Comisiones Obreras - Federación de Enseñanza
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Revista de Prensa

Adiós a la bolita de la oposición (EL PAIS)

Los exámenes para ser profesor ya no incluirán temas elegidos al azar sino preguntas cortas - Los aspirantes pasarán un año de prácticas en las aulas
J. A. AUNIÓN - Madrid - 10/06/2011

El proceso es el siguiente: el día de la oposición los aspirantes a profesores esperan sentados a que una mano inocente extraiga de la urna tres bolas numeradas (en el caso de que haya 30 temas); cada número corresponde a un tema de los estudiados y el opositor tendrá que escribir sobre uno de ellos. Unos 100.000 aspirantes pasan cada año por estos exámenes. Pues bien, el Gobierno quiere desterrar la bolita de la oposición, y con ella, el azar como elemento fundamental de la prueba. En su lugar, los opositores tendrán que contestar 10 o 15 preguntas cortas, según el borrador de real decreto en el que está trabajando el Ministerio de Educación. "Sacar tres o cuatro bolas y elegir una concede, con un número limitado de temas, muchas posibilidades de superar esta fase sin demostrar un conocimiento de todo el temario", explica el director general de Formación Profesional, Miguel Soler.
Las principales novedades son que ahora los aspirantes tendrán que aprobar una fase de prácticas de un año en un colegio o un instituto públicos. Y después demostrar ante un tribunal que sabrían afrontar con éxito un problema o caso que se presentara en ese centro. Pero antes de todo esto estará la fase de concurso-oposición, donde se valoran los méritos y la experiencia.
Así pues, al primer examen escrito, ahora sin bolita, se sucede uno práctico sobre los contenidos del área en la que se presentan (Lengua, Matemáticas, Ciencias, etcétera). Ambos, que puntúan del 0 al cinco, se aprueban sacando al menos un 2,5. Si se saca al menos esa nota en los dos, se pasa a la siguiente fase.
Se trata de una prueba sobre las capacidades pedagógicas y didácticas. En ella, los aspirantes tendrán una hora para preparar y exponer un supuesto práctico. El tribunal le dará tres opciones que tengan que ver con alguna situación a la que podrían enfrentarse en sus futuras clases. Esta parte se puntúa de 0 a 10 y se pasa con un cinco.
Los que aprueben llegan a la fase del concurso, que consiste en sumar a la nota media obtenida los puntos que le correspondan por su experiencia previa, las notas de la carrera y la formación extra, por ejemplo, en idiomas. El borrador de decreto reduce la ventaja que tenía la experiencia profesional sobre los otros méritos. Y se prima la nota media de los estudios y un buen nivel de idioma. Los méritos cuentan un máximo de 3 puntos, para evitar que los recién titulados, sin experiencia, estén en franca desventaja respecto a los interinos con años de docencia acumulados. "Un aspirante que saque más de un 8 de media en las dos primeras pruebas no podrá ser superado por un interino que saque un 5, por mucha experiencia docente que este tenga", explica Soler.
En el sistema actual, que se instauró de forma transitoria en 2006, se daba una serie de ventajas a los interinos para reducir las grandes bolsas que se habían formado con estos trabajadores en algunas comunidades. Pero este sistema nació con fecha de caducidad, que se cumple este año.
Pasadas todas estas fases, se llega a la práctica, la gran novedad. Si en la convocatoria se ofertan 50 plazas, los 50 primeros trabajarán durante un curso completo en un centro escolar. En ese tiempo, dedicarán la mitad de la jornada a impartir clase a los alumnos, y la otra mitad a las actividades de formación que diseñe el colegio o instituto. Al final del año, el aspirante deberá recibir el visto bueno (apto o no apto) de una comisión formada por un representante del departamento del que haya formado parte, otro del consejo escolar, el tutor de prácticas, el director y el inspector educativo del colegio.
Quienes tengan experiencia docente previa se podrán ahorrar este año de prácticas. Pero todos tendrán que hacer una prueba final ante un tribunal en la que defenderán la memoria didáctica de su trabajo durante el curso y prepararán y presentarán una propuesta de actuación sobre un supuesto práctico que le proponga el tribunal teniendo en cuenta el contexto social y organizativo del centro donde hayan trabajado. El que suspenda, podrá repetir la prueba solo una vez. Si vuelve a catear, perderá la plaza. Así, se endurece esta fase de prácticas que, aunque ahora ya existe, es más corta y suele ser un puro trámite burocrático.
La cuestión ahora será qué opinan de todos estos cambios los sindicatos y las comunidades autónomas (sobre todo las gobernadas por el PP), pues el Gobierno tiene muy poco tiempo para negociar y aprobar el real decreto.

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Una asociación internacional defiende la subvención a la enseñanza diferenciada (EUROPA PRESS)

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -


El director de la International Boys' Schools Coalition, Bradley Adams, ha solicitado al Gobierno español que no retire las subvenciones públicas a los centros escolares de educación diferenciada tras conocer el contenido del proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.
En una carta remitida a la delegación española de la European Association Single-Sex Education (EASSE España), el dirigente de la coalición internacional de más de 250 centros en 15 países, ha expresado su "preocupación" por el desarrollo de la futura norma que tiene que ser debatida en el Congreso de los Diputados.
"La educación diferenciada es un modelo pedagógico moderno que permite a los profesores potenciar de forma personalizada las capacidades de chicos y chicas, adaptándose a sus diferentes procesos de maduración y ritmos de aprendizaje", ha defendido este experto.
Adams ha recordado que el Tribunal Supremo español ha determinado en varias sentencias la legalidad de los colegios de educación diferenciada y su financiación pública, por lo que, a su juicio, "hay que rechazar cualquier iniciativa política que pretenda dañar el derecho de los padres a elegir el modelo pedagógico que prefieran para sus hijos en las mismas condiciones que el resto".
Asimismo, ha señalado que la investigación avala la educación diferenciada, "especialmente cuando la enseñanza y prácticas de las organizaciones educativas se adaptan a las diferentes necesidades de los niños y niñas".
Según ha explicado, varios países occidentales, incluido Reino Unido, Irlanda, Australia, EE.UU., Nueva Zelanda o Sudáfrica, tienen un número "muy relevante" de colegios públicos y privados de educación diferenciada. Por eso, ha señalado que España debería tener en cuenta la "exitosa experiencia pedagógica implementada en estos países".
El director de la International Boys' Schools Coalition ha explicado que en EE.UU. la legalidad de la implantación de este modelo pedagógico en todos los estados se ha visto refrendada mediante sentencias judiciales (2008) y el acuerdo entre demócratas y republicanos, "de modo que se impulsó este modelo pedagógico admitiendo que respeta los derechos humanos y la igualdad de género, al tiempo que responde a las necesidades educativas de niños y niñas".
Así, ha subrayado que actualmente hay muchos estados norteamericanos con programas educativos e iniciativas "de éxito" de educación diferenciada, y ha asegurado que las últimas investigaciones indican una correlación positiva entre la educación separada por sexos y los logros personales y académicos para niños y niñas.
"Muchos de estos programas, como los de Nueva York y Chicago, son modelos de éxito a la hora de revertir el bajo rendimiento de los chicos y las altas tasas de fracaso en las escuelas tradicionales de enseñanza mixta", ha apostillado.

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La Generalitat sustituirá los portátiles personales por ordenadores del colegio (EUROPA PRESS)

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -


La Consejería de Enseñanza de la Generalitat cambiará el modelo de digitalización de las aulas el próximo curso y, optativamente, en lugar de seguir dotando a los alumnos con un portátil personal, comprará ordenadores 'netbook' para el colegio, que deberán quedarse en el centro, y se combinarán con el uso de libros de texto.
En rueda de prensa, la consejera Irene Rigau ha explicado que habrá un cambio de modelo y que no habrá un ordenador portátil por niño, sino que serán ordenadores portátiles para el aula con "carros transportables" dentro del mismo colegio.
La materialización de este plan para el nuevo curso 2011-2012 se concreta en una dotación de 13.500 ordenadores para las aulas de Primaria y otros 31.000 en Secundaria, además de una dotación de pizarras digitales para 2.660 aulas.
No obstante, se trata de una previsión, ya que en Secundaria los 387 institutos públicos que están en el plan y que recibirán alumnos de primero de ESO podrán elegir --hasta finales de junio-- si continúan con el antiguo plan Educat 1x1, con ayudas a las familias para la compra del portátil, o bien recibir una asignación equivalente para comprar ordenadores y pizarras digitales.
Los institutos con estudiantes de segundo, tercero y cuarto de Secundaria que ya hacen 1x1 seguirán con este modelo integrándose en el 2.0, pero podrán adquirir libros complementariamente.
Mientras, los alumnos de institutos donde no había plan Educat contarán con el contingente de 100.000 ordenadores que hay en el sistema educativo y se verán equipados, prioritariamente, con pizarras digitales, y progresivamente podrán adquirir ordenadores a través del catálogo de materiales.
"Nuestro objetivo es financiar ordenadores que acaban siendo del centro, y no el que se acaba llevando el alumno a casa", ha explicado Rigau, quien ha remarcado que a diferencia de la situación actual, ahora hay libertad para elegir el modelo.
El programa tiene una previsión de dos cursos, de modo que afectará a 1.710 escuelas de Primaria y 574 institutos en 2012-2013. Además de la coyuntura económica, la consejera ha reprochado al plan 1x1 del ex consejero Ernest Maragall las limitaciones de conexión de los centros y el, aún por demostrar, impacto pedagógico.

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El Parlament pide retornar a las cuotas en el acceso a la universidad (EUROPA PRESS)

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -


La Comisión de Enseñanza y Universidades del Parlamento de Cataluña ha aprobado este jueves una propuesta de resolución en la que instan al Govern de la Generalitat a reiterar al Gobierno la "necesidad de retornar" al sistema de cuotas en el acceso a la universidad por parte de los estudiantes de ciclos formativos que estaba vigente hasta el curso 2008-2009.
La petición, presentada por ERC, ha salido adelante con los votos de todos los grupos políticos a excepción de PSC y C'S, que se han abstenido.
Lo que sí han aprobado por unanimidad todos los partidos catalanes ha sido expresar su preocupación por los cambios "constantes" en la normativa que fija el acceso a la universidad, al mismo tiempo que piden al Gobierno una mayor previsión para que los alumnos y los centros educativos puedan planificar su itinerario.
ERC fundamenta su propuesta de resolución en que unos 6.000 estudiantes se quedaron fuera de la universidad por la nueva normativa adoptada por el Ministerio de Educación, cuando con el modelo anterior no se había producido ninguna queja.
De hecho, los republicanos vaticinan que con la segunda modificación que establece un nuevo cálculo de la nota para acceder a los estudios universitarios, en la práctica se pueden quedar más alumnos fuera.

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Siete imputados de Contrapoder niegan haber profanado la capilla de Somosaguas (EUROPA PRESS)

DECLARAN POR ATENTADO A LA LIBERTAD RELIGIOSA
Siete imputados de Contrapoder niegan haber profanado la capilla de Somosaguas (EUROPA PRESS)

MADRID, 9 Jun. -


Siete imputados de la Asociación Universitaria Contrapoder han negado este jueves durante su declaración ante un juez de Pozuelo haber participado el pasado 10 de marzo en la profanación de la capilla de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ubicada en el campus de Somosaguas cuando un grupo de jóvenes organizados accedió al interior del templo y profirió insultos contra la Iglesia Católica, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Un total de seis mujeres y un hombre han acudido en calidad de imputados al Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo para declarar por un delito de atentado contra la libertad religisiosa y coacciones a instancias de una denuncia interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias.
Con "actitud desafiante" en sus palabras, según las mismas fuentes, los jóvenes universitarios han reconocido pertenecer a Contrapoder, si bien han negado que participaran en el asalto al templo, ya que en esos momentos se encontraban en un seminario de feminismo.
Asimismo, han negado que esta asociación universitaria estuviera detrás de la convocatoria para profanar la capilla. Además, han indicado al juez que Contrapoder es "una asociación universitaria asamblearia, sin jerarquías y donde ninguno manda"
Seis de los siete imputados se han negado a contestar a las preguntas de la acusación popular, que representa al sindicato Manos Limpias. Esta parte pretende acreditar la autoría de estos jóvenes en los hechos que se investigan, así como quién está detrás de la convocatoria.
Sólo una de las chicas imputadas ha respondido a la letrada de Manos Limpias, a quien ha indicado que entró en la iglesia como mera espectadora. Sin embargo, la imputación de esta joven se deriva de la identificación que hizo un compañero a la Policía.
Entre otras diligencias, Manos Limpias solicitará que se realice una fisonómica con la finalidad de que se cotejen los fotogramas colgados de los hechos en la página web de Contrapoder con fotos dubitadas de los imputados extraídos de sus documentos.
Asimismo, pedirán la testifical del restos de la Facultad de Ciencias Políticas, puesto que fue testigo de la marcha de los jóvenes desde el local de Contrapoder hasta la capilla asaltada.

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"El trabajador debe primar en el derecho laboral" (EL PAIS)

ENTREVISTA: JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
"El trabajador debe primar en el derecho laboral" (EL PAIS)
T. CALLEJA / F. J. BARROSO - Madrid - 10/06/2011

Juan Miguel Torres Andrés (Alicante, 1951) es desde el 12 de mayo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Probablemente la jurisdicción que más ha visto crecer su carga de trabajo debido a la crisis económica. Hoy el Consejo de Ministros regulará vía decreto la reforma de la negociación colectiva, uno de los ámbitos que nutren a los juzgados de lo social.
Como abogado laboralista en los años setenta, José Miguel Torres frecuentaba el ambiente de los letrados que fallecieron en el atentado perpetrado en 1977 por un grupo de ultraderecha contra un despacho situado en la calle de Atocha: "Claro que conocía a Javier [Sahuquillo] y a su mujer, Lola. Conocía a casi todos los que estaban allí. Yo trabajaba en el despacho de Cristina Almeida, en la calle del Españoleto, y Javier Sahuquillo lo hacía en la misma calle".
El derecho social hoy, según Torres, tiene poco que ver con lo que se hacía entonces. "El derecho laboral se está convirtiendo en derecho administrativo", asegura. "Pero en vez de ocuparnos de los funcionarios, nos ocupamos del personal laboral. Antes nos centrábamos más en temas como la huelga o los conflictos colectivos, y ahora abordamos más despidos de altos directivos, con cantidades desorbitadas".
Pregunta. ¿En qué más ha cambiado su profesión?
Respuesta. El derecho social va cambiando en función de la coyuntura económica. Y eso es una locura. Se ha tratado de deslegalizar el derecho del trabajo, lo que significa no regular por ley y apostar por la voluntad de las partes de la negociación colectiva. Eso en principio está bien, pero lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a los sindicatos o a los comités de empresa fuertes. Hay millones de españoles sin convenio colectivo.
P. ¿La jurisdicción de lo social está colapsada?
R. La jurisdicción de lo social siempre ha sido la más rápida. La media en las sentencias de despidos está en tres meses, y en reclamaciones y sanciones, en cinco meses. El incremento de trabajo por la crisis lo están sufriendo más los juzgados de lo social. Y en la sala lo estamos empezando a notar ahora. En el último año ha habido una subida en el número de pleitos de un 15%.
P. ¿Han detectado un aumento de los despidos objetivos después de la reforma laboral?
R. Todavía no han llegado a la sala. Hay muchos despidos objetivos, pero ya se daban antes de la reforma. El despido objetivo se creó hace mucho tiempo, lo que pasa es que se utilizaba poco, porque las empresas casi no ganaban sentencias. No lo hacían porque era una cosa extraña en el cuerpo de la realidad social. Pero el Tribunal Supremo ya ha dictado muchas sentencias en las que flexibiliza la interpretación de las causas económicas, organizativas y productivas. La reforma lo que pretende es flexibilizarlo todo más. Lo que pasa es que dictar sentencias sobre previsiones es imposible. Entonces ya no se trata de derecho, sino que es un tema de oportunidad. Cada juez tendrá que buscar la razonabilidad. Pero este es un concepto jurídico indeterminado, y que depende de la forma de pensar de cada uno. El Supremo tendrá que hacer una labor de depuración muy importante, pero yo creo que al final todo va a quedar como está.
P. Una de las reivindicaciones del Movimiento 15-M es que se investigue a los gestores de los bancos...
R. Es llamativo que estemos en crisis y parezca que los peor parados son siempre los mismos. Pero en la Ley de Procedimiento Laboral prima la posición del trabajador. No creo que sea una época para restricciones, porque bastante restrictivas están ya las leyes como para que sigamos aplicando criterios restrictivos. El derecho laboral tiene que seguir siendo un derecho en el que prime esa desproporción, y que de alguna manera favorezca la interpretación que sea más ventajosa para el trabajador.
P. ¿Se puede acabar con la siniestralidad laboral?
R. Creo que es un tema fundamentalmente de prevención, y ahí está la Inspección de Trabajo. A mí lo que me parece una barbaridad es que una persona vaya a trabajar con riesgo de no volver a su casa. Y en este país eso ha parecido normal. A mí me parece que no se puede ir a trabajar con el riesgo de morir. Parece que las muertes de accidente de trabajo tengan menos categoría, y eso no está bien.

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Gómez acepta variar la reforma de los convenios antes de aprobarla (EL PAIS)

El Ejecutivo da luz verde hoy a una norma abierta a cambios en el Parlamento
M. V. GÓMEZ / F. GAREA - Madrid - 10/06/2011
La reforma de convenios que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy no será definitiva. Después de más de cuatro meses de negociación fallida entre sindicatos y patronal, y de múltiples retrasos en la redacción de la reforma de negociación colectiva, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aún volvió ayer a emplazarles a que sigan negociando. Si hubiera pactos, Gómez ofreció al grupo socialista para recogerlos en el trámite parlamentario. Y mientras espera acuerdos de los agentes sociales, el Gobierno tendrá que sudar en el Congreso para lograr apoyos políticos y la viabilidad del último gran hito de la agenda reformista de Zapatero. "El proceso [de negociación política] no acaba mañana, empieza mañana", adelantó Gómez. Para facilitar la posibilidad de superar el trámite, el Ejecutivo ha aceptado que el decreto que aprueba hoy se convalide y luego se tramite como proyecto de ley.
El Gobierno se sabe débil. Gómez, en su emplazamiento a agentes sociales y políticos, admitió que está dispuesto a introducir cambios en casi todos los aspectos de la ley. Por ejemplo, el ministro ya rebajó de 20 meses a una horquilla de entre un año y 18 meses el plazo de negociación para la renovación de convenios. Y pese a que hoy se aprueba el decreto, solo fijó dos líneas rojas no sujetas a cambios: los cambios de condiciones sustanciales de trabajo (salarios, horarios, jornada...) tendrán que ser pactados y no impuestos por el empresario; y la prórroga indefinida y automática de los convenios (ultraactividad) que no cuenten con mecanismos de solución extrajudicial de conflictos es intocable.
Pero las posturas de partida de UGT, CC OO y CEOE no llevan a pensar en un acercamiento. Si el pasado miércoles era la patronal quien cargaba contra el borrador que el Gobierno les había puesto encima de la mesa, ayer lo hicieron los sindicatos. A la salida de una reunión con la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, los secretarios de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y de CC OO, Ramón Górriz, cargaron contra el borrador de reforma del Ejecutivo. "Estos dos sindicatos no se sienten implicados con esta reforma", concluyó Górriz. "Este no es el proyecto que corresponde al principio de acuerdo que se alcanzó con la patronal", criticó Ferrer.
Los sindicatos ya sabían de la intención del Gobierno de invitarles a seguir negociando. El miércoles, los líderes de las dos organizaciones, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT) se reunieron con el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. No obstante, anoche fuentes sindicales precisaban que ahora es el turno de los grupos políticos.
De momento, la primera prueba que tendrá que superar la reforma podría llegar en dos semanas. Será cuando el Congreso tenga que decidir si convalida el decreto. Para ello, al Gobierno le valdría la abstención de todos los demás grupos. Esa votación se plantea como un nuevo reto para Zapatero. Si la pierde quedaría en una situación aún peor, con la posibilidad de verse forzado a convocar elecciones.
Ningún grupo ha comprometido su apoyo aún. La izquierda lo rechaza. El Gobierno no cuenta con el PP. CiU dejó claro ayer que rechaza el proyecto del Gobierno. Por lo que respecta, al PNV, socio preferente del PSOE, aún todavía no ha llegado la aprobación.

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Trabajo rebaja ahora el plazo para renovar un convenio (EL MUNDO)

Begoña P. Ramírez | Elena Hita | Madrid
Actualizado jueves 09/06/2011
El ministerio de Trabajo ya ha hecho su primera modificación al borrador de reforma de la negociación colectiva, que mañana aprobará el Consejo de Ministros, al acortar el plazo para renovar un convenio.
Ahora, en lugar de los 20 meses previstos inicialmente para que sindicatos y patronal pactasen uno ya expirado, se fija una horquilla de entre 12 y 18 meses, en función de la duración del convenio.
En la rueda de prensa posterior al encuentro con los sindicatos para explicarles su propuesta, el ministro, Valeriano Gómez, ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para que sigan negociando en materia de flexibilidad interna, de tal manera que se puedan incluir sus alternativas como enmiendas al proyecto de reforma, durante su trámite parlamentario.
Gómez ha rechazado que el borrador "no atienda lo suficiente a la flexibilidad de las empresas", tal y como ha denunciado la patronal, y ha defendido que es la reforma "más atrevida y profunda" jamás realizada.
Así, para acabar con la "rigidez interna" de las compañías, que les "lleva a los despidos", el objetivo del Gobierno es "dar más flexibilidad a las empresas sin desproteger a los trabajadores".
En este sentido, Gómez ha defendido que su propuesta da "preferencia al convenio de las empresas frente al provincial", aunque "sigue prevaleciendo el sectorial y autónomico". "Uno de los defectos es el excesivo peso de los convenios provinciales y la dificultad de las compañías para salirse", ha dicho.

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Trabajo insta a sindicatos y CEOE a pactar enmiendas sobre convenios (PUBLICO)

El Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma de la negociación colectiva. Rubalcaba cenó el miércoles con Toxo y Méndez. El tiempo máximo para negociar la renovación de un convenio estará entre 12 y 18 meses
• A.R. Madrid 09/06/2011 13:49 Actualizado: 10/06/2011
Después de meses de negociaciones frustradas, hoy habrá reforma de la negociación colectiva. Unilateral, porque, como en otras ocasiones en los últimos años, sindicatos y patronal no han conseguido pactar una reforma que era prioritaria para el Gobierno. Es previsible que el borrador registre algunos cambios. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya apuntó ayer uno: el tiempo máximo para negociar la renovación de un convenio estará entre 12 y 18 meses, en función de su complejidad, y no en 20 meses, como contemplaba el primer texto, adelantado el miércoles en exclusiva por Público.
Fuentes cercanas a la negociación aseguran que la patronal no ha hecho alegaciones al texto, aunque sí los sindicatos. El Gobierno podría introducir algunas de estas apreciaciones sindicales, aunque aseguran que son de carácter técnico y que sólo afectarían a la redacción del texto, pero en ningún caso a la "parte sustancial" de la reforma.
Los sindicatos no se sienten "vinculados" con la reforma
El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, cenó el miércoles por la noche con los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. La cena tuvo lugar en el Ministerio de Interior. Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo reconoce el esfuerzo negociador que ha existido por parte de los sindicatos. De hecho, el ministro de Trabajo animó ayer a centrales y patronal a seguir dialogando para pactar enmiendas que llevar al debate parlamentario. Y es que, una vez que el Consejo de Ministros apruebe hoy la reforma, enviará rápidamente el texto al Congreso.
"El diálogo debe continuar", remarcó Gómez, que precisó que, en caso de que los agentes sociales lleguen a acuerdos para pactar enmiendas sobre flexibilidad interna, "ni por parte del Gobierno ni del Grupo Socialista habrá ninguna dificultad para trasladarlo en forma de enmiendas". También señaló los mecanismos de mediación y arbitraje como un punto en el que ambas partes pueden "avanzar en la negociación".
Entre los posibles apoyos parlamentarios, el Gobierno no parece contar ya con CiU, que se posicionó ayer claramente del lado de la patronal. Su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró que el grupo no apoyará la reforma de la negociación colectiva porque el borrador les parece una propuesta "desequilibrada", tal y como dijo el miércoles el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Duran i Lleida señaló que el documento no aborda el absentismo, no menciona la necesidad de ligar los salarios a la productividad y no afronta el tema de las mutuas. "Es un documento completamente insuficiente", dijo.
Las grandes empresas pagarán los ERE iniciados tras el 27 de abril
Con quien sí cuenta el Ejecutivo es con el respaldo del PNV, que ya se ha mostrado dispuesto a hacer "un esfuerzo" para apoyar una reforma que consideran compañera imprescindible de la reforma laboral. El Gobierno intentará también pactar con la izquierda parlamentaria, que se ha mostrado cercana al texto.
A pesar de la reticencia de sindicatos y patronal, fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que la reforma de la negociación colectiva sí será útil para el mercado laboral y la reactivación del empleo, una vez que arranque la recuperación económica. Además, el Ejecutivo considera que el mantenimiento de la ultraactividad (la vigencia de los convenios una vez han caducado y mientras se negocia otro) es un claro guiño a los sindicatos. También considera positivo que, desde ahora, el convenio de empresa prevalezca sobre el provincial.
Gómez dejó claro ayer que las negociaciones con los grupos parlamentarios nunca supondrán aprobar un sistema de ultraactividad que desproteja a los trabajadores.
Por su parte, los sindicatos dijeron ayer no sentirse "comprometidos" con la reforma. No obstante, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, admitió que se salvan "algunos muebles", como la ultraactividad, aunque muchos otros aspectos le parecen "manifiestamente mejorables". "No nos sentimos vinculados con su propuesta", subrayó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Recalcó también que dar preferencia al convenio de empresa es "romper el acuerdo".
La posición patronal también se repitió ayer en boca, de José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, que ve la reforma "insuficiente" para "el objetivo principal" que persigue y que es "la creación de empleo, informa Susana R. Arenes.
Fecha para el pago de ERE
El PSOE ya ha puesto fecha al nuevo criterio de aplicación de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Todas aquellas empresas con más de 500 trabajadores y que tengan beneficios tendrán que compensar al Tesoro Público en los ERE iniciados a partir del pasado 27 de abril. Es el caso de Telefónica, que precisamente anunció su ERE a mediados de abril. La fecha se incluye en una nueva enmienda del grupo socialista a la reforma de las pensiones.

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El PP enmienda la reforma de las pensiones para mantener la jubilación en 65 años (EL MUNDO)

Pide reducir un 20% las cotizaciones
El PP enmienda la reforma de las pensiones para mantener la jubilación en 65 años (EL MUNDO)
Europa Press | Madrid
Actualizado jueves 09/06/2011
El Partido Popular ha presentado 67 enmiendas al proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones en las que aboga por mantener la edad legal de jubilación en 65 años, a cambio de reforzar el principio de contributividad para acercar la edad real de retiro, situada en 63,4 años, a la legal.
No obstante, el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años sería voluntaria para el trabajador y se suprimiría la "jubilación forzosa" llegada esa edad, lo cual, según los 'populares' ofrece un "mensaje claro" de respaldo a la continuidad laboral con "incentivos adecuados".
De esta forma, se configuraría un nuevo "derecho subjetivo" a la jubilación para el trabajador, al que podrían acceder voluntariamente a partir del momento en que se cumplan los requisitos exigidos por la ley.
Acceso al 100% de la pensión con 65 años
En concreto, se plantea el acceso al 100% de la pensión con 65 años de edad y 37 años cotizados, en lugar de los 67 años que plantea el Gobierno, y se mejoran los incentivos a la continuidad laboral de entre 2,25 y 5% por año de actividad adicional, y para las largas carreras de seguro y la jubilación parcial.
Por otro lado, propone que puedan acceder a la jubilación anticipada los trabajadores con 63 años y 40 años de cotización, sin penalización.
En este sentido, el PP desvincula la jubilación parcial del contrato de relevo e incorpora coeficientes reductores a la primera si se produce antes de los 65 años, que podrán irse compensando si se continúa en activo más allá de esta edad.
Reducir costes salariales
Por contra, el PP mantiene el incremento progresivo del periodo de cálculo de la pensión a 25 años, pero pide que el ciudadano pueda elegir que se le aplique "de forma plena e inmediata" el periodo más amplio "si le resulta ventajoso".
En sus propuestas, el PP incluye también la reducción de hasta un 20% de las cotizaciones por contingencias profesionales de la Seguridad Social, que justifica porque la reducción de los costes salariales "constituye un incentivo a la creación de empleo".
Asimismo, el Grupo Popular plantea enmiendas que incorporan la revalorización anual de las pensiones como un derecho en la Ley General de Seguridad Social, con el compromiso explícito de recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas perdido en 2011 en los cuatro ejercicios siguientes "de acuerdo con las posibilidades económicas del país".
De igual modo, se condiciona cualquier incremento de pensiones superior al IPC a la aportación de recursos adicionales vía presupuestaria y no con cargo a cotizaciones, para garantizar la sostenibilidad.
Medidas para impulsar la natalidad
En cuanto a medidas para impulsar la natalidad, el PP quiere que se reconozcan 9 meses por hijo de cotización efectiva y 1 año a partir del tercer hijo, y año y medio a partir del quinto "a todos los efectos de la jubilación y la incapacidad permanente", sin que se condicione al abandono del mercado laboral ni a que las madres estén trabajando en el momento del nacimiento, como hace el Gobierno.
Además, pide dos nuevas bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social: de 2 años en el caso de contratos de interinidad vinculados a periodos de atención por maternidad, y de dos años por 1200 euros/año a contratos indefinidos a mujeres desempleadas con hijos menores de 1 año.
Para los autónomos, pide reconocer la exoneración de cuotas a autónomos con 65 o más años a efectos de la pensión de jubilación y de incapacidad permanente, y que los profesionales por cuenta propia en paro puedan sustituir las bases de cotización del periodo de desempleo por aquellas en que estuvo en actividad, "para ver mejoradas sus pensiones".
Autónomos en las mutuas
Asimismo, propone establecer un periodo transitorio que permita cotizaciones adicionales a los autónomos para que no vean penalizadas sus pensiones al incrementarse el periodo de cálculo de las mismas a 25 años, y que sus bases medias de cotización de los autónomos se adecuen a las del Régimen General, pudiendo incrementarse "cuando las circunstancias económicas lo permitan".
También plantea que las organizaciones representativas de los autónomos participen en los órganos de gobierno y participación de las Mutuas.
Por último, pretende dejar sin efecto algunas medidas del proyecto que considera "muy lesivas" para los ciudadanos, como la disminución de los complementos a mínimos para pensiones bajas, la incompatibilidad de salario y pensión para los discapacitados o profesionales colegiados, y el cambio en el método de aplicación de los coeficientes por edad, reclamaciones que el PP comparte con ERC, IU e ICV.

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Más protestas de los indignados contra los políticos y la reforma de los convenios (EL PAIS)

Los indignados se concentran frente al Ministerio de Trabajo en Madrid
En Valencia lo harán en el hotel donde Rubalcaba se reúne hoy con las bases del PSPV
EVA SÁIZ Madrid 10 JUN 2011
El Movimiento 15-M retoma fuerza tras el anuncio del levantamiento de la mayoría de sus acampadas. Unos 300 indignados que anoche estaban reunidos en la Puerta del Sol decidieron volver a las inmediaciones del Congreso para protestar por las cargas policiales en Valencia. Pero al margen de esta protesta, la celebración de distintas concentraciones y manifestaciones los últimos días en Madrid o Valencia responde a la nueva estrategia del movimiento para mantener vivo el espíritu de sus reivindicaciones una vez que los campamentos se desmantelen.
Esta mañana los miembros del 15-M de la acampada de Sol han acordado a través de las redes sociales concentrarse a las once de la mañana frente al Ministerio de Trabajo para continuar con las protestas contra la reforma de la negociación colectiva cuyo Decreto Ley aprueba hoy el Gobierno. El miércoles intentaron manifestarse frente a las puertas de la Cámara Baja para mostrar su rechazo a la modificación de esa norma. La policía les cortó el paso y se apostaron en el tramo de la carrera de San Jerónimo entre las calles de Cedaceros y Ventura de la Vega.
Anoche los activistas abandonaron ese mismo lugar pasadas las dos de la madrugada. Además de su rechazo a la carga policial contra los indignados de Valencia, exigieron el sobreseimiento de todos los cargos contra los detenidos allí, en Barcelona, Madrid y Santiago de Compostela. Francisco, un septuagenario con boina y provisto de un megáfono, protagonizó buena parte de la sentada. Este comunista que se define como revolucionario lleva en Sol desde que comenzó el Movimiento 15-M y es conocido por sus gritos y consignas que todos escuchan.

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El PP y el PNV piden suprimir el retraso de la jubilación a los 67 años (ABC)

El grupo popular mantiene el incremento progresivo del período de cálculo a 25 años pero eligiendo los años cotizados
EFE / MADRID
Día 10/06/2011 -
Los grupos parlamentarios del PP y del PNV pidieron hoy en sus enmiendas al proyecto de Ley de la reforma de las pensiones suprimir el retraso de la jubilación a los 67 años y mantener la edad legal en los 65.
El PP, asegura en una nota de prensa, que ha presentado 67 enmiendas al articulado y que plantea fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral propiciando largas carreras de jubilación para acercar la edad real (63 años) a la edad legal.
De esta forma plantea acceder al 100 % de la pensión con 65 años de edad y 37 de cotización, en lugar de los 67 que plantea el gobierno, así como incentivos a la continuidad laboral que oscilarían entre el 2,25 % y el 5 % por año de actividad adicional. Entre sus enmiendas destaca la que reclama una jubilación anticipada con 63 años y 40 de cotización, sin penalización, y desvincula la jubilación parcial del contrato de relevo. El grupo popular mantiene el incremento progresivo del período de cálculo de la pensión a 25 años pero eligiendo los años cotizados.
En sus enmiendas incorpora la revalorización de las pensiones como un «derecho» y plantea recuperar el poder adquisitivo con la congelación de las pensiones en 2011. Por su parte, el PNV también reclama la supresión de la edad de jubilación a los 67 años ligada a los 37 años de cotización porque «no se corresponde con ninguna recomendación del Pacto de Toledo y no ha sido debatida por los interlocutores sociales». Asimismo, pide, al igual que hizo el grupo de ERC-IU-ICV, eliminar la nueva regulación de la jubilación anticipada por cese involuntario que está vinculada a la exigencia de que seis meses antes de solicitar la jubilación el demandante esté inscrito en el registro del paro.
También, no limitar el acceso a la jubilación parcial a los funcionarios, ya que lo consideran «oportuno y conveniente» para la sostenibilidad financiera del sistema ya que consideran que de lo contrario aumentarían las jubilaciones anticipadas, más costosas para el sistema. El PNV además incluye otra enmienda, en el mismo sentido que la de CiU, de aumentar los días de cotización reconocidos a las familias con hijos, hasta un total de 256 días por cada uno, y de 365 en caso de familia numerosa. Al respecto, el PP va más allá y ha presentado una iniciativa en la que pide reconocer 9 meses por hijo de cotización efectiva (un año a partir del tercer hijo y año y medio a partir del quinto), sin condicionar que los padres trabajen o no en el momento del nacimiento.

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