa aprendieron a leer más rápido, mejoraron la expresión verbal, la motivación y la apariencia física. «Los niños, a través de dibujos trabajan el autocontrol, la disciplina, la autoestima, los sentimientos y los pensamientos». añade. Además, Lorena Crusellas no oculta su deseo de llevar el proyecto a España.

Educación exigirá cinco años de docencia para ser director escolar

TOLEDO.

Cinco años de antigüedad en el cuerpo de la función pública docente desde el que se opta es el tiempo que la Consejería de Educación exigirá a los docentes que aspiren a ser directores en los centros docentes no universitarios. Ésta y otras condiciones han sido elaboradas por la Administración regional educativa en desarrollo de la LOCE, ley que entrará en vigor durante el próximo curso 2004-05.

El borrador de decreto ya está consensuado, próximamente se dará a conocer a toda la Comunidad Educativa de la región y después se publicará en el Boletín Oficial de la Región para su entrada en vigor a partir de septiembre próximo. Según fuentes de la Consejería, la medida de los nuevos directores afecta en la región a un setenta por ciento del profesorado.

Como requisitos más importantes para optar a ser director cabe citar: la antigüedad citada de cinco años y ejercer la docencia directa en el aula como funcionario de carrera dos años en un centro público. A la hora de seleccionar a los candidatos se valorarán las titulaciones profesionales, la formación permanente, la innovación y la investigación También la pertenencia al claustro de profesores del propio centro donde se oferta la plaza.

Concluido el proceso de nombramiento la Delegación Provincial nombrará al director por un período de 3 años y no 4 como ahora, prorrogables por dos períodos más previa evaluación positiva. Es decir, el mandato, como máximo se podrá prorrogar hasta nueve años, mientras que ahora es ilimitado. En todo caso si se desea volver a ser director habría que participar en un nuevo concurso de méritos. Como medida extraordinaria se podrá nombrar con carácter extraordinario a un director oído el Consejo Escolar del centro en caso de ausencia de candidatos, falta de idoneidad, etc.

El PP promete subir hasta un 39% la pensión a quien no se jubile hasta los 70 años

ZARAGOZA.-

El Partido Popular ha decidido que, si gana las elecciones, el nuevo Gobierno introducirá las reformas necesarias para que en el futuro, en vez de la Administración, sean las propias empresas las que costeen los costes derivados de las prejubilaciones. Además, Rajoy ha prometido subir hasta un 39% la pensión a quien no se jubile hasta los 70 años.

En un encuentro con periodistas, fuentes del PP explicaron que el objetivo del Ejecutivo es "desincentivar las prejubilaciones" y conseguir además que tengan un "coste cero" para el sector público, al menos, con carácter general.

Esta es una de las medidas previstas por el Partido Popular para prolongar la vida laboral de los trabajadores.

Asimismo, si el candidato popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, gana los próximos comicios, el Gobierno impulsará la jubilación gradual y flexible y, para ello, aumentará la base de cálculo de la pensión de un trabajador el cuatro por ciento más cada año que trabaje a partir de los 65.

Esta ventaja podrá aprovecharse los cinco años siguientes a la edad legal de jubilación, es decir, hasta los setenta años, ya que a partir de esa edad, el aumento de la base de cotización como incentivo permanecerá en el dos por ciento, como ahora.

Esta medida podrá mejorar la base reguladora de la pensión de un trabajador hasta el veinte por ciento, según el PP.

Este incremento, sumado a la revalorizaciones del IPC, podrá aumentar la pensión de un jubilado hasta el 39 por ciento, siempre y cuando la cuantía resultante no sea mayor que la pensión máxima del sistema, que será el techo impuesto.

Junto a estas medidas, Rajoy seguirá bonificando las cotizaciones a la Seguridad Social para estimular la contratación de los mayores que quieran seguir trabajando, según las fuentes del PP.

Asimismo, Rajoy se compromete a incrementar la base reguladora de las pensiones de viudedad y de las de orfandad pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social (funcionarios).

Rebajas en el IRPF

En concreto, la base reguladora de las viudas de clases pasivas pasará del 52 por ciento al 55 por ciento; las de la pensión de orfandad subirá cinco puntos hasta el 25 por ciento, y el nivel total de mejora de las viudas con hijos llegará hasta el 80 por ciento de la base reguladora, desde el 72 por ciento actual.

Según cálculos del PP, las viudas del Régimen de Clases Pasivas que en 1996 cobraban 3.990 euros anuales de media, recibirán 6.510 euros con la propuesta de Rajoy; los huérfanos absolutos mejorarán su prestación desde los 2.996 euros hasta los 3.444, y las viudas con hijos a cargo, percibirán 10.808 euros al año, frente a los 6.986 que cobraban en 1996.

Finalmente, los pensionistas serán beneficiados también con rebajas en el IRPF, de manera que siete millones de personas quedarán exentos de pagar este impuesto, medio millón más que hasta ahora, según el PP.

Para ello, Rajoy aumentará las reducciones para contribuyentes mayores de 65 años (desde los 800 euros hasta los 1.000) y las reducciones por asistencia a mayores de 75 años, con lo que todos los que tengan una pensión media de 9.000 euros no pagarán IRPF.

Editorial

UNA PROPUESTA PARA REFORZAR EL SISTEMA DE PENSIONES

Los principales contrincantes de esta apretada carrera electoral han demostrado ser conscientes de que el grado de protección y bienestar que una sociedad es capaz de garantizar a sus ciudadanos es el mejor reflejo de su nivel de civilización y desarrollo.Si el lunes tocó anunciar medidas orientadas a allanarle el camino a las mujeres trabajadoras, ayer el turno fue de los jubilados, las viudas y los menos afortunados en general.

Zapatero -que pidió el voto a los sindicatos recordando que su partido sigue llevando la O de obrero- se comprometió a actuar contra la precariedad laboral, promover la contratación de discapacitados, subir el salario mínimo a 600 euros e incrementar las pensiones.Su adversario popular fue más concreto. Rajoy anunció que incrementará la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 55% y las de orfandad del 20% al 25%, y aseguró que, si gana, elevará la pensión a toda persona que voluntariamente decida seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación -65 años-, de manera que la base de cálculo de su pensión crecerá un 4% por cada año adicional trabajado hasta un máximo de cinco años. Así, para quienes cobren la pensión mínima la mejora sería de hasta el 40%, mientras que las pensiones máximas no se verían incrementadas.En todo caso, esta iniciativa es importante y merece ser analizada.

Que el futuro de nuestro sistema de pensiones está en entredicho no es una novedad. Aunque el Ecofin lanzó ayer un mensaje tranquilizador al señalar que España «parece relativamente bien situada» para hacer frente a los costes derivados del envejecimiento de la población, lo cierto es que el riesgo de acabar como Francia o Alemania -que no pueden hacer frente al colosal coste que exige mantener el Estado de Bienestar- sigue siendo elevado: con una media de tan sólo 1,3 hijos por mujer, España tiene un problema demográfico que en un plazo de 15 a 20 años podría poner seriamente en peligro el sistema de previsión social. La propuesta de Rajoy contribuiría a reducir esta amenaza. El razonamiento es sencillo: cuanta mayor sea la población cotizante en relación con la que cobra una pensión, más viable será el sistema. En cuanto al impacto ecónomico de la reforma, todo indica que el incremento del coste derivado de mejorar las pensiones a quienes hubiesen trabajado más allá de los 65 años se vería parcialmente compensado por la reducción del periodo de prestación a la persona que prolonga su vida laboral.

Dicho todo esto, como bien recordó ayer el propio Ecofin, no bastan medidas puntuales. Lo único que puede asegurar la viabilidad del sistema de pensiones español es «una amplia reforma», que vaya acompañada de iniciativas orientadas a fomentar la natalidad, flexibilizar el mercado laboral, incrementar la productividad y promover la contratación de planes de pensiones privados. En todo caso, la mejor receta para garantizar a los jubilados una vida digna y de calidad es una política económica rigurosa y austera como la implementada en los últimos años, que ha hecho posible que la Seguridad Social pase de tener un colosal déficit de 3.000 millones de euros en 1996 a contar con un fondo de reserva superior a los 12.000 millones de euros. No menos imprescindible, en este mismo sentido, es la estabilidad política, algo que los electores deberían tener presente cuando el domingo próximo depositen su voto.

El 60% de los españoles considera que hay demasiados inmigrantes

ANA DEL BARRIO

MADRID.- Son demasiados. Este es el dictamen del 60% de los españoles que considera que nuestro país acoge a más inmigrantes de los que puede asimilar, según una encuesta del Instituto Gallup.

Tan sólo un 21% de la población estima que el número de inmigrantes se ajusta al que España está en condiciones de recibir, mientras que un 13% de los encuestados opina que los extranjeros son pocos.El sondeo anual de Gallup pone de manifiesto que cuanto menor es el nivel de estudios, mayor es el rechazo hacia la inmigración.Así, mientras el 68% de los encuestados que no ha terminado los estudios primarios cree que España acoge un número de inmigrantes excesivo, esta cifra desciende hasta el 34% si se pregunta a los estudiantes universitarios.

A pesar de todo, las cifras son más optimistas que en 2003, ya que suponen una reducción de dos puntos del porcentaje de personas que cree que hay demasiados extranjeros.

Sin embargo, este juicio negativo contrasta con el informe elaborado por el Colegio de Economistas, España, país de inmigración, que estima que los inmigrantes no son un problema sino una necesidad y que el crecimiento anual del 3,4% de la economía no hubiese tenido lugar sin su aportación.

El recelo de la sociedad española se debe en parte a que el ascenso de la inmigración en nuestro país ha sido vertiginoso en un corto periodo de tiempo: «Francia y Alemania tienen más inmigrantes que nosotros (8% de la población), pero los han ido asimilando durante décadas. En España, estamos en el 6%, aunque el proceso se ha realizado en los últimos cinco años», explicó ayer la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcaide, durante la presentación del estudio.

El informe desmonta la imagen estereotipada que se tiene de los inmigrantes: a saber, los que emigran de sus países no son los más pobres sino los que tienen más iniciativa, una mayor preparación y dinero para costearse el viaje.

Es más, dos de cada tres inmigrantes son jóvenes, vienen a trabajar y su integración se está llevando a cabo con éxito. De hecho, el 30% de los inmigrantes que están en situación regular en España es propietario o está accediendo a la compra de una vivienda, lejos del 43% de los extranjeros de la UE o del 85% de españoles que tienen su vivienda en propiedad. Además, la tasa de actividad de los inmigrantes supera en casi 20 puntos a la de los españoles.

El Colegio de Economistas cree que el problema en España es el gran volumen de inmigrantes sin papeles y pide al Gobierno que facilite las vías para el acceso legal al mercado de trabajo de los extranjeros, que ahora están cerradas.

Las pensiones españolas están garantizadas, según el Ecofin

JUAN CARLOS GONZALEZ. Corresponsal

BRUSELAS.- Los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) dieron ayer el visto bueno al programa de estabilidad actualizado de España, al considerar que la orientación presupuestaria es suficiente para garantizar el objetivo de unas cuentas públicas en equilibrio o en superávit en todo el periodo cubierto por el plan (2003-2007).

Para el Ecofin la evolución a medio plazo del gasto público permite a España estar «bien situada para hacer frente a los costes derivados del envejecimiento de la población», es decir, el pago de las pensiones futuras. En contraste con esta valoración positiva, el Ecofin advirtió ayer de los riesgos que conlleva el programa de estabilidad alemán a la hora de respetar el objetivo de un déficit público por debajo del 3% en el 2005.

Para el ministro español de Economía, Rodrigo Rato, el programa que ayer evaluaron sus homólogos europeos ha sido «valorado muy positivamente». Los ministros de Economía y finanzas se han «mostrado satisfechos por el grado de credibilidad de la política económica» española, explicó ayer Rato. El propio comisario español responsable de asuntos económicos y monetarios, Pedro Solbes, admitió que el programa presentado por Rato se basa en «un escenario macroeconómico realista».

Nueva reforma

Pero el comisario europeo pidió una nueva reforma de las pensiones, a pesar de la buena posición de la economía española. Según Solbes las actuales políticas que incrementan las tasas de empleo y recortan el nivel de deuda «tienen que ser apoyadas por otras medidas» como la citada reforma, para «evitar que surja una evolución insostenible a medio plazo» del gasto público ligado al pago de las pensiones.

Rato, por su parte, subrayó el cambio de actitud del Ecofin con respecto a las críticas vertidas en la evaluación del programa de estabilidad español adoptada el año pasado. Entonces «el Consejo alertaba del riesgo de la insostenibilidad a largo plazo» de las cuentas públicas españolas, ya que «no se podía excluir un incremento del gasto público» para hacer frente al envejecimiento de la población.

Rato recordó, incluso, el impacto positivo que ha tenido el Pacto de Toledo lanzado por su predecesor y actual comisario, Pedro Solbes.

Los empleados de UGT amenazan con ir a la huelga en mayo contra la propia central

SEBASTIAN TORRES

SEVILLA.- Los trabajadores de UGT se rebelan contra su secretario general, Cándido Méndez. Los empleados de la central sindical en toda España amenazan con realizar una huelga en el mes mayo contra el propio sindicato tras romperse hace unos días la negociación del convenio colectivo.

Entre sus exigencias está una jornada máxima anual de 1533 horas, ampliar la jornada continuada desde el 1 de junio al 30 de septiembre (actualmente es del 15 de junio al 15 de septiembre), aplicar el convenio colectivo a todos los contratos realizados por la UGT, incluidos los de inserción, aumentar los días hábiles de vacaciones de 24 a 26 o abonar una tercera paga extraordinaria.

La secretaria general de la sección sindical estatal, Maite Muñoz Fernández, equivalente al comité de empresa en cualquier compañía, ha remitido una carta a todas las secciones sindicales de España en la que se informa de la ruptura de las negociaciones con la dirección del sindicato y se propone un calendario de movilizaciones.

La sección sindical estatal insta a las diferentes asambleas de UGT en todo el país a que, antes del jueves 18 de marzo, aprueben dicho calendario, para poder empezar con las protestas el miércoles siguiente, día 24.

Según la carta, se trataría de «comenzar con medidas simbólicas, como concentraciones en las entradas de los diferentes centros de trabajo durante las horas de la comida». Estas protestas se celebrarían cada miércoles, hasta el 14 de abril. En el caso de que la dirección de UGT no atendiera a sus demandas, las concentraciones se realizarían en plena calle, ante las sedes regionales del sindicato, los miércoles 21 y 28 de abril.

Si aún así las protestas no surten efecto, los representantes de los trabajadores de UGT culminarían, «si no nos queda más remedio, con una convocatoria de huelga parcial en el mes de mayo», según el escrito dirigido a todas las secciones de UGT en España.

El convenio colectivo en vigor para los trabajadores contratados por la UGT es el correspondiente a los años 2002 y 2003, publicado en el Boletín Oficial del Estado en julio pasado.

Los trabajadores han formulado una larga lista de modificaciones sobre dicho texto y que la dirección del sindicato no acepta.

Los sindicatos se oponen a la reforma de las pensiones de Berlusconi

IRENE HDEZ. VELASCO. Corresponsal

ROMA.- En nombre de los jubilados, los sindicatos están decididos a declararle la guerra al Gobierno de Silvio Berlusconi. Tanto es así que los representantes de las tres organizaciones de trabajadores más importantes de Italia se reunirán hoy, por primera vez desde 1994, para estudiar la posibilidad de convocar una huelga general el próximo día 26 de este mismo mes, en protesta por los planes del Gobierno de reformar el sistema de pensiones.

Actualmente, la edad de jubilación es de 60 años. Pero el Ejecutivo de Berlusconi quiere que, a partir de 2008, la edad de retiro aumente en tres años, argumentando que de esa manera se ahorraría al año el equivalente al 0,7% del PIB. Una cifra nada desdeñable dado que, según los datos del Gobierno, el 15% del PIB italiano se destina a pagar las pensiones.

La reforma cuenta con la bendición de la Unión Europea, pero los sindicatos la rechazan encarecidamente.

El 32% de las mujeres deja el trabajo al ser madre

BARCELONA.-

El 32% de las mujeres de la provincia de Barcelona ha dejado de trabajar voluntariamente por motivos familiares, a causa del matrimonio, un embarazo o el cuidado de los hijos, un hecho que no se produce entre los hombres.

Este dato se desprende de un informe presentado ayer por la diputada presidenta de Bienestar Social de la Diputación de Barcelona, Imma Moraleda, y la diputada delegada, Núria Carrera, quienes acudieron al centro Francesca Bonnemaison junto a la autora del estudio, Elena Sintes. Este informe es el primer análisis estadístico sobre la situación de las mujeres en la provincia de Barcelona.

Bajo el título Condiciones de vida y hábitos de las mujeres de la provincia de Barcelona, el estudio ha analizado una muestra de 6.830 personas (de las que 3.841 son mujeres) de 311 municipios de la provincia de Barcelona.

Las conclusiones revelan que la mujer está discriminada en el mercado laboral, en su nivel de ingresos y entorno doméstico pese a los avances en educación y por su incorporación al mundo del trabajo.

Una muestra de la desigualdad en el ámbito familiar y doméstico es que el 32,3% de las mujeres deja de trabajar «voluntariamente» por motivos familiares o de estudio, mientras que esta inactividad voluntaria es prácticamente inexistente entre los hombres, según esta muestra. En este ámbito, las mujeres de la provincia de Barcelona dedican una media de 23 horas semanales a las tareas domésticas frente a las cerca de 7 horas alcanzadas por los hombres.

El equilibrio de tiempo dedicado a las labores de la casa entre hombres y mujeres se lograría en 50 años, según el estudio, puesto que entre 1995 y 2000 los hombres han aumentado en 50 minutos la dedicación a los trabajos domésticos y la mujer ha reducido el tiempo en 26 minutos, según informa Efe.

Un dato significativo es que un 32% de la población que vive sola es femenina, frente al 2,6% de hombres, de forma que las mujeres se emancipan antes del hogar familiar pero también sufren más la soledad de la viudedad.

Un 80% de las mujeres mayores de 65 años no se relaciona con ninguna persona y la mitad se mantiene con unos recursos económicos muy escasos, de unos 360 euros.

SATURNINO DE LA PLAZA / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)
«No debería existir desigualdad económica entre universidades»

ISABEL GARCÍA

Sus años de estudiante los recuerda calmos, tranquilos, pegados al pupitre, incluso en verano. «No teníamos vacaciones porque pedían muchos ingenieros por aquella época y debíamos acabar la carrera –Agrónomos, Politécnica de Madrid– cuanto antes». Tanta premura hizo que Saturnino de la Plaza la finalizara un curso antes de lo establecido en el plan de estudios. Transcurría el año 1964. La calificación de sobresaliente cum laude figuraba en su título de doctor.

Algún tiempo más tarde, poco, volvió a las mismas aulas; esta vez era él quien impartía las clases. El sosiego precedente se tornó en convulsión, motivada, en parte, por la constante presencia de grises en las facultades. «La Universidad estaba muy movilizada y la policía irrumpía en ella rompiendo cristales», relata el que ahora se prepara para despedirse del Rectorado de la Politécnica. Dos candidatos –Javier Uceda y Félix Soriano– aspiran a sucederle el próximo lunes.

El rector también sacó tiempo para ocupar dos veces el sillón de presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE) e incluso meterse en política: fue secretario de Estado de Universidades con la UCD entre 1981 y 1982. Se justifica: «Fue un cargo más técnico y profesional que político».

De hecho, se vanagloria de presidir –todavía– una de las universidades menos politizadas. Toma como ejemplo las elecciones. «Se han centrado en los programas de los candidatos, sin incidir en vinculaciones políticas». Nada que ver con las de la Complutense, ¿no? «Los aspirantes tenían un perfil ideológico muy determinado», responde. Lo deja claro: la política no le tienta, no así las aulas. A su vuelta la llama «reencuentro». Sus planes: docencia e investigación.

De la Plaza se va satisfecho. La creación de bibliotecas, escuelas y aularios, el equipamiento de los laboratorios y el refuerzo de la investigación han sido sus prioridades. Le queda la espina de no haber construido una residencia. «Aunque la Politécnica es una de las universidades con más alumnos de fuera de Madrid no tiene residencia por falta de solares e inversión, pero se hará», vaticina.

Pide, además, un Pacto de Estado entre el Gobierno central y los regionales para aumentar la financiación: «Es vital para que no existan desigualdades económicas entre centros según la comunidad a la que pertenezcan, al depender su presupuesto de éstas».

El rector continúa su repaso con la ANECA, la agencia encargada de evaluar a los docentes y acusada de hacerlo con arbitrariedad: «La Universidad precisa ser evaluada para lograr la excelencia, pero debe hacerse de forma digna de credibilidad y confianza». Respecto a la adaptación de las ingenierías al espacio europeo, es rotundo: «Sería oportuno un Grado de cuatro años, con créditos adicionales para el proyecto, prácticas, idiomas...».

Su momento más amargo lo vivió al frente de la CRUE, cuando se elaboró la LOU, «lo que generó discrepancias y manifestaciones». Uno de los más gratificantes se produjo hace nada, con la aprobación, por unanimidad, de los estatutos de la Politécnica.

Aficionado al deporte, De la Plaza practica el montañismo y posee el título de árbitro nacional de golf, aunque no lo ha ejercido nunca «por falta de tiempo». Es algo que piensa cambiar ahora.

D.N.I.
RECTOR Y DOCENTE

Nacido en Madrid, obtuvo su título de doctor ingeniero agrónomo en la Politécnica madrileña en 1971. Poco después se trasladó a Valencia para impartir clases. En 1981 es designado secretario de Estado de Universidades con la UCD. Dos años más tarde volvió a la capital, a Agrónomos. El Rectorado de la UPM lo ocupó en 1995, compaginando el cargo con el de presidente de la CRUE.

Las urnas dirimirán si sigue la LOU o se reforma

JUANJO BECERRA

Tras una legislatura marcada por la polémica sustitución de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), en vigor desde 1983, por la Ley Orgánica de Universidades (LOU), unas elecciones generales volverán a decidir cuáles serán las líneas generales sobre las que se construirá la política educativa y universitaria en los próximos cuatro años.

Los programas de PP, PSOE e IU, los tres partidos mayoritarios de ámbito nacional, confirman esta tendencia.

Los populares consideran que la LOU «ha establecido reformas para la modernización y apertura del sistema universitario, poniendo el énfasis en la calidad de la Universidad para la generación de conocimiento y la formación de profesionales». Por ello, no se plantean modificarla y centran su programa electoral en la homologación europea. «Es un marco propicio para la creación de la Europa de las Universidades y del conocimiento», afirma dicho documento. De hecho, el capítulo destinado a la política universitaria se recoge bajo el epígrafe Construir la Europa de las universidades.

Aunque la reforma de la ley no consta explícitamente en el programa educativo del PSOE, su candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado reiteradamente la intención de los socialistas de modificarla si ganan las elecciones.

Durante su participación en las jornadas de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, celebradas en Madrid el pasado mes de enero, Zapatero se comprometió a llevar a cabo esa reforma en puntos concretos.

Su propósito, según afirmó, es suprimir los preceptos que «vulneran la autonomía de las universidades, perjudican a la enseñanza pública y atentan contra la igualdad de oportunidades en el acceso».

El líder socialista también se muestra partidario de la homologación europea pero piensa que el actual marco legal no es el punto de partida más adecuado.

IU, por su parte, va un paso más allá en sus críticas a la LOU. Su propuesta universitaria es tajante. «Está centrada en los principios ideológicos de la derecha más reaccionaria y con el objetivo último de someter el sistema universitario a los deseos e intereses de la administración política del capital», afirma su programa. Por ello, su programa sugiere la introducción de modificaciones transitorias y su derogación total a medio plazo.

Más allá de la defensa de la LOU o la propugnación de un nuevo marco legal para la Universidad española, los programas de los tres partidos mayoritarios de ámbito nacional presentan otras divergencias. Por ejemplo, PSOE e IUresaltan la necesidad de aumentar la financiación, mientras que el PP, salvo en el capítulo de investigación, pasa de puntillas por el tema.

BECAS

PP. 1) Nuevas ayudas económicas para que los estudiantes amplíen en el extranjero sus conocimientos de idiomas. 2) Reforzar las becas de movilidad para que cada alumno pueda acceder a la universidad de su elección y ampliar los programas específicos de becas para evolucionar hacia un distrito abierto europeo.

PSOE. 1) Aumentar tanto el umbral necesario para poder recibir una beca como su cuantía media. 2) Establecer diferentes cuantías en función del nivel de renta familiar. 3) Para los alumnos de los dos últimos cursos, un programa de préstamos renta, a devolver una vez iniciada la vida laboral del beneficiario y siempre que se haya alcanzado un nivel de renta superior a la media. 3) Descongelar el gasto del Programa Erasmus y aumentar la duración media de la beca hasta nueve meses.

IU. 1) Equiparación con la Unión Europea. 2) Un sistema de becas-salario y de préstamos renta para que nadie quede excluido de los estudios superiores por problemas económicos.

FINANCIACIÓN

PP. Sólo se menciona en el apartado de investigación.

PSOE. 1) Incrementar la financiación pública de las universidades que alcance al término de la lesgislatura el 1,5% del PIB. 2) Un modelo de financiación acordado entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que asegure la suficiencia financiera de todas las universidades públicas, así como las bases de contratos programa para la mejora de la calidad.

IU. La suficiente para una dotación de medios materiales y humanos que permita una docencia acorde con las directrices europeas, y para la completa financiación pública de una investigación básica de calidad.

INVESTIGACIÓN

PP. La I+D+i será política presupuestaria prioritaria. Se promoverá un crecimiento interanual promedio del 10% hasta 2008, superior en cuatro puntos a la recomendación de la Comisión Europea.

PSOE. 1) Incrementar los recursos y el capital humano de I+D con apoyo prioritario a nuestra transferencia tecnológica. 2) Integración plena de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) en el sistema organizativo y administrativo del sistema de I+D+i con la creación de la Agencia Nacional de Financiación de I+D. 3) Crear proyectos mixtos entre departamentos universitarios, empresas y OPIS.

IU. 1) Aumentar los recursos destinados a I+D. El objetivo es alcanzar el 1,5% del PIB en la próxima legislatura y un aumento del 50% del personal dedicado a I+D. 2)Contrato laboral para becarios de investigación.

TECNOLOGÍA

PP. 1) Impulsar las redes locales de acceso a Internet que permitan el acceso inalámbrico por banda ancha en las públicas. 2) Integrar las nuevas tecnologías como instrumento de trabajo y apoyo.

PSOE. 1) Dotar a cada centro universitario de un ordenador por alumno y conexión en banda ancha a Internet. 2) Impulsar la implantación del software libre.

IU. Deberá garantizarse una adecuada dotación de medios materiales y humanos para una docencia con métodos activos y participativos sin la cual las directrices europeas no podrían hacerse efectivas.

PROFESORADO

PP. 1) Reforzar la carrera docente y facilitar oportunidades para su promoción profesional en función del mérito y la capacidad. 2) Promover un marco de cooperación entre las instituciones universitarias y las administraciones educativas para contribuir a la mejora de las competencias profesionales.

PSOE. 1) Un estatuto de la función docente que establezca los incentivos necesarios y que recoja la relación de derechos y responsabilidades. 2) Reducir la jornada de los profesores de más de 55 años con igual retribución e incentivar económicamente la jubilación voluntaria. 3) Adecuar las pruebas de acceso a la función docente al perfil y nivel profesional que requiere una educación moderna de calidad. 4) Acuerdos con las administraciones educativas para elaborar planes de formación permanente en materia científica y didáctica.

IU. 1) Estatuto de la función docente. 2) Eliminar los dos años de desvinculación de la universidad de origen para acceder a la figura de contratado doctor. 3) Sustituir la habilitación actual por una curricular sin límites en número.

OTROS

PP. 1) Favorecer la cooperación entre universidades para la impartición de títulos de posgrado. 2) Reforzar los programas para aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios y deseen realizar sus prácticas en empresas europeas. 3) Reforzar los estudios de doctorado de calidad, aumentando las becas y las ayudas para los profesores y los programas.

PSOE. 1) La Universidad representará un papel de liderazgo en la definición de criterios y en la elaboración de propuestas a la sociedad y a los poderes públicos sobre las mejores soluciones a los retos, problemas y conflictos de nuestro siglo. 2) Garantizar al mismo tiempo el mayor grado de excelencia de la enseñanza e investigación de las universidades públicas y la igualdad de oportunidades para acceder a ella.

IU. 1) Planificar la oferta de plazas de la enseñanza superior de acuerdo con las necesidades sociales y suprimir cualquier prueba de acceso. 2) Funcionamiento democrático y participativo en los órganos colegiados. Ningún sector tendrá mayoría absoluta.

COMPROMISO CON LA CIENCIA

El pasado viernes, varios representantes de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE) mantuvieron sendas reuniones con Jaime Lissavetzky y Eugenio Nasarre, candidatos al Congreso por PSOE y PP, respectivamente, y principales representantes de sus partidos en materia de Educación, Ciencia y Tecnología.

Según han manifestado a CAMPUS fuentes de la AACTE, «ambos manifestaron su preocupación por las actuales carencias de la investigación científica en España y se comprometieron a enmendarlas. Entre las reivindicaciones realizadas por este colectivo destacan un aumento de la financiación sujeto a evaluaciones de la calidad investigadora, acabar con la endogamia en la contratación y alcanzar un pacto por la ciencia que permita establecer políticas a medio y largo plazo.

LA FORMACIÓN CONTINUA, AL ALZA

Uno de los puntos en los que confluyen los programas de los dos partidos mayoritarios es el de atraer a los adultos y, especialmente, a los mayores hasta las aulas universitarias como forma de compensar el descenso del alumnado de entre 18 y 24 años. El PP promete «programas específicos de ayudas» para «quienes no pudieron ingresar en su momento en los centros de enseñanza superior». El PSOE estimulará la formación permanente en las universidades «a todas las personas adultas que acrediten la capacitación educativa o laboral exigible y a los sectores productivos y colectivos que lo requieran». IU no lo recoge en su programa, pero va implícita, quizá, en su propuesta de eliminar las pruebas de acceso.

LOS DISCAPACITADOS NO PAGARÁN

El PSOE presentó en el Parlamento, a finales de 2003, una proposición no de ley para que los estudiantes discapacitados queden eximidos del pago de tasas universitarias. El PP la rechazó por considerarlo parte de las competencias autonómicas, aunque ofreció ayudas de la Administración a las universidades para esta materia. Ahora, el programa de Mariano Rajoy promete «la exención de las tasas de matrícula» y «nuevos programas de ayudas para desplazamientos y material académico de personas con discapacidad». El PSOE no menciona explícitamente la exención, aunque no cabe duda de que la defiende. IU se centra en los cupos de reserva, la adaptación de las pruebas de acceso, el material didáctico y ayudas técnicas para los alumnos sordos y las campañas de sensibilización.

Talento y talante
por FRANCISCO MICHAVILA

El próximo domingo es la cita. El ejercicio de ciudadanía que representa el voto tiene un simbolismo claro de balance, de comparación entre cómo va la cosa pública y cómo nos gustaría que fuese. Quizás en esta ocasión se ponga un acento especial en la esperanza de un tiempo nuevo, de un estilo diferente, también en la política universitaria, que corrija actitudes pasadas. La falta de diálogo y la arrogancia del Gobierno motivaron que durante la pasada legislatura se viviera una conflictividad universitaria desconocida desde los tiempos del franquismo, culminada con las masivas manifestaciones en contra de la LOU. Pero el desencuentro no se limitó a las formas: si la inacción política caracterizó la primera legislatura popular en materia de educación, durante estos últimos cuatro años, en contraste, el Gobierno se ha entregado, desde sus planteamientos ideológicos de derechas, a una frenética corrección del rumbo de las instituciones universitarias. El periodo 2000-2004 ha sido el de la reforma conservadora de la educación superior.

Hoy, como pocas veces antes, se halla la Universidad española en una encrucijada. Para guiarla certeramente por la senda que conduce a un futuro tan atractivo como difícil de conquistar, hará falta mucho talento, pero no sólo: también buen talante. Ante decisiones difíciles para resolver problemas complejos, importan el fondo y la forma de las soluciones.

El acierto en la política de integración de las universidades en el Espacio Europeo de Educación Superior se revela crucial. Tres son las cuestiones esenciales a corto plazo: la estructura de las titulaciones, la financiación del proceso y la adecuación del profesorado a los cambios educativos previsibles.

Hará falta talento para encajar las actuales titulaciones de ciclo largo y de ciclo corto en un modelo único; más aún: el nuevo Gobierno precisará una sabia combinación de talante y coraje para encontrar una salida satisfactoria al laberinto de los títulos de ingenieros e ingenieros técnicos. La europeización de las universidades no será creíble ni viable sin financiación adecuada.

El talante de los gobernantes resultará asimismo decisivo para conseguir del profesorado, cuya escasa implicación lastró la fallida reforma de 1987, su compromiso con este nuevo proceso de cambios. Una primera muestra de ese talante será la celeridad con que se modifique el sistema de habilitación y su alcance.

La política de calidad constituye la otra piedra angular del futuro de la educación superior. El fomento de la multidisciplinariedad en la investigación y la docencia, el impulso de reformas que agilicen y flexibilicen la gestión administrativa, la implantación de un sistema eficiente y respetado de evaluación y acreditación de los programas y los profesionales de la Universidad... son factores estratégicos para la mejora de la calidad de nuestras universidades.

El punto de partida en evaluación y acreditación es delicado: no es posible aún calibrar el daño causado a nuestra cultura de la calidad, conquistada con prudencia y paciencia en los últimos 12 años, por el talante de los responsables de la ANECA en sus primeros meses de vida.

Para alcanzar el entendimiento con los gobiernos autónomos y con las otras agencias, para acabar con la desconfianza generada por la falta de transparencia, hará falta sin duda mucho talento y otro talante. Talante que facilite el funcionamiento armónico en red del conjunto de agencias y la adopción de un sistema de acreditación de los planes de estudio verdaderamente cíclico que fundamente una medición rigurosa y sistemática de la calidad de las enseñanzas. Talento que vincule el quehacer de las instituciones con los resultados de las evaluaciones, condicionando a ellas una parte de la financiación. Incentivos y eficacia, rendimiento y equidad serán binomios que marcarán el buen o el mal hacer de la política universitaria.

Quizás, también, pueda esperarse del talento y el talante de los nuevos gobernantes que se planteen un pacto por la educación superior en España que fundamente el liderazgo social de la universidad y su contribución activa al progreso del país.

Francisco Michavila es director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Clientes y consumidores

por LORENZO SILVA/ Escritor

En medio del ruido de la campaña electoral, aunque ésta sea la que más nos ha aburrido a Aloysius y a un servidor desde que ambos tenemos uso de razón política, muy bien pueden haber pasado inadvertidas las palabras de Ángel Vázquez, rector de la Universidad de Oviedo y presidente de los rectores españoles, en una amplia y bastante enjundiosa entrevista publicada el pasado domingo en un diario nacional. Honra al rector, en primer lugar, su capacidad para la autocrítica al admitir la atonía, incluso la relativa irrelevancia social de la comunidad universitaria en los últimos años. Y no le hace digno de menor elogio el hecho de que acierte a poner el dedo en una incómoda llaga, al apuntar cuáles pueden ser las causas del deterioro y/o languidecimiento del tejido universitario de este país, que paradójicamente ha corrido parejo a una proliferación sin precedentes de universidades, tanto públicas como privadas.

Según el rector, una parte de los males tiene su origen en que se ha hecho el mayor énfasis en tratar a los estudiantes como clientes, y éstos, por su parte, y en lógica correspondencia, han preferido comportarse sobre todo como consumidores. Da para reflexionar.

Porque la Universidad –sin perjuicio de la sana competencia entre las distintas instituciones docentes en la búsqueda de la satisfacción de aquéllos a quienes prestan sus servicios– no puede convertirse en un simple supermercado de conocimientos o de competencias profesionales, al que el universitario acude como un comprador de diplomas o de epígrafes de su futuro currículum para la búsqueda de empleo. Y no puede hacerlo porque eso sería traicionar el espíritu que ha sostenido durante siglos la existencia de las universidades, pero también, y ésta es una razón válida incluso para aquéllos a quienes no importen un pito la tradición ni otras consideraciones románticas, porque ese planteamiento aboca a la producción en serie de titulados fallidos, de individuos que no serán capaces de adaptarse a los cambiantes entornos profesionales y sociales de este siglo XXI con la flexibilidad y la ventaja que deberían tener por el hecho de haber recibido una formación superior, y que acabarán convertidos en sobrepreparados subalternos que recordarán la universidad como aquel lugar donde fueron estafados.

A otros muchos asuntos pasa revista el rector de Oviedo. Como es, desde luego, su obligación, hace especial hincapié en las deficiencias de la financiación universitaria y en las presiones con que se intenta limitar la autonomía reconocida constitucionalmente. Más dinero y más independencia no le vendrían mal a la Universidad, está claro, pero más allá de activos monetarios o tangibles, recordemos la necesidad de allegarle también y siempre ese intangible: el espíritu. Su valor no se puede medir, pero son indudables los quebrantos que trae su falta.

El Jaulario

RECTORES

Hace ya cinco meses que los máximos mandatarios de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid anunciaron a bombo y platillo la constitución oficial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA). Este equivalente autonómico de la nacional CRUE nacía para unir las energías de los seis magníficos en su largo cabalgar en busca de una Universidad mejor financiada y de más calidad. Promovida únicamente por los rectores de las universidades estatales, éstos no tardaron en anunciar su intención de abrir las puertas de la CRUMA a sus homólogos de las privadas en un futuro lo más cercano posible.

Sin embargo, esa esperada invitación todavía no se ha formalizado ante la profunda decepción de los interesados, que se sienten arrinconados. Y es que no comprenden por qué sus colegas se agrupan en una organización a la que denominan Conferencia de Rectores Madrileños, en la que no están presentes los responsables de siete de las 13 universidades que imparten docencia en esta comunidad por el mero de hecho de ser de titularidad privada.

A falta de argumentos oficiales que expliquen esta demora, hay quien señala que la CRUMA está actualmente más volcada en la campaña electoral ante los comicios del 14-M que en sus quehaceres educativos. Y todavía hila más fino y apunta al actual presidente de la conferencia madrileña, el rector de la Carlos III, Gregorio Peces Barba, como máximo exponente de una politización que está relegando a un lugar secundario los temas que verdaderamente preocupan a la comunidad universitaria.

El filósofo José Antonio Marina dice que "el sistema educativo español es un diplodocus dormido"

El filósofo, escritor y catedrático José Antonio Marina, advierte, en un análisis realizado para la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) dentro de la serie Cuadernos de Información Económica, de que "el sistema educativo español es un diplodocus dormido". En su estudio, titulada ¿”Qué debe saber un futuro gobernante sobre educación?”, Marina pone de manifiesto que la inversión pública en educación ha descendido en España desde 1993 y critica que se haya descuidado la gestión del sistema.

Según los datos que maneja el catedrático en el informe, el gasto público en educación es del 4,3% del Producto Interior Bruto, mientras que en países como Suecia se eleva al 6,3%, y ha observado además que la diferencia por alumno universitario es la mayor, y Estados Unidos gasta 20.000 dólares por alumno al año frente a los 6.600 de España.

Para el profesor y ensayista, el sistema es "gigantesco" y funciona "a medio gas". Marina llama la atención sobre el hecho de que, entre los indicadores que sirven para evaluar el progreso de las naciones, se encuentra la educación, por su repercusión en la calidad de las relaciones ciudadanas y su influencia en la prosperidad económica.

En dicho artículo se analizan todas las etapas educativas. Sobre la Universidad, el estudio concluye que "carece de un modelo claro" y que durante los últimos decenios sólo ha cumplido un papel de promoción social, ya que han acudido a ella miles de jóvenes sin vocación que aspiraban a una cualificación y a un título que mejorara su estatus social.

Marina aboga por replantear el papel de la universidad, y en especial el de la pública, y entre otras consideraciones apunta que es "peligroso" que la Universidad tenga que financiar sus investigaciones mediante contratos con empresas privadas, porque a su juicio eso implica que es el mercado el que dirige la investigación. En el caso de la educación infantil de 0 a 3 años, su autor hace notar que sólo el 12,1% de los niños acude a escuelas públicas, frente al 40% de Suecia o el 48 de Dinamarca.

En la enseñanza secundaria, José Antonio Marina considera que la universalización de la enseñanza y la afluencia de inmigrantes hacen que el alumno sea "más heterogéneo" y dificulta la labor educativa, aunque insiste en que éste es un problema que ya se planteó en otros países.

Marina considera, además, muy importante entroncar la educación secundaria con la formación profesional, para evitar que algunos alumnos queden fuera del sistema pero también que los buenos estudiantes resultan perjudicados. En este sentido, el profesor valora la decisión, incluida en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de crear un itinerario profesional a partir de los 15 años.

Editorial

Una sentencia

Dos niños que pasaban en mayo del 2001 unas vacaciones en una casa de colonias morían ahogados al cruzar la riera de Merlès. Ahora el juez ha condenado a dos años y cuatro meses de cárcel al propietario de la casa de colonias y a dos años a un profesor de gimnasia, por delitos de homicidio por imprudencia. Poco consuelo reportará esta sentencia a las familias de los fallecidos, que además implica la condena de dos personas a quienes de alguna manera sólo podemos ver también como víctimas de aquel drama.

No cabe, sin embargo, otra actitud que respetar la ley admitiendo que la resolución judicial puede resultar ejemplar y servir para evitar casos parecidos. Según la sentencia, que será recurrida por la defensa, hubo numerosas imprudencias y errores en la preparación de una actividad deportiva que entrañaba peligro y para la cual los condenados no tenían la suficiente preparación. Es evidente que esta clase de actividades debe desarrollarse con las máximas garantías de seguridad, pero los tristes hechos de la riera de Merlès no han de ser una condena moral para las casas de colonias, que desarrollan una función de gran valor social.

Zapatero promete a los sindicatos alcanzar “un gran pacto social” por el empleo estable

JOSÉ MARÍA BRUNET - 10/03/2004
Madrid | Gijón

Zapatero prometió ayer a los sindicatos un “gran pacto social” a favor del empleo estable. El líder socialista repartió entre Madrid y Asturias su jornada de campaña. Por la mañana, en la sede de UGT, intervino en un encuentro con unos 1.500 trabajadores y cuadros del sindicato socialista, en el que pidió el voto de todos los asalariados para “cambiar España” en bien de los más necesitados de la solidaridad colectiva y las clases medias.

UGT ha dado un firme apoyo a Zapatero durante toda la precampaña, después de laboriosas discusiones sobre el programa económico y social del PSOE. El acto de ayer fue, en este sentido, el colofón preelectoral de una colaboración que se intensificó con la protesta sindical contra el proyecto de reforma laboral que dio lugar a la huelga general del 20-J del 2002 y que cuajó en la campaña de las municipales y autonómicas del 2003, sobre todo en Madrid, donde UGT se volcó a favor del PSOE cuando hubo que repetir estas últimas.

El líder socialista pidió ayer el voto de los trabajadores afirmando que el PP ha actuado durante la pasada legislatura de espaldas a los ciudadanos. El Gobierno –dijo– “no ha escuchado ni a trabajadores, ni a estudiantes, ni a voluntarios, ni a profesores y maestros en la escuela pública, a la que han abandonado”. El PP –prosiguió– “no ha escuchado a nadie, y por eso debe perder las elecciones”.

Zapatero definió el estilo del PP como un ejercicio continuo de “autoritarismo, falsedades y no responder de lo que han hecho ante la ciudadanía”. El cambio que el PSOE propone, por tanto, es para que España tenga un gobierno “tolerante, dialogante, con sensibilidad social, que nos devuelva a Europa y que esté comprometido con la defensa de lo público”.

El secretario general socialista situó en este marco su preocupación por recuperar la concertación con los sindicatos. “Quiero un país –dijo– donde el trabajo represente que una persona pueda vivir con un mínimo de dignidad. Y por ello, me comprometo a subir el salario mínimo interprofesional a 600 euros en la próxima legislatura”. Zapatero abogó por un modelo de relaciones laborales en el que los trabajadores “tengan la expectativa de un empleo estable y no de una precariedad continua como tienen tantos jóvenes” y asalariados de todas las edades. Por ello, reafirmó el compromiso de “hacer un gran pacto social por el empleo estable, dialogando con sindicatos y con empresarios”.

El líder del PSOE subrayó que su gobierno sería “absolutamente contundente y firme para sancionar y alejar de cualquier relación con la Administración a aquellas empresas que contraten fraudulentamente empleos precarios, cuando tienen que hacer empleos estables y empleos fijos”. Zapatero señaló también que quienes han trabajado “toda una vida” han de tener la posibilidad de afrontar la vejez con dignidad, lo cual implica que las pensiones mínimas y las no contributivas han de aumentar sensiblemente. Reiteró, pues, su compromiso de que las primeras suban un 26% y las segundas, un 21%.

Zapatero pidió que el domingo “no falte ni un solo trabajador en las urnas”. Pidió, sobre todo, que los trabajadores y cuadros sindicales actúen como agentes electorales del PSOE y traten de estimular el voto de los indecisos y de quienes en las últimas elecciones optaron por la abstención. “Hagan el esfuerzo de ir a votar”, afirmó, para añadir que los trabajadores son quienes con su esfuerzo de “héroes cotidianos” trabajan por el progreso del país, sin arrogarse el papel de que “van a sacar a España del rincón de la historia”, como dijo el presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando dio su respaldo al ataque “ilegal” contra Iraq.

“Un país avanza –afirmó– si hay una ciudadanía activa y organizada socialmente” y, en este sentido, subrayó su voluntad de colocar el diálogo con los sindicatos en un lugar preferente de su acción política. Por eso –añadió–, “no quería ser presidente del Gobierno sin estar antes en la UGT, en mi sindicato”.

Enseñanza al modo soviético

PEDRO SCHWARTZ -

La libertad de enseñanza es hoy en España una mera ficción. Si miramos la realidad de frente, veremos que el sistema educativo español, como el de muchos otros países occidentales, se rige por los mismos principios que la economía de la fenecida Unión Soviética: un gran sector planificado compuesto por empresas públicas y cooperativas semiprivadas, flanqueado por algunas iniciativas privadas que venden su producto en el mercado gris de lo meramente tolerado.

Todo empezó en el siglo XIX con la idea bienintencionada de conseguir que todos los niños recibieran enseñanza primaria. En vez de confiar en la demanda de formación para sus hijos por parte de las familias, incluso las menos pudientes, y en la oferta pedagógica de grupos privados tanto religiosos como laicos, la mayor parte de los países se decidió por la intervención y reglamentación pública. Cundió la leyenda de que los pobres no valoraban los beneficios de la ilustración y preferían poner a sus hijos a trabajar en vez de enviarlos a la escuela. Los gobiernos, desde Japón hasta Estados Unidos, desde Francia hasta Prusia, pasando por Italia y España, decidieron ir por el atajo de la enseñanza obligatoria y subvencionada, sin atender a la experiencia del Reino Unido, donde, como ha mostrado E. J. West, la educación privada consiguió alfabetizar la población antes de que acabara el siglo, sin necesidad de intervención pública.

Marx y Engels, en el “Manifiesto comunista” de 1848, exigieron “la educación pública y gratuita de todos los niños”. Sabían lo que estaban pidiendo. John Stuart Mill, uno de los fundadores del liberalismo radical, intentó, en sus “Principios de economía” de ese mismo año de 1848, ser generoso al tiempo que prudente en materia de educación pública. Él fue uno de los que propalaron la creencia de que los pobres no aprecian los beneficios de la educación, por lo que es necesario que el Estado la imponga y contribuya a financiarla: pero, añadió, “no es soportable que un gobierno tenga, de iure o de facto, un control completo sobre la educación del pueblo”; “un Gobierno que puede moldear las opiniones y sentimientos del pueblo desde su juventud hace con él lo que quiera”. ¡Qué iluso! El que paga, manda.

El movimiento para hacer de la enseñanza obligatoria un servicio público se vio reforzado a principios del siglo XX por el nacionalismo y el anticlericalismo de liberales y radicales, deseosos de hacer de la escuela una forja de patriotas y de arrancar la formación de los jóvenes de “las garras de la negra clerecía”. La educación republicana y laica podrá resultar simpática a la izquierda radical, pero los menos entusiastas no deberíamos pasar por alto los efectos la regimentación de los métodos y contenidos de la enseñanza sobre el pueblo soberano.

Hoy en día, las autoridades públicas, apelando al derecho de todos a la educación, se inmiscuyen en ella de tal manera que la autonomía personal y la empresarial casi han desaparecido. En los tramos de primaria y media, la mayor parte de los profesores reciben su sueldo directamente de los presupuestos públicos, aunque trabajen en centros privados si éstos pretenden la homologación. Los establecimientos educativos, con raras excepciones, seleccionan a sus alumnos por la proximidad del domicilio. El Estado y las comunidades autónomas determinan no sólo la programación general de la enseñanza, sino los planes de estudio de toda la enseñanza reglada hasta su más mínimo detalle. La ley impone el idioma en que se han de realizar los estudios. Las autoridades deciden si los centros han de ser mixtos por fuerza y cómo se ha de enseñar religión en los institutos (y en Francia, si los alumnos pueden llevar símbolos religiosos a la vista). La censura previa de los libros subsiste en un único reducto de la vida cultural: la de los de texto homologados por los respectivos consejeros de Educación.

En la enseñanza superior, el Estado español discrimina las universidades privadas obligando a quienes las eligen a pagar dos veces por su formación, una con el impuesto y otra con la matrícula. Para que sean válidos los títulos de las privadas, se obliga a que los planes de estudio sean en lo esencial iguales a los de las públicas. El reglamentismo ha llegado a un punto supremo con la intervención de la Unión Europea. So pretexto de facilitar el reconocimiento internacional de los títulos universitarios, las autoridades educativas europeas, con excepción de las de Irlanda y el Reino Unido, reunidas en Bolonia, han fijado normas comunes de estructura, duración y contenido de los estudios universitarios.

En el campo de la formación intelectual y moral, como en otros muchos aspectos de la vida social de los países que se consideran adelantados, se hace todo lo posible por eliminar la competencia, la innovación, la diversidad, la responsabilidad y la autonomía individual. Los experimentos pedagógicos parciales al estilo de la Institución Libre de Enseñanza serían imposibles hoy, a menos que se les ocurrieran a algún burócrata para imponerlos por fuerza en su distrito. Los profesores nos quejamos de que las familias no nos visiten más que para echarnos la culpa de los desmanes de sus hijos, sin ver que ello es el resultado de que haberles privado de toda responsabilidad sobre la educación de los hijos. Centralizada, ineficaz, desmoralizadora, gozamos de una educación a la soviética.

Cárcel por las muertes de Merlès

SANTIAGO TARÍN - 10/03/2004
Barcelona

“Nada obligaba a someter a niños de tan corta edad a una actividad peligrosa en aquel lugar”, ha escrito el juez. Y la travesía de la riera de Merlès implicaba un gran riesgo: tanto, que dos escolares de 9 y 10 años que participaban en unas colonias en la cercana casa de Can Curtius se ahogaron mientras la intentaban completar. La tragedia ya tiene una calificación penal: homicidio por imprudencia. Y también condenas: dos años y cuatro meses para Joan Carles Solé (propietario de la casa) y dos años para Joaquim Segura (profesor del colegio Badalonès, centro escolar de las víctimas).

Hace casi tres años que ocurrió. El 28 de mayo del 2001, un grupo de alumnos del colegio Badalonès estaban de colonias en Can Curtius, en Lluçà. Aquel día, hicieron una excursión que concluyó en el paraje conocido como Les Gorges de les Heures, donde 16 de los chicos se apuntaron voluntarios para participar en una actividad que consistía en cruzar la riera, profunda, atados a una cuerda. Dos de ellos, Alba Muñoz Osorio –9 años– y Cristian Rodríguez Martínez –10 años– se hundieron y perecieron.

El magistrado del juzgado penal número 1 de Manresa ha considerado que los responsables de ambas muertes fueron el propietario de la casa de colonias y el profesor de la escuela, si bien no en el mismo grado. De esta forma, el juez carga las tintas sobre el propietario de Can Curtius y lo explicita por escrito: “La conducta de Solé es merecedora de un más intenso reproche penal. Ello determina la procedencia de que Solé deba ingresar en centro penitenciario para el cumplimiento de la pena impuesta”. ¿Por qué? Pues porque él fue “quien diseñó la actividad, quien eligió el material que consideró más idóneo y quien eligió el lugar donde se iba a practicar, sin ponderar los inconvenientes”.

Y es que, a criterio del juzgador, nada, en aquella aciaga mañana fue correcto. Los niños no recibieron instrucciones de cómo se debía realizar la travesía; iban vestidos con zapatillas deportivas y camisetas, carecían de chalecos salvavidas, trajes de neopreno o escarpines, y la vigilancia a que se les sometió no fue la precisa. Pero lo fundamental fue la manera en que se hizo el recorrido: los chicos iban nadando atados a una cuerda, que fue la causa fundamental del accidente. Se hundió, se atascó en un saliente y arrastró hasta el fondo a Cristian y Alba. “Era absolutamente inadecuado, peligroso e inútil atar a seis niños a una cuerda en un medio acuático”, expresa el magistrado, quien asegura que la cuerda estaba mal instalada y no era ninguna medida de seguridad.

Cristian y Alba murieron ahogados unidos por arneses y mosquetones a una cuerda que fue una trampa mortal que los llevó bajo el agua. Esta fue la causa y ninguna otra, a entender del magistrado, quien descarta que el niño hubiera padecido una crisis asmática que desencadenara la crisis, tal como insinuó el defensor de Solé, Rogeli Montoliu.

De ambos fallecimientos son responsables Segura y Solé, pero en el caso del segundo hay un añadido, porque su actuación tiene el agravante de impericia y negligencia profesional. Él no tenía los conocimientos básicos para planificar el cruce de la riera de Merlès y por ello incurrió en graves defectos, a la postre dramáticos. Pero “si alguien se dedica habitualmente a ofertar actividades a menores y obtiene lucro por ello, le es manifiestamente exigible que las plantee y organice de manera que se reduzcan los riesgos para los niños”.

En cambio, Joaquim Segura, tal como esgrimió su defensor Emilio Zegrí, “no intervino en la planificación y diseño de la actividad que le fue ofrecida por Solé como segura, y la esencia de su responsabilidad se cifra precisamente en una confianza ciega en Solé y en dar por carente de riesgo una actividad diseñada y planificada por otro”. Esta creencia en la inexistencia de peligro viene demostrada, según se explicita en la sentencia, en dos hechos: que Segura también estuvo a punto de perecer al intentar salvar a los niños – “superó los límites de lo exigible en el auxilio”, reza textualmente el escrito judicial– y que su propia hija, Olga, iba en la cuerda detrás de las dos víctimas.

Es por estos razonamientos que existe una diferencia en las penas impuestas. Joan Carles Solé ha sido condenado a un año y dos meses por cada uno de los dos delitos de homicidio por imprudencia; lo que suma más de dos años y lleva aparejado el ingreso en prisión si la sentencia deviene firme –si no se impugna por ninguna parte– o si es confirmada por la Audiencia. En cambio, para Joaquim Segura no supera el límite de los dos años, lo que otorga posibilidades de condena condicional y rehuir el internamiento en una penitenciaría.

Otra diferencia es que Solé deberá cumplir seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de monitor, mientras que Segura sólo se ve privado del derecho a voto durante el periodo de la condena.

Pero en todas las causas por imprudencia tienen un papel fundamental las indemnizaciones. En este caso se elevan a casi 300.000 euros para los padres de los niños fallecidos y el hermano de Alba. Dichas cantidades han de ser abonadas por los acusados –y en su defecto por sus aseguradores – así como por la asociación de madres y padres de alumnos del colegio Badalonès, que también tiene una póliza de seguros. En cambio, ha sido absuelto en este sentido el centro escolar, al que no se ha declarado responsable civil subsidiario.

El 28 de mayo del 2001, una actividad que debía ser lúdica cambió dramáticamente la vida de dos familias, que perdieron a sus hijos en la riera de Merlès. Para el juez, lo ocurrido allí merece un castigo, que se resume en dos razonamientos expresados en la sentencia. Uno, que si Solé y Segura se hubieran asesorado, adoptado las medidas de seguridad adecuadas y desarrollado correctamente la travesía, es posible que la tragedia no hubiera ocurrido. Pero la fundamental es la que se desprende del texto judicial: que las colonias se hacen para que los chicos puedan aprender, divertirse y convivir, pero “nada obligaba a someter a niños de tan corta edad a una actividad peligrosa en aquel lugar y con aquellas condiciones”.

Los propietarios de casas de colonias temen que se supriman las actividades al aire libre

JOAN SERRA - 10/03/2004

VIC. – La sentencia de Merlès acentuó ayer la preocupación de los propietarios de casas de colonias y de los monitores de escolares, traumatizados tras el incidente que golpeó al sector en el 2001. Las penas al responsable de Can Curtius y al profesor de la escuela Badalonès han creado alarma entre los profesionales, atemorizados porque la sentencia puede provocar la supresión de actividades de aventura en la educación infantil.

La posibilidad de que el miedo tras el caso de Merlès limite las salidas de los escolares inquieta al sector. “La sentencia deja a los profesores y propietarios en una posición de indefensión, y puede tener un efecto sobre la formación del niño. Las colonias han dado muy buen resultado en Catalunya. Son un espacio de convivencia. No podemos educar a los escolares desde la reclusión”, comenta Josep Maria Garcia, presidente de la Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC) y propietario del Molí de la Riera, en Sant Pere de Torelló (Osona).

Reclamada como un juicio ejemplarizante desde la fiscalía y la acusación particular, la sentencia del caso de Merlès es considerada desmesurada por los miembros de la ACCAC: “Me parece exagerada por el planteamiento. Se criminaliza un error que ocurrió por un exceso de responsabilidad en la protección de los niños. El elemento de seguridad se convirtió en una trampa mortal. Es como matar moscas a cañonazos. Pero todos tenemos que aprender una lección”, asegura Garcia. Desde el accidente, las casas de colonias optaron por derivar la gestión de actividades a empresas especializadas, con monitores titulados, y evitar ejercicios en los que se corra algún riesgo.

Los propietarios aseguran que el accidente de Merlès modificó actuaciones, sobre todo desde la prevención. “Existe cierta reglamentación en las salidas de escolares desde el suceso. En estancias de más de tres días se exige monitores titulados. No hay un vacío legal tan grande”, comenta Garcia. Pero todavía existen aspectos por regular, como los límites de edad en según qué actividades, y la ACCAC reclama la intervención de las administraciones. “Pedimos una implicación del Departament d'Ensenyament –dice Garcia– con las casas de colonias, que colaboran en la faceta educativa. Pero nos preocupa que la única conclusión que se saque de la sentencia sea legislar.”

LAS DOS ESPAÑAS

VICENÇ Navarro/  Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Los debates más visibles en esta campaña electoral en los medios de información en el Estado español son los temas relacionados con la diversidad nacional y territorial de España. Un ejemplo de ello es el debate sobre la configuración del Estado español y la necesidad o no de reformar la Constitución española.
Pero existen otro tipo de debates que tienen mucha menor visibilidad y que tienen que ver con la diversidad no tanto nacional o territorial, sino de clase social de nuestro país. En realidad, la categoría analítica clase social (que apenas aparece en los discursos políticamente correctos del país) continúa teniendo una gran importancia para entender nuestras realidades, incluyendo el que unos temas sean más visibles que otros en esta campaña electoral. Me explicaré.
Grosso modo hay, al menos, dos Españas. Una, constituida por el 30%-35% de la población de renta superior, que tiene una enorme influencia en los medios de información y persuasión conservadores y liberales, que hoy son la mayoría en el país. Los grandes temas que se debaten en aquellos medios son, por lo general, los temas que interesan más a esta España, que es también la que utiliza los servicios privados, es decir, envían a sus hijos a las escuelas privadas (de donde la gran mayoría deriva) y son atendidos por la sanidad privada cuando enferman o van a la pública donde reciben trato preferencial.

LA OTRA es la España popular, que incluye aproximadamente el otro 60%-65% de la población (y que está constituida principalmente por la clase trabajadora y las clases medias de renta media y baja). Ésta, la otra España, es la que utiliza preferentemente los servicios públicos. Sus hijos van a las escuelas públicas y ellos y sus familias utilizan la sanidad pública cuando necesitan atención médica. Ni que decir tiene que no hay una división clara entre estas dos Españas y que hay áreas de gran permeabilidad. Pero ello no niega su existencia.
La influencia diferencial que estas dos Españas tienen en los medios de información explica que ciertos temas tengan gran visibilidad mediática y política y otros tengan muy poca. Así hemos visto que aquellos medios de información (sean orales, visuales o escritos) han dado gran visibilidad a las propuestas, hechas durante esta campaña electoral por varios partidos políticos, de reducir los impuestos. En algunos momentos, parece como si la competitividad política se centrara en quién rebajaba más los impuestos, tema que es de gran interés principalmente para la España de renta superior, puesto que es la que se beneficiaría más de tales reducciones fiscales.
Tal reducción de impuestos, sin embargo, no es el tema de mayor relevancia y que tenga mayor interés para las clases populares. En realidad, todas las encuestas realizadas tanto en España como en otros países (incluyendo Estados Unidos) muestran que éstas valoran mucho más la expansión de los servicios del Estado del bienestar (como educación, sanidad y servicios de ayuda a la familia) y de las pensiones que la reducción de impuestos, precisamente lo opuesto a las prioridades del 30%-35% de renta superior del país.

ESTA VISIBILIDAD diferencial según la clase social explica también la falta de atención a un hecho de gran relevancia que ha pasado casi desapercibido en tales medios y de la que el electorado no es consciente. Por primera vez, desde 1993, existe un compromiso por parte de todos los partidos de izquierda (incluyendo el mayor partido de la oposición), para que, en caso de gobernar, el gasto público social de España (el más bajo después de Irlanda) convergiera con el gasto público social promedio de la UE, un compromiso que, en caso de que ocurriera, revertiría el gran crecimiento del déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE que se ha producido desde aquel año.
En realidad, el crecimiento de tal déficit social de España con la UE (un hecho que ha repercutido negativamente en la calidad de vida de las clases populares) apenas ha sido noticia en nuestro país. Esta falta de sensibilidad social de los establishments mediáticos conservadores y liberales del país está contribuyendo a la situación documentada en la última encuesta de valores y comportamiento político de Europa; la población española, una de las que se sitúa más al centroizquierda e izquierda en Europa, es también una de las que lee menos prensa y se abstiene más en las elecciones en la UE.