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Revista de Prensa

Un paro atroz (ABC)

Editoriales
Un paro atroz (ABC)
Día 26/04/2011
En vísperas de la publicación de la EPA correspondiente al primer trimestre, prevista para este viernes, el secretario general de CC.OO. prevé que la encuesta registre un desempleo superior al 21 por ciento, cifra que, de confirmarse, establecería un récord histórico. Semejante tasa de paro vendría a probar el nulo alcance de una reforma laboral fallida, superficial y contraproducente, formulada sobre el vacío de una política que no ha sabido potenciar desde la raíz la maquinaria empresarial y ha confiado en los parches de importación y las recetas de urgencia para reconstruir la casa por el tejado. El resultado es ya catastrófico.

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Sindicatos y economistas coinciden: el paro roza ya los cinco millones (ABC)

La EPA del próximo viernes desvelará una tasa de desempleo cercana al 21%, la más alta desde hace 14 años, según los cálculos de varios expertos
JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO / MADRID
El Instituto Nacional de Estadística (INE) hará publicos el viernes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2011 que, según la mayoría de los expertos consultados, registrará un nuevo aumento de la tasa de paro, que podría situarse entorno al 21%. Además, el número de desempleados se acercaría a la barrera sicológica de los cinco millones.
El año pasado terminó con una tasa del 20,33%, la más alta desde el segundo trimestre de 1997 y con casi 4,7 millones de parados.
Ahora, son numerosos los organismos y los expertos que vaticinan que el número de desempleados está cerca de los cinco millones. Como por ejemplo el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, que declaró ayer en Punto Radio que «la tasa de paro se habría situado en el primer trimestre del año en el 21 %, con lo que el número de parados estaría cerca de la “barrera” de los cinco millones».
En parecidos términos se expresó el presidente de ATA (Federación de Autónomos), Lorenzo Amor, quien calcula que el número de parados, según la EPA del viernes, llegará a 4,92 millones. Subraya que «esto demuestra la incompetencia del Gobierno frente a la lacra del desempleo y confirma que ha tirado la toalla». Y advierte de que «si no se resuelve la insoportable morosidad y si sigue sin fluir el crédito, más del 80% del tejido empresarial no prevé contratar a nadie este año, por lo que difícilmente se podrá reducir el paro», subrayó.
Tasa por encima del 21%
Para la Agett (Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal), los datos que el INE avanzará el viernes no serán positivos para el empleo. Desde esta asociación se baraja que el primer trimestre del año arroje «un aumento de 239.000 parados más, y una destrucción de 210.000 puestos de trabajo». Así, «si la población activa se incrementa un 0,5% interanual, la tasa de paro para el primer trimestre del año será del 21,3%, el pico más alto de paro del actual ciclo recesivo y el número de parados ascendería a 4,935 millones, muy cerca de la temible barrera de los cinco millones de desempleados, aunque no se espera superarla». En cualquier caso, Agett subraya que será una vez más el comportamiento de la población activa la que determine los datos de paro.
El director de estudios del Instituto de la Empresa Familiar, Esteban Sastre, afirma que el número de parados crecerá, «aunque sin llegar, previsiblemente, a los cinco millones». Sin embargo, «éste es un triste consuelo porque ya estamos en niveles nunca antes vistos. En la actualidad hay 4,7 millones de parados y, aunque se ha ralentizado el ritmo de destrucción de empleo en los últimos trimestres, se siguen perdiendo muchos puestos de trabajo todos los días. De hecho, en el último trimestre de 2010 se incrementó el número de parados en un 8,5% interanual, porcentaje que sigue siendo muy elevado».
Sastre explica que «un entorno de crecimiento de costes, subida de tipos de interés y baja demanda como el actual reduce la capacidad de contratación por parte de las empresas. Por ello, es necesario animar la actividad económica a través de más reformas estructurales, contención del gasto público y bajadas de impuestos que liberen recursos para que empresas y particulares aumenten sus niveles de consumo e inversión».
Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa, no es tan pesimista y calcula que el número de parados «aumentará en unas 70.000 personas en el primer trimestre, por lo que la cifra total estará próxima a los 4,8 millones». Además, y dependiendo de la variación de la población activa, cree que la tasa de desempleo «no llegará al 21%». Pampillón estima que aunque en el segundo y tercer trimestre del año los datos del paro «no serán tan malos y en el último trimestre de 2011 volverá a subir y se situará cerca de los cinco millones».
«Lleguemos o no a los cinco millones de parados es una cifra escandalosamente elevada», subraya Pablo Vázquez, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Coincide con el resto de expertos en que la clave para saber si se llegará a la barrera sicológica de los cinco millones está en el aumento de la población activa. Vázquez añade que «si esta situación se diera en otro país se haría una reforma laboral más profunda que la que el Gobierno ha aprobado aquí».
Economía «sumergida»
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales siguen negociando el plan sobre la economía "sumergida" que le ha presentado el Gobierno y que ha sido duramente criticado por la patronal y los sindicatos. CC.OO. y UGT exigen, por ejemplo, que el trabajador que regularice su situación antes de julio cuente con un contrato fijo y no que la decisión quede en manos del empresario, tal y como recoge el borrador del Ministerio.

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El Gobierno propone que las empresas paguen menos por regularizar empleos 'en negro' (EL MUNDO)

Reduce a la mitad el periodo de cotización reconocido
El Gobierno propone que las empresas paguen menos por regularizar empleos 'en negro' (EL MUNDO)
Europa Press | Madrid
El plan del Gobierno contra el empleo sumergido contempla reducir a la mitad, de un año a seis meses, el periodo de cotización que se le reconocerá al trabajador cuando su empresa regularice voluntariamente su situación.
Según fuentes de la negociación, éste es uno de los pocos cambios introducidos en el anterior borrador remitido a patronal y sindicatos, que ya se ganó los reproches de ambas partes.
Los beneficios del alta en la Seguridad Social de estos trabajadores tendrán carácter retroactivo hasta el 1 de enero de 2011, seis meses antes de que termine el plazo, 30 de junio, para que las empresas puedan realizar estas regularizaciones voluntarias. Este margen era de un año en la primera propuesta del Ejecutivo.
El Gobierno se mantiene firme en que estas regularizaciones puedan dar lugar tanto a contratos temporales como indefinidos sin que las empresas tengan que hacer frente a sanciones administrativas.
Se mantiene también que estas empresas puedan aplazar sus deudas con las Seguridad Social, sin que tengan que presentar obligatoriamente garantías para asegurar el pago de las cotizaciones, caso en el que el aplazamiento tendrá una duración máxima de dos años.
Quejas de los sindicatos y de los empresarios
Según los sindicatos, la nueva formulación empeora la propuesta inicial. Por ello, aunque las negociaciones siguen abiertas, estos agentes sociales preparan una actuación conjunta para rechazar su aprobación en Consejo de Ministros.
Los empresarios, por su parte, tampoco aplauden el nuevo borrador porque mantiene un incremento de las sanciones una vez finalizado el periodo de gracia, hasta un máximo de 187.515 euros, y con vocación de permanencia, a diferencia del planteamiento coyuntural inicial.
Las empresas tendrán también que comprobar con carácter previo a la subcontrata de otra entidad que sus trabajadores han sido dados de alta en la Seguridad Social porque de lo contrario serán consideradas corresponsables en caso de sanción.
La nueva propuesta del Gobierno también plantearía que las empresas sancionadas por infracciones muy graves pierdan automáticamente las ayudas, bonificaciones y otros beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, en este caso con efectos desde que se cometió la infracción. Además, podrán ser excluidas de tales beneficios por un máximo de dos años.

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El superávit de la Seguridad Social aumentó un 2,4% en el primer trimestre (EL MUNDO)

6.089 millones de euros
El superávit de la Seguridad Social aumentó un 2,4% en el primer trimestre (EL MUNDO)
Agencias | Madrid
La Seguridad Social obtuvo un superávit de 6.089,05 millones de euros hasta marzo, cifra equivalente al 0,56% del PIB y un 2,44% superior a la de igual periodo de 2010, cuando el saldo positivo del sistema alcanzó los 5.943,77 millones de euros, informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Esta es la primera vez que el superávit crece desde septiembre de 2008.
Este mes, los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 900 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha.
El superávit logrado por el sistema hasta marzo fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 30.835,52 millones de euros, un 2,61% más, y de unos pagos que sumaron 24.746,47 millones de euros, un 2,66% más que en el mismo periodo de 2010.
Incremento de las cotizaciones de ocupados
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, consideró una buena noticia el hecho de que por primera vez en mucho tiempo el superávit ha crecido incluso en términos de comparación con el que existía en marzo del año pasado y señaló que ello ha sido posible gracias al incremento de las cotizaciones de ocupados.
"El superávit volverá a crecer, lo cual significa que hemos pasado lo más difícil de la crisis económica y por primera vez en la historia contemporánea de España, en relación con crisis anteriores, la Seguridad Social va a ser capaz de arrostrar tres o cuatro años seguidos de durísima crisis, de destrucción de empleo con equilibrio en sus cuentas", resaltó.
Recaudación por operaciones no financieras
En términos de caja, las operaciones no financieras registraron una recaudación líquida de 29.177,06 millones, el 1,87% más que en el ejercicio anterior, mientras que los pagos tuvieron un aumento del 2,59%, hasta 24.604,57 millones.
Del volumen total de ingresos, el 91,44% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,56% a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Respecto a los gastos, el 95,52% fueron reconocidos por las entidades gestoras y el 4,48% por las mutuas.
Además, las cotizaciones sociales ascendieron a 26.115,94 millones, 0,87 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior, debido al descenso de la cotización de desempleados en un 9,73 %, ya que la cotización de ocupados tuvo un incremento del 0,25 %.
Cotizaciones sociales
Según Trabajo, la Seguridad Social prevé ingresar este ejercicio 110.447,12 millones en concepto de cotizaciones sociales, por lo que los ingresos por cotizaciones representan a finales de marzo el 23,65% de lo previsto para todo 2011.
En cuanto a los gastos y dentro de las prestaciones contributivas, a las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se destinaron 21.068,62 millones, el 5,10% más.
Trabajo destacó que como consecuencia de la desviación de la inflación de 2010, la comparación respecto al pasado año ofrece algún dato que mejorará a final de 2011 porque las nóminas mensuales no reflejaban esa diferencia.
Asimismo, las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo alcanzaron los 561,18 millones, el 0,65% menos, y en incapacidad temporal el gasto fue de 644,61 millones, el 13,41% menos.
A finales de marzo, las pensiones y prestaciones no contributivas presentaron una disminución del 0,57%, con un importe de 974,35 millones, de los que 458,26 millones fueron para prestaciones familiares, el 10,36% más.

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La Generalitat despedirá a más de 1.000 empleados de sus empresas públicas (EL MUNDO)

Ajuste presupuestario
La Generalitat despedirá a más de 1.000 empleados de sus empresas públicas (EL MUNDO)
• Los perjudicados son en su mayoría interinos y eventuales
Efe | Barcelona
La Generalitat despedirá antes del verano a más de 1.000 trabajadores de sus empresas públicas y organismos diversos en los que tiene más del 50%, como parte del plan de ajuste que está llevando a cabo la administración catalana, han confirmado a Efe diversas fuentes del sector público catalán.
Según han reconocido portavoces de la conselleria de Gobernación, responsable de la función pública, se trata de un ajuste que se aprobó en febrero de este año por el cual estas empresas públicas y entidades deben o reducir un 6% de su masa salarial o un 5% de su plantilla antes del 30 de junio y hasta entonces no se sabrá la cifra exacta de los afectados.
El personal de las empresas públicas, consorcios, entidades mercantiles, fundaciones y organismos de diversa condición sumaba un total de 49.670 personas el 2010, según consta en los Presupuestos de la Generalitat del año pasado, con lo que un 5% de esa cifra serían más de 2.400 trabajadores, el triple del ERE que llevó a cabo Nissan en 2009, el mayor de Cataluña en los últimos años.
Fuentes de Gobernación aseguran que en todo caso no se llegará a esta cifra de 2.400 despedidos porque se intentará reducir gastos a través de no cubrir bajas, suplencias y reducciones horarias para intentar que el ajuste resulte los menos traumático posible y acercarse así a la reducción del 6% de masa salarial.
Sin embargo, para Xavier Casas, responsable de la función pública de UGT en la Generalitat, "lo que está ocurriendo es un ERE encubierto porque afecta a personal fijo, sin ningún criterio económico, incluso despidos de personas que tenían 20 años de antigüedad".
Según los sindicatos, los despidos ya han empezado: en el Incasol se ha despedido a 22 trabajadores; en la promotora de vivienda pública Adigsa se han llevado a cabo 20 despidos; en el Instituto Cartográfico, otros 20; en el Parque Científico de Barcelona, 12.
En total, 74 despedidos a los que tan sólo se ha abonado 20 días por año trabajado, según denuncian las fuentes sindicales consultadas que además critican las bajas indemnizaciones con las que la administración catalana está aplicando este ajuste.
La coordinadora del Área Pública de CCOO de Cataluña, Josefina Pujol denuncia que "hemos intentado en varias ocasiones abrir conversaciones con la Generalitat para negociar un acuerdo global que permita recolocar a buena parte de los afectados y reducir el impacto social de esta medida, pero se han negado a recibirnos".
En Ferrocarriles de la Generalitat, por ejemplo, UGT ya ha denunciado que afectará a un total de 72 trabajadores, con lo que prevé un goteo de despidos los próximos meses hasta superar ampliamente los 1.000 afectados, una cifra casi igual a los 912 empleos netos que se destruyeron en Cataluña en todo el año 2010, según la Encuesta de Población Activa.
Gobernación alega que el ajuste no afecta a funcionarios con oposición ganada y que los perjudicados son en su mayoría interinos, personal contratado y eventuales para reforzar determinados horarios, turnos o servicios.
También señalan que el ajuste afecta a las 253 entidades y empresas públicas de la Generalitat; de éstas, el tripartito ya señaló que 103 podían desaparecer o integrarse en otras en un proceso de racionalización de la administración.
Habrá movilizaciones
Los sindicalistas consultados han señalado que convocarán movilizaciones en defensa de un servicio público de calidad, como la que habrá el 14 de mayo en protesta por los recortes sociales en la Generalitat y esperan que, tal y como ha ocurrido en el sector sanitario, la Generalitat acabe reculando.
"No tiene sentido que en Cataluña, con un cuota de paro de casi el 18%, la Generalitat sea parte del problema y no de la solución", ha lamentado Josefina Pujol.

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La demostración sindical (ABC)

«No parece que esa tríada responsable del actual desastre educativo esté dispuesta a admitir que el problema no radica en el franquismo, ni en la falta de inversión pública, ni en el desgaste producido por la ampliación hasta los 16 años de la escolarización obligatoria, sino en el sistema mismo»
POR XAVIER PERICAY
Día 25/04/2011
ES probable que el sindicalismo sea un mal necesario. Es probable que, aun tratándose de un sistema de representación no demasiado representativo, no quede más remedio que tragar con él. En cualquier campo de actividad económica, y en especial si ese campo emplea a un número considerable de trabajadores, la relación entre las partes contratante y contratada requiere, en el segundo de los ámbitos, de una mínima fórmula de delegación. Por no hablar de los grandes acuerdos de Estado, donde la presencia, al máximo nivel, de los distintos agentes sociales —esto es, de la patronal, por un lado, y de los sindicatos, por otro— resulta poco menos que imprescindible. De ahí, insisto, que un país democrático no pueda privarse del sindicalismo. Y de ahí también que lo amamante con dinero público, haga la vista gorda ante los abusos que se cometen en su nombre y hasta tolere, en los órganos de la Administración, las cohortes de liberados y sus inconfesables prebendas.
Pero esa condescendencia para con los representantes del otrora llamado «movimiento obrero», esa especie de conllevancia con un estado de cosas que clama por una drástica renovación tiene en determinados sectores unos efectos, si cabe, mucho más perniciosos. Entre otras razones, porque en ellos las fuerzas sindicales ya no se limitan a defender, supuestamente, los derechos laborales de los asalariados, sino que se arrogan un derecho más, el de intervenir en la planificación, el desarrollo y la evaluación misma de la actividad a la que esos asalariados consagran, mal que bien, sus esfuerzos. Así ocurre, por ejemplo, con el sistema público de enseñanza. Desde hace algunas décadas, tanto la legislación educativa como su aplicación han sido en gran medida el fruto de una conjunción de intereses. Por un lado, los de la Administración socialista, empeñada en cambiar de arriba abajo el legado recibido; por otro, los de los expertos universitarios, deseosos de trasladar a las aulas primarias y secundarias sus experimentos pedagógicos; y, por último, los de los sindicatos mayoritarios de docentes, decididos a aprovechar la coyuntura para intentar acabar con la jerarquía, convertir a maestros y profesores en simples trabajadores de la enseñanza y, sobra decirlo, colocar a los suyos.
Como es natural, semejante compendio de intereses —concretado en esta LOE con la que siguen desayunándose cada mañana nuestros educandos y que no es otra cosa, al cabo, que una versión edulcorada de la vieja LOGSE— se ha visto favorecido por la convergencia ideológica de las partes. Y, en particular, por ese buenismo igualitarista que lo mismo prescribe que hay que adaptar el nivel general del grupo al de los alumnos más rezagados —con el consiguiente perjuicio para quienes destacan de entre la medianía— que considera perfectamente homologables las tareas de todos y cada uno de los enseñantes, con independencia de los estudios cursados, de las oposiciones a las que han concurrido y de los merecimientos que atesoran a lo largo de su carrera docente. La consecuencia última de todo ello es de sobra conocida: España cuenta con uno de los peores sistemas educativos del mundo desarrollado y en vías de desarrollo. Cuando menos, a juzgar por sus resultados, tal y como atestiguan machaconamente los informes PISA y los porcentajes de fracaso y abandono escolar.
Aun así, no parece que esa tríada responsable del actual desastre educativo esté dispuesta a admitir que el problema no radica en el franquismo, ni en la falta de inversión pública, ni en el desgaste producido por la ampliación hasta los 16 años de la escolarización obligatoria, sino en el sistema mismo. En el sistema y en los principios que lo informan. Eso sí, como los hechos son los que son y la realidad no puede maquillarse eternamente, unos y otros han insistido en los últimos tiempos en la necesidad de tomar medidas. Pero siempre dentro de un orden. O sea, sin modificar para nada lo que podríamos llamar el tronco del sistema. Incluso la propuesta ministerial tendente a convertir el cuarto año de ESO en una suerte de curso puente en el que los alumnos se encaminen ya, mediante la creación de distintos itinerarios, o bien hacia el mundo laboral, o bien hacia una u otra modalidad de estudios postobligatorios, no deja de ser en el fondo un apaño.
Claro que, de tarde en tarde, surgen noticias esperanzadoras. Y no me refiero ahora a las que tienen como protagonista a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su Bachillerato de Excelencia, sino a las que provienen del propio «statu quo» educativo. Como, por ejemplo, la que daba cuenta el pasado mes de marzo de la publicación de un estudio de Manuel de la Cruz y Miguel Recio editado por la Fundación 1º de Mayo, perteneciente a Comisiones Obreras, y que trata del abandono escolar. No, no es que el sindicato comunista o excomunista —corresponsable, junto a UGT y las distintas franquicias sindicales nacionalistas, del sistema vigente— haya sufrido, por fin, su particular, y educativa, caída del caballo. No, a tanto no llegamos. Pero el caso es que, de un modo u otro, queriendo o sin querer, el estudio en cuestión ha puesto el dedo en la llaga. Porque sus autores, partiendo de los datos de la Encuesta de Población Activa y tras analizar los referidos a los españoles nacidos en 1985 durante el periodo 2001-2009 —o sea, entre el año en que cumplieron 16 veranos y el año en que cumplieron 24—, han llegado a la conclusión de que ese abandono se origina en primaria. En otras palabras: si casi un tercio de los españoles con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años abandona la escuela sin haber obtenido el bachillerato o un ciclo formativo de grado medio, y si ese porcentaje, que equivale a más del doble de la media europea, se halla fuertemente enquistado desde por lo menos 2004, no hay que echarle la culpa a la secundaria obligatoria y postobligatoria, sino al ciclo que las antecede. Y si no toda la culpa —el estudio menciona también otros factores, como por ejemplo los efectos de la repetición—, sí buena parte de ella, aunque sólo sea por la importancia que siempre cabe atribuir a la detección del foco de cualquier problema.
El trabajo de la Fundación 1º de Mayo se limita a exponer un diagnóstico y apenas propone medidas paliativas. Pero es de suponer, en consonancia con el ideario educativo del sindicato, que esas medidas, de haberlas, no iban a ser en ningún caso contradictorias con el sistema mismo. Quiero decir que no iban a consistir en proponer, ya desde la primaria, la instauración de una cultura del esfuerzo y de la responsabilidad; ni la fijación del mérito como valor; ni la promoción de la sana competencia entre iguales, ni el establecimiento, en fin, de una prueba de evaluación general previa a la secundaria a la que el alumno debería enfrentarse. ¿Para qué? Eso sería tirar piedras contra el propio tejado, cargarse la revolución pedagógica de los años setenta y ochenta que acabó alumbrando la LOGSE. Donde más fuerza tenían entonces esos sindicatos de clase —entre los que estaba, en un primerísimo lugar, CCOO— era, precisamente, en las aulas primarias. En realidad, aquí empezó todo. Resulta, pues, de lo más lógico que el epicentro del abandono escolar se sitúe ahora en este ámbito. Al igual que resultaría de lo más justo que, llegado el día, se situara también aquí el inicio de la tan necesaria remoción.
XAVIER PERICAY ES ESCRITOR

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Castilla y León, País Vasco, Navarra y Madrid, las comunidades que mejor invierten en Educación (ABC)

Según un estudio de Profesionales por la Ética, que compara el gasto anual por alumno con las tasas de escolarización, graduación, idoneidad y abandono educativo
agencias / madrid
Castilla y León, País Vasco, Navarra y Madrid son las comunidades autónomas que presentan mayor eficiencia del gasto educativo, según un estudio realizado por Profesionales por la Ética, que compara el gasto anual por alumno con las tasas de escolarización, graduación, idoneidad (relación entre edad del estudiante y curso matriculado) y abandono educativo, además de la disponibilidad de profesorado y recursos complementarios como ordenadores.
El informe «Las políticas educativas en España: ranking de excelencia educativa», presentado en rueda de prensa por Miguel Gómez Agüero, y el psicopedagogo Ramón Novella, concluye que Castilla y León con el 59,5 por ciento, País Vasco (58,3 por ciento), Navarra (53,6 por ciento), Madrid (50,2 por ciento) y Asturias (47,4 por ciento) son las regiones más eficientes, frente a Baleares (18,6 por ciento), Castilla La Mancha (20,1 por ciento), Canarias (21,7 por ciento) y Extremadura (23,7 por ciento).
El estudio, basado en datos del curso 2008-2009, no diferencia entre centros de titularidad pública, privada o concertada y sitúa en el 32 por ciento la media nacional de eficiencia del gasto.
"Hemos podido comprobar que la educación no es una cuestión de ver quién gasta más, sino que además depende de gestionar bien y de tener una política educativa adecuada y orientada en el tiempo", ha afirmado Agüero, que ha puesto como ejemplo el gasto "pequeño" que Madrid destina por alumno (1,8 por ciento del PIB), pero que obtiene "altos" resultados de eficiencia, mientras que Extremadura (5,8 por ciento del PIB) se sitúa entre las últimas de la tabla.
"Seguramente, tiene mucho que ver", ha interpretado, con que cerca del 50 por ciento del alumnado de la Comunidad de Madrid asiste a centros de iniciativa social (mayoritariamente privados concertados), mientras que son el 25 por ciento en Andalucía, ha asegurado.
Esto supone un coste "mucho menor" para la administración pública madrileña, sin ánimo de competir ni enfrentar los dos tipos de escuela, sino hacerlas "complementarias", ha matizado.
Educación «partidista»
Por su parte, el psicopedagogo Ramón Novella ha defendido un pacto nacional por la excelencia y la estabilidad entre todos los agentes educativos y las administraciones. "Uno de los factores que ha influido negativamente -ha dicho- en la educación sobre todo ha sido el cambio tan frecuente de las diferentes políticas educativas", no fundamentado tanto en criterios educativos y pedagógicos como ideológicos o "demasiado partidistas".
Promover un modelo basado en las mejores prácticas de cada comunidad, presupuestos "crecientes", libre elección de centro sin sobrecoste para las familias y proyectos de iniciativa social, mayor implicación educativa de los padres y potenciar la figura y autoridad del profesor son propuestas de Profesionales por la Ética.

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Castilla y León, País Vasco y Navarra, las más eficientes en gasto educativo (EUROPA PRESS)

JUNTO A MADRID Y A ASTURIAS
Castilla y León, País Vasco y Navarra, las más eficientes en gasto educativo (EUROPA PRESS)


MADRID, 25 Abr. -


Castilla y León, País Vasco, Navarra, Madrid y Asturias son las comunidades autónomas que presentan mayor eficiencia del gasto educativo, según un estudio realizado por Profesionales por la Ética, que compara las tasas de escolarización, graduación e idoneidad --edad del alumnado y curso académico-- con el coste que destina cada región por estudiante.
El informe 'Las políticas educativas en España: ranking de excelencia educativa', presentado en rueda de prensa por Miguel Gómez Agüero, y el psicopedagogo Ramón Novella, concluye que Castilla y León con el 59,5 por ciento, país Vasco (58,3 por ciento), Navarra (53,6 por ciento), Madrid (50,2 por ciento) y Asturias (47,4 por ciento) son las regiones más eficientes, frente a Baleares (18,6 por ciento), Castilla La Mancha (20,1 por ciento), Canarias (21,7 por ciento) y Extremadura (23,7 por ciento).
"Hemos podido comprobar que la educación no es una cuestión de ver quién gasta más, sino que además depende de gestionar bien y de tener una política educativa adecuada y orientada en el tiempo", ha afirmado Agüero, que ha puesto como ejemplo el gasto "pequeño" que Madrid destina por alumno (1,8 por ciento del PIB), pero que obtiene "altos" resultados de eficiencia, mientras que Extremadura (5,8 por ciento del PIB) se sitúa entre las últimas de la tabla.
El trabajo, basado en datos del curso 2008-2009 del Ministerio de Educación, OCDE, INE y Eurostat, no diferencia entre centros de titularidad pública, privada o concertada para calcular la eficiencia del gasto y sitúa en el 32 por ciento la media nacional. "En el numerador están todos los resultados académicos y en el denominador el gasto, de tal forma que una comunidad que gasta mucho no tiene por qué tener buenos resultados en cuanto a la optimización de recursos", ha apostillado el coordinador del estudio.
Entre los indicadores evaluados por esta asociación, agrupados en nueve áreas, destaca la escolarización del alumnado --permanencia del alumno en el sistema educativo desde los seis años-- cuyo dato nacional se mantiene estable en los 14,5 años de edad, aunque persisten las diferencias entre las comunidades autónomas. Mientras Castilla y León alcanza los 15,5 años, Baleares se sitúa en los 12,2 años.
Por su parte, la tasa neta de escolarización a los 17 años, que en España de media es del 77,8 por ciento, en el País Vasco es del 95,5 por ciento en el País Vasco y en Baleares del 63,3 por ciento. Asimismo, esa misma tasa a los 18-22 años, que de media en España es del 26,8 por ciento, sitúa a Madrid en primer lugar (40,5%) y a Baleares en el último (10,8%).
Los datos referidos a la tasa de alumnos que están retrasados respecto a su curso escolar a los doce años, y que los autores del estudio denominan 'tasa de idoneidad', reflejan que la cifra más baja la presenta Cataluña con un 9,8 por ciento de estudiantes de esa edad que no cursan los estudios que les corresponde, mientras que Baleares presenta una tasa del 25 por ciento. Otro de los indicadores analizados es la tasa de abandono educativo temprano, donde la menor cifra corresponde al País Vasco, con un 16 por ciento, y Baleares la más alta (40,8%).
El peso de la enseñanza denominada en el estudio de 'iniciativa social', referida a porcentaje de alumnos que estudian en centros concertados o privados, también es variable por comunidades autónomas, ya que en el País Vasco este modelo representa al 50,4 por ciento de la enseñanza y en Castilla La Mancha no llega al 18 por ciento. "Persiste la diferencia de criterios entre las autonomías en cuanto al modelo educativo y se observa que en algunas regiones no se ha facilitado a otras entidades a que desarrollen programas educativos propios", ha criticado Gómez Agüero.
PAÍS VASCO, LA PRIMERA DEL RÁNKING
El informe concluye, tras el análisis de 58 indicadores que País Vasco, Navarra, Castilla y León y Asturias encabezan el 'Ranking de excelencia educativa 2011' de Profesionales por la Ética, seguidas de Madrid, Cantabria, Aragón, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. En los puestos inferiores de esta clasificación se sitúan Andalucía, Castilla La Mancha, Baleares y Canarias.
Por su parte, el psicopedagogo y vocal de la Junta Directiva de esta asociación Ramón Novella ha advertido de las "deferencias" educativas entre las comunidades autónomas y ha enumerado las propuestas de esta entidad para evitarlas. De esta manera ha indicado la necesidad de desarrollar un 'Pacto Nacional por la Excelencia Educativa'; promover un modelo "alineado" con los objetivos educativos de la Unión Europea, y basado en las mejores prácticas de cada comunidad; dotar a las consejerías de Educación de presupuestos adicionales, para situar el gasto público por alumno en la media europea.
Asimismo, Novella ha señalado la promoción de proyectos educativos fruto de entidades sociales, que faciliten la "libre elección de los padres", el fomento de 'escuelas de padres' y la potenciación de la figura del profesor como otras de las propuestas de la organización para la mejora del sistema educativo. "Este informe no pretende enfrentar a las comunidades autónomas, ni a la educación pública con la privada y la concertada", ha advertido, para concluir que "el estado de la educación en España repercute en el conjunto del país, en su futuro económico y en el progreso social".

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