Comisiones Obreras - Federación de Enseñanza
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Revista de Prensa

La reforma educativa llegará al Congreso después del verano (el país)

El ministro Wert asegura que se reforzarán la asignaturas instrumentales como lengua, matemáticas e inglés
Agencia EFE Madrid 2 MAY 2012 - 21:17 CET256

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado que la reforma académica que prepara el Gobierno llegará al Congreso previsiblemente después del verano y entraría en vigor progresivamente a partir del curso 2013-2014. No obstante, los temarios de la materia Educación para la Ciudadanía se modificarán por real decreto para que se estudien ya el curso próximo, si bien el cambio de nombre por el de Educación Cívica y Constitucional tendrá que esperar a la reforma en sí de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Apunta Wert que se reforzarán las asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) en un posible cambio de planes de estudio. Como argumento, rechaza el "excesivo grado" actual de elección de materias optativas, alude a la "falta de troncalidad" de los currículos y a la pérdida de la cultura del esfuerzo. "En definitiva, se trataba [hasta ahora] de que hubiera muchas opciones para que el alumno pudiera elegir lo que le resultara más fácil o más grato", asegura, así que se revisará todo esto con una "altísima probabilidad de modificación".

Justifica el aplazamiento de los módulos de FP de 2.000 horas por razones de eficiencia "de acuerdo con todas las comunidades", y también la postergación de los cambios en el cuarto curso de la ESO aprobados por el anterior Gobierno socialista. A su juicio, no tendría sentido incorporar esos cambios para que estén vigentes solo un curso, ya que la reforma educativa anunciada por el Gobierno se refiere a esas etapas. Resume el núcleo de la reforma en la "conversión" de cuarto de la ESO en un curso "propedéutico", es decir, con "mucha troncalidad y una diversificación de caminos" entre el bachillerato y la FP de grado medio. "Pero ese curso -precisa- sigue formando parte integrante de la educación obligatoria y gratuita. No existe una titulación de la ESO previa a cursar ese año". La idea, subraya el ministro, es que la elección temprana pueda servir de motivación para continuar el recorrido académico a estudiantes que hoy no la tienen.

También defiende revisar "en profundidad" y acordar con las comunidades los indicadores y criterios de medida del rendimiento académico de las evaluaciones censales de alumnos de la enseñanza no universitaria y ver su articulación con la muestral de PISA.
Señala como otro elemento importante de la reforma el futuro estatuto del docente público, dado que los profesores son protagonistas activos del proceso educativo. "Las comparaciones internacionales ponen de manifiesto que, en España, el ingreso en la carrera docente es atractivo desde el punto de vista económico, pero deja de serlo después porque tiene muy pocos incentivos", no solo monetarios, también de progresión profesional, especialización y actualización de conocimientos. Indica, además, la necesidad de evitar obstáculos en el proceso de selección para que los mejores estudiantes se interesen por la docencia.

Preguntado sobre quién asumirá el coste de la reforma, Wert comenta que corresponde a la Administración central ser responsable como autora de la legislación básica. "Evidentemente, en las circunstancias económicas y financieras que estamos -advierte-, vamos a ser enormemente cuidadosos en establecer los calendarios de implantación que sean necesarios para evitar que el coste se convierta en obstáculo para la reforma". El tipo de cambio que se prepara "no tiene por qué ser oneroso desde el punto de vista económico", según Wert, quien se muestra confiado en conseguir fondos europeos de programas de reducción del paro juvenil, especialmente para la FP.

El ministro destaca como "absolutamente esencial" el diálogo amplio con todas las partes del sector - sindicatos y asociaciones profesionales, empresariales y de estudiantes-, y como "extremadamente deseable" un pacto. "Las bases del sistema educativo -enfatiza- son tema de Estado, en el que es deseable un amplio acuerdo entre fuerzas políticas y también dentro de la comunidad educativa. No voy a regatear esfuerzos en esa dirección", remacha. Reconoce que el ambiente para el acuerdo no es el más propicio en estos momentos, porque los "intereses legítimos" de los agentes del sistema pueden no ser favorables a las medidas de ahorro en educación aprobadas por el Gobierno recientemente. Pero el pacto educativo, subraya, es el que se teje en torno a la legislación educativa básica.

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Wert: «Lo urgente hoy es ahorrar; lo importante, después, reformar la educación» (abc)

«El ahorro en educación y sanidad no es un capricho que el Gobierno quiera imponer a las comunidades, sino una cuestión de supervivencia» dice el ministro
efeabc_es / madrid
Día 01/05/2012 - 17.50h

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, asegura que el ahorro en educación y sanidad no es «un capricho» que el Gobierno quiera imponer a las comunidades, sino una cuestión «de supervivencia» de los pilares centrales del estado del bienestar.

«Aquí estamos hablando de lo urgente, no de lo importante», según Wert, quien diferencia entre la apremiante necesidad de ahorrar y la reforma académica que prepara el Gobierno para combatir el fracaso y el abandono escolares.

En una entrevista con la Agencia EFE, el ministro precisa que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno persigue una mayor eficiencia del gasto autonómico, pero reconoce que esas medidas «no son la reforma educativa» ni van a contribuir a superar los problemas de la educación.

Wert asegura que es «imposible» que las comunidades cumplan el objetivo obligatorio de déficit si no ajustan el gasto en sanidad y educación, que suponen el 70 por ciento de sus presupuestos, pero está convencido de que estos ajustes no van a repercutir sobre la cobertura ni la calidad de los servicios.

La reforma educativa, después del verano
Los principales problemas de la educación, como el fracaso escolar, se afrontarán en la reforma de la Ley Orgánica de la Educación (LOE), que comenzará a tramitarse después del verano.

El titular de Educación mantiene que una buena parte de las medidas de contención del gasto sería «razonable» adoptarlas incluso al margen del objetivo de consolidación fiscal, y apunta en ese sentido a las relacionadas con la educación universitaria y la secundaria postobligatoria.

Cree que durante los últimos años se ha extendido una cultura educativa del "gratis total" que va «mucho más allá» de la enseñanza obligatoria y gratuita (de 6 a 16 años), y señala la importancia que tendrá aquí la futura «Carta de Derechos Básicos Educativos».

El ministro defiende además la importancia de que todas las comunidades compartan una «filosofía común» de cómo financiar etapas educativas que no son ni obligatorias ni gratuitas, como la universidad, y advierte por ejemplo de que las diferencias abultadas de tasas universitarias podrían provocar una «avalancha» de estudiantes hacia las que las tienen más bajas.

«Queremos que las comunidades dispongan de un margen para poder ajustar su política educativa a las exigencias de consolidación fiscal. No podemos crear sistemas cada vez más desiguales», manifiesta el ministro al ser preguntado por el incremento de las tasas universitarias desde el próximo curso, que cubrirán entre el 15 y el 25 por ciento del coste efectivo de los estudios.

Según Wert, se establece un sistema «flexible», de horquillas, para permitir que las comunidades que están más cerca de cumplir el objetivo de déficit puedan subir menos las tasas que las que se encuentran más lejos del objetivo.

La subida de las matrículas en las universidades públicas supondrá, detalla el titular de Educación, un incremento medio de 540 euros al año (45 euros mensuales).

No duda Wert de que esta cantidad puede causar dificultades económicas en algunas familias, por lo que el Ministerio negocia con el ICO la concesión de préstamos para alumnos que no estén exentos de pagar las tasas por razones de renta.

En ese sentido, insiste en que no se van a revisar los umbrales económicos para acceder a las becas, de forma que más del 20 por ciento de los alumnos seguirán exentos del pago de matrícula.

Hacia una nueva financiación universitaria
El ministro relaciona las tasas universitarias con la necesidad de reducir el gasto de las comunidades en las universidades, pero también con una reflexión sobre cómo se financia la educación superior pública.

«Sin un esquema claro, viable y sostenible de financiación, nunca vamos a tener una universidad con capacidad de competir internacionalmente (...); con el modelo de gobernanza y de financiación que tenemos ni van a venir alumnos ni profesores extranjeros», mantiene el ministro.

Preguntado por las anunciadas movilizaciones estudiantiles, Wert recuerda el caso británico, cuando llegó el Gobierno de David Cameron y situó las tasas universitarias en 9.000 libras (10.500 euros), lo que «incendió» las calles.

«Hoy, todas las universidades (británicas) están funcionando; no se ha reducido la población universitaria, y la mayor parte de ellas se encuentra en equilibrio económico y el gasto público en esa materia se ha reducido drásticamente», señala.

Esto lo relaciona también con un sistema de préstamos que ya existía pero que se ha hecho «más generoso».

Aparte de los requisitos económicos, los alumnos tendrán que obtener más de un aprobado justo desde la próxima selectividad para tener beca (entre un 5,5 y un 6) y, para su renovación, superar cada curso el 85 por ciento de los créditos (ahora es el 80) de la mayoría de las carreras o el 65 por ciento en la ingenierías y arquitectura (ahora es el 60).

Wert argumenta que el 40 por ciento de los becarios que ingresan en la universidad con una nota inferior al 5,5 dejan la carrera el primer año.

Prefiere el ministro no hacer un diagnóstico sobre la universidad hasta conocer el informe del grupo de expertos designado por el Gobierno, pero sí ve «evidentes» algunas disfunciones como el elevado paro de universitarios o el «subempleo» de muchos de ellos, a lo que suma un «déficit muy acusado» de profesionales técnicos intermedios (titulados en FP).

La constitución impide devolver competencias
El ministro tacha de «pueril y disparatado» el cálculo de los sindicatos, que cifraron en 100.000 los puestos de profesores interinos que se perderán a causa de ajustes como aumentar los alumnos por aula y las horas lectivas.

Advierte que prescindir de tantos docentes ahorraría unos 4.000 millones de euros, pero que el Ministerio ha planteado un ajuste de 3.000 millones de euros entre todas las medidas de ahorro.

Finalmente, y sobre la posibilidad de que el Gobierno central reasumiera competencias como las de Educación, el ministro es concluyente: «las comunidades pueden o no asumir competencias, pero cuando las asumen la Constitución no establece ningún procedimiento para devolverlas».

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Wert revisará la ley para no dar el título de la ESO con suspensos (el país)

Los estudiantes pueden lograr hoy el certificado con tres asignaturas pendientes
El 20% supera así la Educación Secundaria en varias autonomías

J. A. Aunión / Alejandra Agudo Madrid 2 MAY 2012 - 21:22 CET37

El Ministerio de Educación revisará la ley para que no se pueda obtener el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con asignaturas suspensas. La norma permite conseguirlo hasta con tres suspensos, y en torno a un 20%-25% de los alumnos que se titulan en la ESO lo hacen sin haber aprobado todas las materias, según el sondeo hecho en cuatro comunidades (no hay estadísticas oficiales y algunas autonomías no ofrecen datos). “Que uno pueda titularse sin haber aprobado todas las asignaturas no deja de ser algo un tanto singular”, dijo este miércoles el ministro de Educación, José Ignacio Wert, a la agencia Efe.

Hay dos maneras de entender la educación obligatoria: como una suma de cursos, materias y contenidos que hay que aprender y recordar; o como una etapa integral que tiene como objetivo que los jóvenes adquieran una serie de habilidades básicas para poder desenvolverse en la vida y seguir estudiando, explica el presidente de la asociación de directores de centros públicos Fedadi, José Antonio Martínez. Desde la primera óptica, dice, “quizá tenga sentido” la idea del ministro. Pero no lo tiene si se concibe la educación obligatoria “como recomiendan los informes internacionales y el Consejo de Europa, es decir, como un proceso para dar a los jóvenes unas competencias básicas para la vida”, unas habilidades que pueden tener aunque “se les dé mal alguna asignatura”.

De hecho, el experto de la Unesco Francesc Pedró dice que “lo raro está probablemente en España”, pues, en la mayoría de países “el título se le niega a muy poca gente, y las tasas de reprobación dependen más del camino que se vaya a elegir después” de la enseñanza obligatoria, explica.

En España, el título de la ESO es imprescindible para seguir los estudios. Según la ley vigente desde 2006, se puede obtener con dos asignaturas suspensas y, excepcionalmente, con tres, si los profesores juzgan “que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos”. En general, las autonomías han especificado que no se podrá pasar si simultáneamente se han suspendido Lengua y Matemáticas ni si el alumno ha decidido abandonar la materia y no ha hecho ningún esfuerzo por aprobarla. No hay datos oficiales sobre el porcentaje de estudiantes que se titulan en la ESO con suspensos, pero según la información recogida en cuatro comunidades el porcentaje va desde el 19% en Baleares, alrededor del 22% en el País Vasco o Navarra, hasta el 26% en Cataluña.

La ley educativa redactada en 2002 por el Gobierno del PP (LOCE, que no llegó a desarrollarse) establecía criterios muy parecidos a los actuales, salvo que ponía el límite de suspensos aceptables en dos materias y nunca podían ser a la vez Lengua o Matemáticas. Es decir, que acotó pero no eliminó la posibilidad de titular con algún insuficiente establecida en los años noventa: la LOGSE lo dejaba en manos del profesorado.

Explican muchos especialistas que se trata de poner en la ley algo que tradicionalmente han hecho los docentes; decidir si algún suspenso se puede convertir en aprobado para aquel alumno con problemas en alguna materia, pero suficientemente preparado para seguir adelante.

En Cataluña, se aprobó el pasado marzo —para evitar abusos, explica la Generalitat— que en las reuniones de evaluación no se pudieran cambiar de suspenso a aprobado más de dos materias para llegar a esos dos o tres suspensos permitidos para promocionar.

De hecho, hay un sector del profesorado, de expertos y padres que apoyan a Wert y que se quejan de la permisividad del sistema. “Me parece muy sensato [lo que propone el ministro]. Lo que no es sensato es poder pasar con suspensos, pues no estimula al alumno a esforzarse. Hay que enseñar a los jóvenes que la vida es así, que no todo se consigue a la primera”, dice el presidente de la asociación católica de padres Concapa, Luis Carbonel.

En España, el índice de abandono escolar temprano es de los más altos de Europa, del 26,3% en 2011, aunque está bajando rápidamente. Además, también el porcentaje de repetidores (medida que se toma con criterios similares a los que se usan para conseguir el título de la ESO) es de los más altos: en torno al 40% a los 15 años. La OCDE lanzó recientemente un documento en el que recomendaba reducir al máximo el recurso de la repetición, pues lo consideran caro e ineficaz.

Las normas

LOE (2006). La ley establece que podrán obtener el título de ESO los alumnos con dos o, excepcionalmente, con tres suspensos, si el equipo de profesores cree que de todas maneras se han alcanzado los objetivos. Después, las comunidades han añadido criterios como que no pueden ser a la vez Lengua y Matemáticas las suspendidas.
LOCE (2002). La ley aprobada por el PP ya preveía que se pudiera obtener el graduado con dos suspensos, siempre que no fueran simultáneamente en Lenguaje o Matemáticas.
LOGSE (1990). La ley solo decía que obtendrían el título los alumnos que superaran la etapa satisfactoriamente, es decir, que quedaba la decisión en manos de los docentes.

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Incluir, no seleccionar (el país)

La ESO es el nivel que consideramos apropiado como mínimo para el conjunto de los ciudadanos, no un nivel selectivo
Jaime Rivière 2 MAY 2012 - 21:17 CET

Un aspecto preocupante de las declaraciones recientes del ministro de Educación, que me temo es compartido por algunos en la comunidad educativa, es la idea de que no es apropiado que la enseñanza obligatoria se supere con asignaturas suspensas. En la lógica “de sentido común” de esta interpretación, la educación es una serie de aprendizajes de materias que se deben superar. La superación de estas materias habilita administrativamente para cursar el siguiente nivel y colgar un título en la pared. Esta concepción normal es además concomitante con el discurso neoconfuciano de la “cultura del esfuerzo” que tanto atrae a algunos.

Pero la ESO es el nivel que consideramos apropiado como mínimo para el conjunto de los ciudadanos, no un nivel selectivo. Es además un nivel pensado, como los de todos los países desarrollados, desde el punto de vista de una formación integral del alumno, y no tanto desde aprendizajes concretos: estos son importantes en su conjunto, en el proceso de conformación intelectual y personal del adolescente, y no tanto tomados particularmente, una vez superado un cierto nivel básico, lógicamente. Si impedimos que la promoción de los alumnos dependa del criterio conjunto del profesorado, como hasta ahora, no vamos a conseguir un sistema mejor, sino peor: más centrado en aprendizajes irrelevantes o arbitrarios y menos en la formación integral. Más dependiente del contexto regional, social y del centro. Menos centrado en el cultivo de aptitudes y actitudes y más en su selección para el nivel siguiente (que, por otra parte, sí tiene un carácter selectivo más claro). La consecuencia final, me temo, es una ESO con más fracaso, no con menos.

Frente a la interpretación que liga exigencia y calidad, una serie de análisis recientes llaman la atención sobre el hecho de que, al contrario que en otros países con los que nos comparamos habitualmente, el sistema educativo español insiste en impedir la continuación de los estudios a los estudiantes que no terminan la ESO en las condiciones exigidas. Es lo que Julio Carabaña y José Saturnino Martínez llaman fracaso administrativo. Si, en vez de impedir la continuación de los estudios (incluida la FP) a los que no terminan, se les permitiera continuar sus estudios, aunque fuera condicionalmente, el abandono temprano sería mucho más bajo.

El problema es la insistencia en que la calidad de la secundaria depende de su capacidad selectiva, cuando en realidad está concebida —en todas partes— como un nivel inclusivo.

Jaime Rivière es profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca.

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El Gobierno estudia cambiar la Selectividad y la promoción entre cursos (EUROPA PRESS)

Previas al Bachillerato
El Gobierno estudia cambiar la Selectividad y la promoción entre cursos (EUROPA PRESS)

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estudia modificar la actual Prueba de Acceso a la Universidad, más conocida como Selectividad, las condiciones de promoción entre cursos y los procesos de evaluación de las etapas anteriores al Bachillerato.

Estas son algunas de las medidas para la reforma de la Enseñanza Secundaria del Gobierno, que estudia un nuevo procedimiento de evaluación externa del Bachillerato y del acceso a la Universidad, según el Programa Nacional de Reformas que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas.

Asimismo, concreta que la reforma de la Secundaria se centra en la sustitución de 4º de la ESO por un curso "de carácter propedéutico", tanto en el itinerario del Bachillerato, como en el de Formación Profesional de Grado Medio. Para ello, baraja la anticipación de la especialización educativa a los 15 años y reforzar las materias troncales del Bachillerato, que presentan "mayor debilidad" en el sistema actual.

El Gobierno también estudia modificar los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), tanto los requisitos de acceso a los mismos, como su duración y efectos en la titulación y condiciones para obtenerla. También cita la promoción del bilingüismo, la autonomía de los centros o la "problemática" del personal docente como otros de los asuntos susceptibles de reforma.

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La beca salario universitaria requerirá aprobarlo todo (el país)

Este tipo de beca está pensada para los hijos de las familias más pobres
Amanda Mars Madrid 1 MAY 2012 - 08:24 CET283

El Gobierno prometió no meter la tijera en las becas generales, pero ha endurecido las condiciones de acceso, con lo que se abre otra vía al recorte. El Plan Nacional de Reformas hecho público ayer establece que los universitarios con beca salario solo se conservarán si el estudiante aprueba el 100% de los créditos matriculados. Este tipo de beca incluye el pago de la matrícula y una ayuda mensual y está pensada para que los hijos de las familias más pobres no dejen los estudios tras superar la formación obligatoria. El porcentaje en el caso de Ingeniería o Arquitectura se suaviza al 85%. La nota mínima para acceder a esta ayuda será un 6. Los cambios entran en vigor el próximo curso.

En general, para acceder a la condición de becario en primero de carrera es necesaria una nota del 5,5 y para renovar esta ayuda los estudiantes deben aprobar el 90% de los créditos matriculados, con excepción de los alumnos de Arquitectura e Ingeniería, que deben superar el 65% de los créditos.

Hasta ahora se exigía una media de 5 para obtener la ayuda y la superación del 80% de los créditos para conservarla, excepto en las Ingenierías, donde es necesario el 60%. Además, no se becará la segunda matrícula de una misma asignatura, es decir, los suspensos.

El Ejecutivo también quiere impulsar la formación profesional y reducir el peso del bachillerato. Su objetivo es un descenso anual, a partir del próximo curso, un 1,9% el número de alumnos de bachillerato y suba un 8% el de ciclos formativos de grado medio.

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Desarrollo del plan para las prácticas en empresas (el país)

El proyecto concretará el contenido y la formación que le acompañará, la duración y la evaluación
Amanda Mars Madrid 30 ABR 2012 - 22:26 CET1

El Gobierno ha incluido en el Plan Nacional de Reformas las medidas para impulsar las prácticas profesionales en empresas de forma paralela al ciclo formativo o al final de este proceso. El programa para los jóvenes de 18 a 25 con formación pero sin experiencia profesional supondrá el desarrollo del decreto ley del anterior Gobierno (RD 1453/2001, del 31 de octubre) por el que se regulaban las prácticas no laborales en empresas.

El plan de este lunes concreta algunos aspectos. Se articulará a través un convenio de colaboración entre el servicio público de empleo y la empresa "para garantizar la calidad de las prácticas". El proyecto concretará su contenido y la formación que le acompañará, la duración (de entre tres y nueve meses) y los sistemas de evaluación.

Habrá un tutor y el aprendiz logrará una certificación tras el periodo de prácticas.

Además, el joven percibirá una beca económica de apoyo y será incluido en el régimen de la Seguridad Social. El programa se financiará con fondos del servicio público de empleo "y el coste de esta medida podría incluirse para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo".

Habrá además un programa específico para jóvenes sin formación, que buscará combinar la actividad formativa con la realización de prácticas no laborales. En este caso, ya se llevó a cabo la convocatoria de subvenciones a finales de 2011 y se aprobaron 60 proyectos.

El plan también prevé la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.

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Wert cesa al vicepresidente del Consejo Escolar del Estado (EUROPA PRESS)

NOMBRA A CINCO CONSEJEROS NUEVOS
Wert cesa al vicepresidente del Consejo Escolar del Estado (EUROPA PRESS)

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha cesado al vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, Patricio Blas, a petición propia, según ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge Europa Press.

Asimismo, se han cesado a cinco consejeras titulares de este órgano consultivo: Ángela Cerrillos, representante de organizaciones de mujeres con implantación en todo el Estado; la exdirectora del Instituto de la Mujer, Teresa Blat; y a Enriqueta Chicano y Ana Rubio, como personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de género.

Las sustituyen en el cargo la diputada del Grupo Popular en el Congreso y presidenta de la Asociación Familias y Mujeres en el Ámbito Rural, Carmen Quintanilla, y la nueva presidenta del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza.

Como personalidades de prestigio en la lucha contra la violencia machista, Wert ha nombrado a la vocal del Observatorio Contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gemma Gallego y el presidente de la Audiencia Provincial de Alucante Vicente Magro.


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Cuatro de cada diez ofertas de empleo son para Formación Profesional (EUROPA PRESS)

INFORMÁTICA, INDUSTRIA y HOSTELERÍA
Cuatro de cada diez ofertas de empleo son para Formación Profesional (EUROPA PRESS)

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada diez ofertas de empleo se dirigen a profesionales titulados en Formación Profesional (FP), según datos de la compañía de recursos humanos Randstad, que concluye que, a pesar de la reducción del empleo hay determinados perfiles --informática, industria, hostelería, administración y comercio-- que todavía cuentan con oportunidades laborales.

Según Randstad, este hecho "es una consecuencia más del aumento de cualificación que se está viviendo en el mercado laboral y que provoca que los profesionales mejor preparados sean los que más fácilmente están accediendo a un empleo". Además, indica que responde a una "necesidad básica de las empresas" que para ser más productivas "necesitan profesionales con una formación práctica directamente relacionada con el puesto de trabajo".

Este hecho está provocando un aumento en el número de estudiantes en estas titulaciones, según los datos de matriculación y su progresión durante los últimos cursos. En 2011 había en España 610.860 alumnos, lo cual supone un 5,6 por ciento más que lo registrado durante el año anterior.

En cualquier caso, estas cifras colocan a España "aún lejos de las del resto de Europa", afirma esta compañía de trabajo temporal, que explica que si en España el 35,2% de los alumnos que finalizan su escolaridad obligatoria optan por la Formación Profesional, en la UE27 esta cifra llega hasta el 58 por ciento de media, según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero su empleabilidad es "aún mayor en otros países".

Asimismo, recuerda un reciente estudio de la Generalitat de Cataluña, que afirma que del total de estudiantes que concluyeron un ciclo de Formación Profesional durante 2010 en esta comunidad autónoma, un 47 por ciento consiguió un trabajo entre seis y nueve meses después, cuatro de cada diez continuaron estudiando y sólo un 13 por ciento seguía buscando trabajo.

RANAS CON MEJORES PERSPECTIVAS
Según datos de esta compañía, los puestos más solicitados por las empresas para titulados de Formación Profesional se concentran en las ramas de Informática y Comunicaciones, Hostelería, Industria, Administración y Comercio y marketing.

En el sector de la informática y las comunicaciones influye, a juicio de Randstad, la "constante evolución" que afecta a la innovación tecnológica, lo que sitúa a este ámbito en "permanente auge". Los puestos más demandados son programador, diseñador de páginas web, experto en redes de comunicación y técnico de sistemas, entre otras.

En lo relativo a la industria destaca todos los perfiles relacionados con la fabricación mecánica, la metalurgia, los bienes de equipamiento, la electricidad y la industria aeronáutica, además de otros sectores como el de la industria extractiva. En esta rama, advierte de que la experiencia se convierte en un factor "imprescindible" a la hora de acceder a un empleo.

La hostelería, a pesar de ser un sector sujeto a variaciones estacionales, ofrece, según Randstad opciones laborales en turismo rural o entre las empresas de catering. Por otro lado, la Ley de Dependencia "ha reactivado" puestos de trabajo relacionados en materia de atención a personas mayores, niños, personas con discapacidad y dependientes en general. Junto a ellos se solicitan auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio o de radiología.

Por su parte, indica que la rama de administración cuenta con ofertas para perfiles de contable, auxiliar administrativo y secretariado de dirección. Por último, dentro del área de comercio y marketing el perfil que más demandan actualmente las empresas es el de comercial, así como de todos aquellos profesionales relacionados con la distribución y el transporte.

Otro aspecto que destaca el estudio es el que tiene que ver con el tiempo que tardan en encontrar un trabajo de estas características. Actualmente, las empresas exigen un mínimo de entre uno y tres años de experiencia, por lo que el primer contacto laboral suele ser a través de prácticas en compañías gestionadas directamente a través de los centros de estudios.

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PSOE quiere que la tasa de reposición del profesorado se eleve al 30% (EUROPA PRESS)

FRENTE AL 10% FIJADO
PSOE quiere que la tasa de reposición del profesorado se eleve al 30% (EUROPA PRESS)

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

EL Grupo Socialista en el Congreso ha registrado una enmienda de modificación al Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (artículo 23, apartado 1.2) en la que propone que se eleve la tasa de reposición del funcionariado docente al 30 por ciento, ya que el Gobierno la redujo al 10 por ciento el pasado mes de diciembre.

Según indica el PSOE, con esta modificación se garantiza la prestación de los servicios públicos "esenciales", para lo que es necesario que al menos las ofertas de empleo público incluyan el 30 por ciento de las vacantes, no sólo de profesores, sino también de personal sanitario, policía autonómica, militares, jueces y personal para la extinción de incendios.

El Gobierno decretó a finales de diciembre una bajada en la tasa de reposición docente del 30 por ciento al 10. Se trata del porcentaje que por ley las comunidades tienen que cubrir con nuevos profesores en relación con el número de docentes que se dan de baja en el sistema, por jubilación en la mayoría de los casos.

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La Generalitat amenaza con llevar ante el TC los recortes universitarios del Gobierno (abc)

Alega que el decreto invade competencias autonómicas en cuatro puntos
e.a / barcelona
Día 03/05/2012 - 03.19h

Primero fue la consejería de Educación y ahora es la Secretaría de Universidades de la Generalitat, la que quiere llevar ante el Tribunal Constitucional (TC), los recortes impulsados por el Gobierno del Partido Popular (PP).

Los Responsables de la citada Secretaría han emitido un comunicado en el que advierten de que el Govern ha llevado los recortes en universidades ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) como paso previo a la presentación de un recurso ante el TC.

Las autoridades académicas catalanas alegan en la nota que el decreto de enseñanza universitaria invade las competencias propias del autogobierno en cuatro puntos del texto, al margen de que éstos son «contrarios» a las bases del modelo universitario catalán que tiene la equidad como uno de sus ejes fundamentales para acceder a la educación superior, informa Ep.

Más becas
El texto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo prevé que el estudiante pueda asumir el 25% del coste de una titulación, lo que el Govern acepta sólo si va acompañado de un aumento de los fondos de becas del Estado que debería ser transferido a la Generalitat.

«Exigimos al Estado que aumente el dinero destinado a becas para el estudio, tal como ha hecho Cataluña vinculando el 25% de incremento de precios al fondo catalán de becas de equidad», ha subrayado el secretario de Universidades de la Generalitat, Antoni Castellà.

En este sentido, el gobierno catalán ha recordado que condiciona cualquier medida sobre precios públicos al hecho de que ningún estudiante quede fuera de la universidad por razones económicas. Según el redactado actual del decreto, el Gobierno no incrementa la partida presupuestaria a becas y ayudas al estudio, y traslada a las comunidades la financiación íntegra de la diferencia de precio de los estudiantes becados por el Estado.

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Los universitarios catalanes se manifestarán el día en que Barcelona acoge la reunión del BCE (la vanguardia)

La Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (Pudup) lidera la convocatoria contra los recortes del Gobierno y la Generalitat

Política | 03/05/2012 - 07:34h

Barcelona. (Redacción/Agencias).- Alumnos de las universidades catalanas están llamados este jueves a la huelga convocada por la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (Pudup) contra los recortes del Gobierno y la Generalitat, que implicarán aumentos de la matrícula y reducción de las becas el próximo curso.

Las primeras protestas ya han provocado un corte de media hora en la autopista AP-7 en los dos sentidos a la altura de Bellaterra. Los trenes de Ferrocarrils de la Generalitat también han dejado de parar en la estación de la universidad por la protesta.

Según han explicado fuentes de la plataforma a Europa Press, la jornada de huelga tiene prevista una manifestación a las 12.30 horas que saldrá de la plaza Universitat para pedir la "congelación de los precios de matrícula", así como la rebaja a las familias que están sufriendo los efectos de la crisis.

Los manifestantes también pedirán la liberación de los tres estudiantes encarcelados durante la huelga general, así como de activistas sociales también en prisión.

Son numerosos los sindicatos y organizaciones que han manifestado su apoyo a la protesta, muy especialmente los sindicatos de profesores de Primaria y Secundaria CC.OO., UGT, USTEC.STEs y CGT, que también se ven afectados por los recortes presupuestarios, así como sindicatos de estudiantes como la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Catalunya (Ajec).

Asimismo, el comité de empresa del personal docente e investigador de la UAB ha llamado a adherirse a la protesta en respuesta a la "estrategia de represión promovida desde la Generalitat y desde el Estado".

Esta convocatoria se celebrará precisamente el día en que Barcelona acoge una reunión del Banco Central Europeo (BCE), y que ha implicado la suspensión temporal del tratado de Schengen y el refuerzo de la seguridad, con una dotación de 8.000 agentes entre Mossos d'Esquadra, Guardias Civiles y Policías Nacionales.

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Cataluña: Alumnos de la UB dan clase en la calle en protesta por los recortes en educación (el país)

Este jueves prosiguen las quejas con una jornada de huelga estudiantil en Cataluña
Anthony Coyle Barcelona 2 MAY 2012 - 14:16 CET2

Alrededor de 40 alumnos de la Universidad de Barcelona (UB) han celebrado en la mañana de este miércoles dos clases al aire libre para protestar por los recortes en educación que ha hecho públicos el Gobierno central, dando así el pistoletazo de salida al desfile de movilizaciones y protestas en defensa de la universidad pública que van a tener lugar en Barcelona y que comienzan este jueves con la jornada de huelga estudiantil. “Es una forma de demostrar que se puede suspender la actividad académica sin detener la intelectual”, comentaba una alumna de Filología Hispánica, carrera a la que pertenecen el grueso de los alumnos que esta mañana se han sentado bajo el sol en la plaza de la Universitat de Barcelona

Las principales quejas de la comunidad educativa las motivan el incremento de las tasas de matriculación (alrededor de 540 euros anuales, según cálculos oficiales) y el endurecimiento del acceso a las becas, según el cual será necesario tener al menos un 6 de nota media para optar a una ayuda del Gobierno. La huelga de mañana está convocada por la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública.

Esta mañana, además de trasladar el aula a la calle, los estudiantes han celebrado una asamblea para determinar cuáles serán las líneas de actuación en las movilizaciones. En un comunicado, los estudiantes de la Facultad de Filología de la UB han indicado que en un referéndum realizado los días 25 y 26 de abril el 99,7 % de los participantes votaron en contra del aumento de las tasas universitarias.

En Cataluña la situación es especialmente delicada debido a los recortes que la Generalitat viene aplicando desde hace más de un año. Más de un millar de personas salieron a la calle el domingo para hacer lo mismo que han hecho esta mañana los alumnos de la UB: decir no a los recortes en Educación.

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Madrid: Pancartas, paraguas y camisetas verdes (el país)

30.000 personas desafían a la lluvia en Madrid para defender los servicios públicos
Manuel Altozano Madrid 29 ABR 2012 - 22:31 CET586

Arriba las pancartas. Comienza la marcha. Diez minutos después, empieza a llover. Abajo las pancartas y arriba los paraguas. El tiempo desapacible y las duchas intermitentes lastraron la manifestación contra los recortes que se celebró ayer en Madrid. El día invitaba a quedarse en casa o aprovechar el domingo para tomar algo en un bar, a resguardo del frío. Sin embargo, miles de personas —alrededor de 30.000, según cálculos de EL PAÍS— prefirieron lanzarse a la calle para defender la sanidad y la educación públicas de la amenaza de los recortes del Gobierno. Familias con niños y todo el aparataje para protegerse del agua, profesores con las camisetas de la marea verde, estudiantes o miembros de ONG recorrieron la distancia entre Neptuno y la Puerta del Sol. Ellos y sus cuitas laborales, sus anhelos, los buenos deseos para sus hijos...

Como Óscar Perpiñán y María Terol, un profesor universitario de 36 años y una médico especializada en salud pública de 35 que iban acompañados de sus niños, uno de ellos en un carrito. “Lo que nos empuja a manifestarnos es, precisamente, cuidarlos, que tengan un futuro mejor del que nos ha tocado a vivir a nosotros”. Óscar, además, tiene temores fundados de que los ajustes le afecten en un futuro no muy lejano. “Mi contrato en la universidad es temporal y me temo que, con los recortes, tengo muchas posibilidades de que no me renueven”, comenta mientras recorren el paseo del Prado. “Los ajustes en la sanidad van en contra de la salud de todos y se despreocupan de los más vulnerables”, añade María. “Para que todos estén bien, nosotros, educadores y sanitarios, también tenemos que estarlo”.

“La salida de la crisis son los programas educativos y profesionales, no los recortes. No vamos a salir si no hay formación, y no hablo solo de los jóvenes, sino del reciclaje profesional de los adultos”, explica un poco más atrás Francisca Hidalgo, profesora de primaria en un centro público para adultos que acude a la marcha junto a su esposo, Agustín Fernández, profesor de instituto. “El derecho a la educación es un derecho constitucional de todos los españoles sin diferencia de edad, y por eso venimos a defenderlo”, añade Francisca, que recuerda que en su centro ya se ha notado la tijera. “En mi centro han eliminado ya los cursos de formación para el empleo que financiaba la Unión Europea. Solo les interesa lo puramente académico”.

Uno de los efectos de los recortes educativos en la Comunidad de Madrid fue la reducción del personal interino en los centros, lo que sacó a decenas de miles de personas a la calle al inicio de este curso. Silvia Cañamero, de 34 años, es una de las damnificadas de esa política. Esta profesora interina de Biología y Geología tuvo trabajo en dos centros madrileños durante dos cursos completos. Hasta 2010. “El año pasado hice una sustitución de un mes, pero ya no me han vuelto a llamar”, relata. “Antes te llamaban para bajas de una semana o 15 días, pero ahora esperan y esperan para no contratar a nadie”, prosigue. “El resultado es que los profesores funcionarios hacen dos o tres horas más a la semana y todo eso repercute en los alumnos, que reciben una enseñanza de menor calidad”.

Junto a la fuente de Cibeles, su juventud y las batas blancas los delatan. Sandra Cuenca, Álvaro Alcalá y Vanessa Aguilar son estudiantes de Medicina en la Universidad de Alcalá de Henares. Los recortes en educación son su preocupación actual, los sanitarios la futura. “Este curso hemos pagado entre 1.300 y 1.400 euros de tasas, pero el que viene la matrícula subirá por lo menos a 2.000”, asegura Álvaro, de 20 años. “Si además dificultan el acceso a las becas, va a haber gente que no va a poder permitírsela”, añade Vanessa (19). Sandra, de la misma edad, está preocupada por el panorama laboral que se encontrarán al terminar sus estudios. “Todo esto va en contra de la ética médica. Ya han dejado fuera a los inmigrantes, pero afectará a todos los pacientes”.

Entre ellos a los afectados por VIH. Santiago Redondo, vocal de Salud del Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam), se manifiesta con varios compañeros de asociación que portan un ataúd en el que una esquela anuncia la defunción del Plan Nacional contra el Sida. Dice que los recortes convierten a los homosexuales en especialmente vulnerables, no solo por el VIH, también en temas de fertilidad y procesos de transexualización”. “En los Presupuestos no hay una sola partida para ese plan y los fondos de las comunidades se han reducido un 94%”, afirma. “El resultado es que nuestro trabajo se va a ver paralizado, y eso va más allá del trabajo de prevención, también afecta a los programas educativos, a la atención familiar o a la psicológica”.

Lo cuenta mediada la calle de Alcalá, bajo un sol radiante. Trescientos metros después, ya en la Puerta del Sol, los líderes lanzan sus discursos bajo un nuevo chaparrón. Abajo las pancartas. Arriba los paraguas. Mal día para manifestarse. Mañana más.

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Navarra descarta incrementar las ratios de aulas hasta el 20 por ciento (EUROPA PRESS)

Como propuso el Gobierno central
Navarra descarta incrementar las ratios de aulas hasta el 20 por ciento (EUROPA PRESS)
Sí aplicará el aumento de dos horas lectivas para el profesorado y no introducirá cambios en Bachillerato y FP

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas, ha anunciado su decisión de no aplicar en la Comunidad foral el aumento de las ratios de alumnos por aula hasta el 20 por ciento, descartando así poner en marcha la propuesta del Gobierno central.

Iribas ha precisado que la actual normativa ya prevé un aumento de las ratios hasta el 10 por ciento para casos de incorporación tardía de alumnos y Educación se ceñirá a este porcentaje para analizar si es necesario recurrir a un aumento de ratios en determinados centros.

Además, José Iribas ha indicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que tampoco se tocará este año el Bachillerato ni se prevén cambios en la Formación Profesional. Por el contrario, sí se aplicará un aumento de dos horas lectivas para los profesores.

El consejero ha dicho durante su intervención que el Gobierno de Navarra tiene "líneas rojas que descartamos aplicar" y, en concreto, ha descartado "la novedad de un posible incremento de ratios del 10 por ciento hasta el 20 por ciento". "Es una decisión adoptada con claridad y vamos a proceder a analizar esa posibilidad de llegar hasta un 10 por ciento en los casos en que sea necesario", ha indicado.

En este sentido, Iribas ha subrayado que "hay centros que no van a precisar incremento alguno de ratio, por su propia dimensión, porque tienen 14 alumnos, o porque tienen menos alumnos escolarizados". "Vamos a analizar caso por caso, atendiendo a las circunstancias del centro de los alumnos. Si hay algún centro que solicita superar los ratios por alguna razón específica, también lo vamos a analizar", ha indicado.

En cualquier caso, ha avanzado que "la regla general va a ser que esto no se toca" y ha ejemplificado que en los niños de 3 años la voluntad es que la ratio "no se vea aumentada en ningún modo, ni en los grupos de diversificación o educación especial".

José Iribas ha avanzado que quiere analizar esta situación "con los demás agentes de la comunidad educativa" y ha adelantado que va a convocar "para principios de la semana que viene a la Mesa Sectorial de Educación para trasladar la postura del Gobierno".

CONVERSACIONES CON LA UPNA
Respecto a la reforma universitaria propuesta por el Gobierno central, que contempla un aumento de las tasas, Iribas ha indicado que el Ejecutivo foral está hablando con la Universidad Pública de Navarra para "alcanzar una solución razonable que busque la sostenibilidad pero que preserve al máximo la calidad del servicio educativo".

Iribas ha dicho que "en la UPNA una de nuestras ocupaciones y preocupaciones es garantizar en todo momento la equidad y la inclusión y propiciar a través de una política de becas que se generen recursos para aquellas familias que lo puedan precisar".

No obstante, ha precisado que el Gobierno quiere "apoyar una política de excelencia evitando que se produzcan abusos por parte de personas que viendo financiado la inmensa mayoría del coste de su educación no obligatoria la desaprovechen de continuo en una actitud insolidaria respecto al apoyo que le presta la sociedad en su conjunto".


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Ministerio y Obispado recurrirán la readmisión de la profesora de religión (el país)

El Juzgado de lo Social de Almería ordenó la readmisión de Resurrección Galera en el plazo de cinco días y hasta el 31 de agosto, fecha en la que finaliza el presente curso
Agencia EFE Almería 2 MAY 2012 - 19:13 CET3

El Ministerio de Educación y el Obispado de Almería van a recurrir el auto que ordena la readmisión de la profesora de religión Resurrección Galera, que no fue renovada para el curso 2001/2002 en un colegio público por decisión de la autoridad eclesiástica tras casarse por lo civil con un divorciado.

El abogado del Estado que representa al ministerio, Demetrio Carmona, ha señalado a Efe que interpondrá en los próximos días un recurso de reposición contra el auto dictado la semana pasada por el Juzgado de lo Social número 3 de Almería, que ordena la readmisión de la profesora en el plazo de cinco días y hasta el 31 de agosto, fecha en la que finaliza el presente curso.

Carmona, al que todavía no le han notificado el auto, ha considerado que el contrato temporal con vigencia de un año no puede extenderse hasta 2012, a la vez que ha advertido de que la readmisión de la profesora en el colegio de Infantil y Primaria Ferrer Guardia de la capital almeriense afectaría a la otra persona que ahora ocupa su plaza y no ha participado en el proceso.

Ha señalado que la readmisión de la profesora supondría un incumplimiento de la normativa vigente, puesto que no cuenta con el visado de aptitud que debe emitir el Obispado y no se ha verificado que cumpla con los requisitos de la normativa que entró en vigor en 2007.

El abogado del Obispado de Almería, Luis Docavo, ha indicado a Efe que interpondrá otro recurso, aunque ha preferido no dar detalles.

El Obispado, que defiende que corresponde a la autoridad eclesiástica la propuesta de los profesores de religión, tal y como establece el Concordato entre el Estado Español y la Iglesia Católica, presentó en abril un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que sostiene que es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa".

El abogado del Estado que representa al ministerio ha abogado por proceder a la extinción de la relación laboral, tal y como interesó la Fiscalía, que consideró que la readmisión era "imposible" tanto por razones materiales como legales, ya que en estos momentos su plaza está ocupada por otra persona y en 2007 hubo un cambio normativo en las relaciones laborales del profesorado de religión.

Asimismo, se ha mostrado en desacuerdo en que de las cantidades que debe recibir la profesora no se descuenten las prestaciones por desempleo que ha cobrado durante los últimos años.

El juez Juan Carlos Aparicio emitió el auto tras escuchar a las partes en una vista celebrada el pasado 11 de abril para resolver la ejecución de la sentencia dictada por el mismo Juzgado de lo Social hace casi un año, que declaraba la nulidad del despido, de acuerdo a un pronunciamiento previo del TC, y obligaba a la readmisión de la profesora y al pago de los salarios que dejó de percibir.

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La Generalitat valenciana mantendrá a 1.500 profesores de apoyo en Infantil (EUROPA PRESS)

Para luchar contra el fracaso escolar
La Generalitat valenciana mantendrá a 1.500 profesores de apoyo en Infantil (EUROPA PRESS)

ALICANTE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, ha indicado que "se mantienen los 1.500 profesores de apoyo de Infantil" y se prevé "la contratación de orientadores para la lucha contra el fracaso escolar", según ha informado en un comunicado la Generalitat valenciana.

Català ha realizado estas declaraciones en el IES Cavanilles de Alicante, durante la inauguración de las jornadas informativas sobre los contratos programa que su departamento está llevando a cabo en las tres provincias, con el fin de explicar a los equipos directivos de centros de Primaria y Secundaria la nueva medida del Plan contra el Fracaso Escolar.

La consellera ha precisado que "en principio, hay unos 1.500 profesores de apoyo en infantil y la Generalitat, a pesar de la situación económica, ha decidido mantenerlos para continuar contra esta filosofía de respaldo contra el fracaso escolar".

Catalá valora que más de 1.000 centros docentes de la Comunitat valenciana se hayan interesado ya por los contratos programa, según las mismas fuentes, quienes han subrayado que son más de la mitad de los centros, sobre un total de 1.625 que hay en la Comunitat, los que han participado en las jornadas sobre los contratos programa.

Català ha destacado este miércoles en Alicante durante el encuentro, que disponen "de unos excelentes profesionales y que se puede confiar en los equipos directivos de los centros para hacer que nuestro objetivo de lucha contra el fracaso escolar sea posible".

32 MILLONES PARA CONTRATOS-PROGRAMA
En total, Educación destinará para el próximo curso 32 millones de euros a los contratos programa, tanto para materiales didácticos como para personal adicional necesario. Esta iniciativa dará "mayor autonomía a los centros para gestionar los recursos y serán una pieza fundamental para la mejora del éxito educativo de todos los alumnos".

El contrato programa se plantea como una medida "flexible", dado que cada contrato fijará los compromisos concretos de éxito escolar que adquiere el centro, y los recursos especiales y materiales adicionales que recibirán en función de los objetivos que se cumplan.

"No se puede dejar de lado que necesitamos medidas urgentes para paliar la situación de fracaso escolar en España y alcanzar el objetivo de bajar el índice de fracaso escolar al 15 por ciento en el año 2020".

Respecto al programa, la consellera ha explicado que el centro realizará anualmente su propio programa educativo, será revisable cada año y que tiene un componente muy importe de evaluación.

IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
Al mismo tiempo, Català ha asegurado que "será muy importante" la implicación de las familias, y por ello, a través de un segundo contrato programa entre la familia y el tutor "la familia se comprometerá a aplicar algunas de las medidas del contrato programa en el ámbito familiar". Un ejemplo de ello será el Plan Lector, donde sin duda, "sin la colaboración de las familias será más complicado".

Para ello, la Conselleria propone el establecimiento del contrato familia-tutor, trabajar la conciliación de la vida familiar y laboral con las empresas y con los ayuntamientos como primeros conocedores de las casuísticas particulares, así como abrir nuevos cauces de comunicación on-line con las familias.

Durante su intervención, la consellera ha subrayado el esfuerzo por dotar de incentivos económicos y estímulos en la carrera profesional que motiven la consecución de retos formativos y profesionales, realzar la figura del profesor, así como en la nueva estructura de la formación del profesorado y la constitución de los equipos directivos como piedras angulares.

Por último, la Administración se compromete a garantizar un diagnóstico y una intervención que potencie una buena orientación escolar y vocacional, implementar procesos de evaluación que faciliten la mejora continua del sistema, reducir y simplificar la carga burocrática con las tics, favorecer la continuidad de los equipos docentes y renovar el papel de la función de la inspección.

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Lo que usted desconoce sobre educación (el país)

La distorsión ideológica omite la relevancia de las políticas sociales y redistributivas, haciendo creer que la solución vendrá con leyes, didáctica y mercado
José Saturnino Martínez García 2 MAY 2012 - 00:08 CET

El Gobierno legitima los recortes en educación acusando a nuestro sistema educativo de mediocre. Un argumento paradójico, pues no sé de sistemas educativos que mejoren con tan drástica reducción de presupuesto. Pero además, es un argumento erróneo, pues oculta hechos relevantes. Por ejemplo, no se reconoce la importante disminución de la tasa de abandono educativo en los últimos años: nunca había estado tan baja (26% en 2011). Estamos lejos del promedio de la UE, pero también del 40% de comienzos de los 90 o antes.

Pero también es cierto que con la LOGSE se interrumpió la tendencia a la disminución del abandono escolar. Posiblemente se deba a que es difícil aprobar la ESO. Con la LOGSE se amplió la escolarización obligatoria en dos años, lo cual supone más esfuerzo para llegar a los estudios post-obligatorios. Además, si comparamos el rendimiento educativo de nuestra juventud con el de otros países se observa que la proporción de alumnado de bajo nivel es similar a la de la OCDE, a Francia, Alemania o Reino Unido (uno de cada cinco). Si comparamos los resultados entre CC AA, los hechos son preocupantes, pues algunas obtienen buenos resultados en PISA, pero sus tasas de abandono son de las más altas de la UE. Es absurdo que tengamos autonomías con pocos jóvenes de bajo rendimiento educativo (menos del 15%), a los la Administración no les permite seguir estudiando. Otra prueba de la dificultad para lograr dicho título son los resultados en PISA de quienes no han repetido ningún curso, pues están por encima de la media internacional. Por tanto, el nivel exigido para cursar estudios post-obligatorios es mayor en España que en los países de nuestro entorno.

Además, la implantación de LOGSE coincidió con la burbuja de la construcción, que generó demanda de empleo de baja cualificación. Esta demanda atrajo a inmigrantes de bajo nivel educativo, y motivó que jóvenes de orígenes populares prefiriesen un salario en mano a una incierta inversión educativa. Hay dos pruebas de ello: la fuerte relación entre el peso de la construcción y la hostelería en el empleo de las Comunidades Autónomas y el abandono escolar, y que con la crisis está aumentando la matriculación.

Otro equívoco sobre nuestro sistema educativo es su equidad, que suele malinterpretase como si fuese a la baja. Nuestro sistema es igualitario porque cumple el principio de Rawls: los que están peor están mejor. Es decir, los jóvenes que provienen de familias de bajo nivel sociocultural obtienen mejores resultados que en otros países de nuestro entorno. Y además, las diferencias entre los peores y los mejores alumnos son menores que en otros países, pues las puntuaciones del mejor alumnado son más bajas en España. Aquí llegamos a otro hecho poco conocido: estas bajas puntuaciones se deben a que el nivel de competencias de los jóvenes de las familias de alto nivel sociocultural es más bajo en España que en otros países. Por tanto, nuestra diferencia no está en que tengamos más jóvenes en bajos niveles de competencia, sino en el rendimiento educativo de los hijos de familias de alto nivel sociocultural, que es más bajo, a pesar de que estudian en mayor medida en centros privados y concertados.

Otra falsedad sobre nuestro sistema educativo es la creencia de que la excelencia necesariamente implica un aumento de la desigualdad. Pero los datos muestran que en los mejores países, como Finlandia, Japón o Corea del Sur, la desigualdad educativa es baja. Afirmar que la búsqueda de la excelencia educativa es necesariamente a costa de la igualdad es una manipulación para hacer creer que la desigualdad social es natural.

En cuanto a la cuestión autonómica, se culpa a la descentralización de los desiguales resultados entre comunidades, pero se olvida que dichas diferencias eran mayores en la dictadura franquista. Por ejemplo, los resultados en PISA guardan estrecha relación con las tasas de alfabetización en 1960. Las diferencias seculares entre comunidades son tan abismales que resulta razonable que sean ellas las que decidan las políticas educativas más adaptadas a su entorno, en vez de aplicar políticas homogéneas decididas en Madrid. Otra cuestión es si el currículum debe ser igual, y en este punto nacionalismo españolista y nacionalismos periféricos estarán en desacuerdo. Pero esto no es un debate sobre cómo mejorar las competencias de nuestra juventud sino una lucha por la construcción del sentimiento nacional.

¿Por qué hechos tan relevantes son poco conocidos? Por un lado, prima la distorsión ideológica, que omite la relevancia de las políticas sociales y redistributivas, haciendo creer que la solución vendrá con leyes, didáctica y mercado. Por otro, por el sensacionalismo: cuanto más tremebunda sea la crítica con más facilidad capta la atención de los medios de comunicación.

José Saturnino Martínez García es profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna.

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“Es absurdo llenar las aulas de ordenadores” (el país)

El autor de 'Creando las escuelas del mañana hoy' saltó a la fama por sus vídeo académicos en YouTube
Rosa Jiménez Cano Madrid 30 ABR 2012 - 11:00 CET27

Antes de dedicarse a la educación Richard Gerver (Londres, 1969) fue actor y publicista. En 2005 fue reconocido como mejor director de escuela de Reino Unido tras convertir un colegio conflictivo en un caso ejemplar de innovación. Su libro “Creando las escuelas de mañana hoy” se ha convertido en un manual de referencia, aunque su salto a la fama, más allá del ámbito académico, llegó a través de sus vídeos en YouTube, inspiradores y apasionados. En su propuesta la pasividad y el castigo dejan paso a la interacción y el placer de descubrir y conocer. Gerver ha participado en Madrid en The App Fest, un encuentro sobre desarrollo de aplicaciones, creatividad e innovación, y como ponente en el IX Congreso Mundial de Educación.

Pregunta: ¿Es tan importante la tecnología para los estudiantes?

Respuesta: Bastante porque está en su ocio, su hogar... Está en su rutina diaria, así que tendría que ser parte de su aprendizaje. Hay un matiz que no se debe olvidar, los niños no solo aprenden en la escuela. El aprendizaje informal se da a través de la tecnología, para que la parte formal tenga credibilidad no puede dejar de lado la tecnología.

P. ¿Qué papel juega el profesor en este nuevo entorno?

La inversión debe estar en la forma en que se usa la tecnología, sobre todo en el software y en material online

R. Deben asumir que la era en que el profesor era el experto que sabía todo ya pasó. Eso ya es imposible en nuestro mundo. Para muchos educadores esto es un reto pero para otros es una pérdida de confianza. Hay que entender que el paradigma ha cambiado. Los profesores nos tenemos que ver como facilitadores, como expertos en ayudar a los jóvenes a entender conceptos complejos, de manera profesional, pero asumir que ahora adquieren conocimientos de muchas maneras. La clave está en hacer ver a alumnos que lo aprenden a través de la tecnología tiene un uso en la vida diaria, que sirve para su evolución. Los profesores han pasado de ser los que les dan conocimientos a los que les dan capacidad para aprender por sí mismos.

P. ¿Y cree que su propuesta se puede aplicar con los recortes del Gobierno?

R. Creo que sí. La transformación de la educación no requiere de una gran inversión. Estamos ante una transformación humana. El cambio está en conseguir atraer a los jóvenes a través de la emoción y la creatividad, usando la imaginación. Eso no cuesta dinero. Cuando se habla de nuevas tecnologías siempre nos quedamos en llenar las clases de ordenadores, pero es absurdo. En sus casas ya tienen aparatos más avanzados. La inversión debe estar en la forma en que se usa la tecnología, sobre todo en el software y en material online, que es mucho más barato que comprar aparatos que se quedan obsoletos.

P. ¿Quién debe proyectar ese software? ¿Las escuelas? ¿El gobierno?

R. El gobierno, no. Los profesores, que siempre tienen soluciones fantásticas para el día a día. Hay que devolver el valor del educador. Hay que promover La colaboración entre los desarrolladores de aplicaciones y los profesores, que son los que saben cómo exponer conceptos, razonar...

Los videojuegos sirven para aprender a colaborar, trabajar en equipo, resolver problemas

P. Entonces, ¿desaparecerán los libros de texto?

R. Yo también me hago esa pregunta. Al igual que los periódicos, siempre tendrán un sitio, pero su futuro se lo están jugando ahora, en la forma que tienen de gestionar la llegada de las nuevas tecnologías. Los diarios deben mantener su calidad, su valor periodístico, pero hay que entender que ya no vale con dar una fotografía estática, sino que hay que añadir pequeños vídeos, una pequeña entrevista con el político que sea, un gráfico interactivo, la posibilidad de conversar con el redactor. El libro siempre tendrá su sitio, como objeto especial, es increíble, con su olor, tacto, estética... Sin embargo, la editoriales deben entender que su futuro está en subrayar la importancia de la experiencia de uso. Su futuro está en mezclar ambos formatos.

P. En los últimos días se ha destacado la aplicación Khan Academy para iPad, ¿la parece un buen ejemplo?

R. Sin duda. Ha demostrado que para enseñar hay que saber llegar a los alumnos. Si se accede a ellos desde una posición cercana, que entienden, todo fluye. Lo más importante de esa aplicación es que es profunda, pero los alumnos tienen la sensación de tener el control.

P. ¿Cree que los videojuegos pueden tener uso en la educación?

R. Lo creo firmemente. Una de las críticas que se hace a los chavales es que carecen de resilencia (capacidad de superación), que se frustran rápido... No es cierto. En un videojuego se demuestra. Les matan y vuelven una vez al mismo punto y tratan de superarse, de resolver un problema. Si sacamos lo positivo de ese mundo para el aprendizaje habremos ganado mucho. Me parece cobarde decir que los videojuegos son malos y mirar para otro lado. Son una herramienta muy poderosa: sirven para aprender a colaborar, trabajar en equipo, resolver problemas...

P. ¿Y cómo recomendaría usarlos?

R. De una manera especial, porque lo que se vive, lo que se hace en primera persona, se recuerda mejor. Hay que encontrar el punto de conexión que una el entretenimiento con el conocimiento.

P. ¿Desaparecerán las pizarras?

R. Mi vaticinio es que cambiarán. El problema es que el equipamiento no cambia el sistema. Nos han llenado las clases con pizarras interactivas, muy bien, esperaban que eso hiciera el cambio, pero se han usado igual que las de tiza. Hay que cambiar la mente del profesor y entonces sí cambiarán los libros, la escritura...

P. En su propuesta, ¿cómo encajan los exámenes y las notas?

R. Volvamos al principio, cambiemos el enfoque. El problema es que tanto en Reino Unido como en España nos empeñamos en reinventar el sistema con el mismo final. Nadie se plantea que quizá el camino ya no debe llevar al mismo destino. Hace falta un nuevo camino educativo. El problema está en que los políticos se empeñan en llevarnos una y otra vez al mismo final. No necesitamos los mismos exámenes, ojo, no digo que no hagan falta, digo que no de esta manera. El mundo ha cambiado y las oportunidades que ofrece también. En España, por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil es alarmante. Eso indica que hay algo mal en el sistema, no solo en la economía. Hay que enseñar a los alumnos a ser más flexibles, a crear sus propios trabajos, montar sus empresas, saber dar un servicio y menos a que terminen unos estudios y esperen que los contraten. Los profesores tenemos que enseñarles a ver huecos en el mercado para los que ellos creen un producto o un servicio. Así sí se genera riqueza.

Aplicaciones educativas
Pasó a la historia “la letra con sangre entra”. Ahora las lecciones se asumen tocando, con interacción, con pequeños incentivos simbólicos y muchas veces de forma compartida en tiempo real. Aquí una selección de aplicaciones para que aprender deje de ser un calvario:

Timeline World War 2. Supera, con creces, cualquier libro de texto o documental. Su autor es Dan Snow, conocido en Reino Unido por sus documentales de divulgación. Esta es su primera apuesta por el mundo de las aplicaciones pero cree firmemente que pueden cambiar la concepción de los libros de texto. Cuesta 7 euros y solo es para iPad.

Con los transportes aprendo. Es una aplicación creada en España por Dada Company, centrada en mostrar a los más pequeños los diferentes medios de locomoción. Cuesta 2,39 euros y funciona tanto en iPad como en iPhone. De esta misma factoría es A la cama, una colección de cuentos para irse a dormir (también por 2,39 euros) que se mantiene entre lo más descargado para el teléfono y la tableta de Apple.

AB Math. Matemáticas en burbujas. Pensada para niños de entre 5 y 10 años permite superar niveles a medida que se mejora la destreza de cálculo. Mezcla el videojuego con el progreso. Cuesta 1,59 euros, pero también hay versión de prueba gratis.

Monkey Mind. Lleva a la pantalla los clásicos juegos de memorizar posiciones e imágenes. Se puede competir con otros e ir de nivel en nivel mejorando la retención visual. Hay versión gratis y de pago (1,59 euros).

GeoWalk. Recomendada a partir de 4 años, permite pasear por más de 500 lugares del globo terráqueo, con su historia, personajes, flora y fauna. Incentiva el aprendizaje a través de la competición con otros niños que también lo utilicen. Cuesta 79 céntimos.

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Los rectores solo aceptan una subida mínima de las tasas (el país)

Las universidades no saben cuánto cuesta cada plaza pública en una carrera
Diana Mandiá Santiago de Compostela 2 MAY 2012 - 21:16 CET

Los rectores de las tres universidades gallegas no aceptarán una subida de las tasas universitarias que no sea “mínima” y acorde con los parámetros económicos de Galicia y la Consellería de Cultura y Educación negociará con el ministerio de José Ignacio Wert para conseguirlo. Con este compromiso del conselleiro Jesús Vázquez salieron ayer de San Caetano Juan Casares Long, rector de la Universidade de Santiago, Xosé Luís Armesto, de la de A Coruña, y Salustiano Mato, cabeza de la de Vigo, tras más de una hora y media de reunión, la primera desde la entrada en vigor del Real Decreto de medidas urgentes para la racionalización del sistema educativo, que impone a los estudiantes el pago de entre el 15% y el 25% del coste total del curso (hasta 540 euros, según estimaciones de Wert). Este incremento que los tres rectores están dispuestos a aceptar sería “muy pequeño, un ajuste” puesto que la aportación actual del alumno en Galicia ronda, según Juan Casares, “el 13% o 14%”. Ni las universidades ni la Consellería de Educación pueden precisar qué parte del coste del curso sufraga con su matrícula el estudiante, ni tampoco cuánto cuesta, según la titulación, un año de carrera, que varía en función de parámetros tan diversos como el número de créditos o las dimensiones del centro en las que se imparte, porque las necesidades de agua, calefacción o el servicio de limpieza repercuten también en las tasas. La aplicación informática con la que las universidades pretenden clarificar esta cuestión está en fase piloto y no arrojará cifras definitivas hasta finales de año.

Las exigencias de los rectores pasan, precisa Casares Long, por una medición de “los parámetros que sirven para establecer los precios públicos reales”, es decir, que la horquilla que establece el ministerio se aplique de forma diferente según las condiciones de cada comunidad. “Si el ministerio fija un precio medio para una carrera, el mismo en toda España, sería una injusticia social intolerable”, secunda Salustiano Mato, rector de la Universidade de Vigo, que aunque se mostró muy prudente tras el anuncio de Wert del real decreto ahora condena enérgicamente sus consecuencias. “Si estuviese en manos de los rectores subir las tasas, estos rectores no iban a hacerlo, aunque nos quitasen lo equivalente a esos ingresos. En ese caso la universidad trabajaría para conseguirlos por su cuenta, pero nunca gravando a las familias, nunca”, insiste. Con todo, como el incremento en la participación del alumno es “imperativo legal”, los rectores aceptan la subida mínima, la del 15%, que también es la que prefiere la Xunta. “No estamos a favor de la subida de tasas en un momento de crisis como el actual. En tanto la consellería vaya en esa línea, podrá contar con nuestro apoyo”, adelanta Xosé Luís Armesto, rector de A Coruña. El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago aprobó la semana pasada un documento de rechazo de la norma.

El real decreto —pendiente de su validación en el Congreso— que obliga a las comunidades a modificar las tasas que aplica a los alumnos universitarios supone una novedad en las directrices que hasta ahora marcaba el ministerio. Hasta ahora, tal y como explicaron los rectores a su salida del encuentro con Vázquez— que además rehuyó dar explicaciones sobre su postura porque a la reunión solo estaban convocados los reporteros gráficos— el Estado fijaba para cada curso académico una horquilla para la subida de tasas que las comunidades debían aplicar según creyeran conveniente y bajo este criterio la consellería aprobaba un precio público. En Galicia se aplicó siempre el mínimo impuesto: en el curso 2011-2012, después de tres años congeladas, las matrículas subieron un 3,6%, el porcentaje correspondiente al margen inferior de la horquilla señalada por el ministerio. El límite superior imponía una subida del 7,6%.

Pero en la nueva norma de Educación la horquilla de entre el 15% y el 15% se refiere no a una subida de tasas —aunque, obviamente, esta será su consecuencia— sino a la aportación a la que tendrá que hacer frente el alumno en la primera matrícula con respecto al gasto total del curso. “Ahora la obligación de la consellería es negociar la posible modificación de ese decreto, y cómo se interpreta y cómo calcula el valor de una carrera. Tiene que ir acorde con el nivel de vida”, pide Mato. “Es lo justo y razonable”, apoya Armesto. El Ministerio de Educación calcula que una plaza en la universidad pública cuesta entre 5.000 y 7.000 euros, aunque son cifras aproximadas. El futuro catálogo de precios públicos, aún sin redactar, fijará los costes en toda España según las carreras: que esos precios vengan desglosados por comunidades dependerá de la negociación.

Redacción confusa
Ni en la forma ni en el fondo ha agradado a los rectores el real decreto de medidas urgentes para la racionalización del sistema educativo. “Hay errores técnicos y mala redacción”, se quejan los responsables de las tres universidades gallegas. Además de imponer una mayor carga económica sobre las familias, la norma intensifica la dedicación docente, pero lo hace en créditos ETCS, equivalentes a 25 horas, un sistema extendido con la implantación del sistema de Bolonia para medir el esfuerzo del alumno, nunca del profesor. “Siendo muy bondadosos y positivos, es un tema técnico que se podrá subsanar en estos trámites”, explica Armesto.

El real decreto establece un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas. “Ningún rector está en desacuerdo con que exista intensificación del trabajo de los profesores. Es decir, aquellos menos productivos en investigación se dediquen más a la docencia. Pero otra cosa es eso y otra lo que se publica este decreto”, añade Mato. Los tres rectores se muestran cautos a la hora de valorar este aumento de horas lectivas debido a la redacción confusa de la norma. “Sin comentarios”, responde Casares Long, el rector compostelano.

Con la misma cautela reciben los cambios en los requisitos para acceder a una beca, que en el caso de las becas-salario (destinadas a los alumnos con menos recursos) obligará al alumno a superar el 100% de los créditos en los que se matricule. “Todavía no está por escrito”, advierte el rector coruñés, si bien tanto este como sus homólogos consideran “injusto” que los estudiantes que quieran beneficiarse de estas ayudas tengan que demostrar méritos académicos superiores al resto. “Los planteamientos académicos deben ser iguales para todos los estudiantes”, opina Armesto. “Entendemos que son opiniones, globos- sonda que no están plasmados en ninguna decisión política ni en ningún documento por escrito”, concluye.

Casares Long, Armesto y Mato también se muestran contrarios a que las exigencias se apliquen a todas las comunidades por igual. “El objetivo del decreto es aliviar el déficit, pero si la comunidad no tiene problemas en este sentido, como declara el presidente Feijóo, no debería tener que aplicarlo”, sugiere Mato.

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Tasas académicas y reestructuración universitaria (el país)

Es más sencillo que los estudiantes paguen más que reorganizar a sus profesores o fusionar centros
Pablo Salvador Coderch 25 ABR 2012 - 00:07 CET
Si hay que encarecer el ingreso en las universidades públicas españolas, prefiero que sea en sudor, no en euros; que suba el listón de entrada y el nivel de exigencia, no las tasas académicas: incrementarlas para que los estudiantes acaben pagando el 25% de los costes de la enseñanza en lugar del 15% como hasta ahora, como acaba de autorizar el Consejo de Ministros, no es una buena idea.

Aumentar las tasas era la solución más fácil para las penurias de nuestras universidades públicas, la menos costosa para sus probas burocracias, la menos exigente con sus pétreas estructuras docentes. Pero yo sé de bachilleres y de estudiantes universitarios arrasadoramente desharrapados a quienes la subida cerrará las puertas de la universidad o les hará la vida aún más difícil de lo ya es para la juventud de este desangelado país. Para entendernos y para que ustedes me puedan contradecir: defino, siempre convencional, como pobres de solemnidad a los jóvenes candidatos a estudiar que no cuentan ni con el apoyo de su familia, ni con 400 euros mensuales para mal pagarse un cuarto interior, tres comidas frugales, una tarjeta de transporte público, las tasas académicas y el mínimo material docente, temo que sin tarifa plana de internet. En Cataluña, tal vez el 20% de los estudiantes tienen beca, pero el incremento de las tasas el próximo curso 2012-13 desapropiará a cientos, acaso a miles de estudiantes marginales en dinero, no siempre en capacidad de esfuerzo ni en méritos probados.

Me dicen que la solución es incrementar el número de becas. Si es así, hagamos las cosas al revés: abramos primero el proceso de solicitudes y concesión de becas, contrastemos su corrección y, solo luego, cobremos las tasas.

Es cierto que los países europeos desarrollados mantienen criterios distintos: los británicos cobran tasas cada vez más elevadas, pero tienen muchos estudiantes extranjeros, una circunstancia que anima a pasarles factura. En el otro extremo, los escandinavos pagan a sus estudiantes y luego, cuando trabajan, les crujen a impuestos. En medio, algunos Länder alemanes cobran tasas, pero otros no lo hacen.

Y sé de sobra que, como insiste la Fundación BBVA en un reciente informe, un titulado universitario gana un 10% más por cada año de estudios adicional realizado que una persona con estudios medios de similares características. Pero prefiero mil veces subirle los impuestos cuando sea mayor y rico a hacerle pagar por su educación cuando es joven y pobre.

Naturalmente, los partidarios de la contención de las tasas académicas algo habríamos de ofrecer a la mayoría que resolverá subirlas: el informe que acabo de citar recalca que, en España, el porcentaje de estudiantes titulados sobre los ingresados es solo de un 80%, es decir, que una quinta parte se pierde por el camino, y deja la universidad habiendo pagado sólo una fracción mínima de la factura que ha corrido a cargo del contribuyente durante uno o más años. También lo es que uno de cada cinco estudiantes deja de presentarse a los exámenes o que, de los presentados, aprueban solo las tres cuartas partes. Ahí sí que realmente el ministro José Ignacio Wert y las autoridades académicas están cargados de razón, pues a quienes no sudan la camiseta hay que cobrarles por los servicios casi gratuitamente prestados en vano por el sufrido contribuyente. Por esto, el aspecto más positivo de las anunciadas subidas es que no son lineales. Pero, de nuevo, remedios alternativos o complementarios al incremento de tasas eran endurecer la selectividad y controlar con severidad la permanencia de los estudiantes en la universidad. Aunque también en este tema, es importante ofrecer vías rápidas y vías lentas: los estudiantes habrían de poder organizar su jornada de forma tal que les resulte posible combinar un trabajo a tiempo parcial con el estudio. Piénsese que el mercado de trabajo para los jóvenes es desolador y que la reforma de Bolonia ha llevado a horarios enloquecidos que impiden a los pocos estudiantes que consiguen un trabajo a tiempo parcial asistir con normalidad a cursos y seminarios desparramados a lo largo de todo el día.

Concedo que había que correr, pues el suelo está desapareciendo bajo nuestros pies. Pero urgen reformas estructurales contra cuya realización muchos gobiernos anteriores conspiraron con los gremios universitarios y que los actuales siguen tentados en posponer, pues los costes políticos son muy elevados. Por citar un ejemplo que conozco bien, en España hoy se pueden cursar estudios completos de Derecho en 73 centros públicos y privados cuando en Alemania, un país mucho más rico y poblado que el nuestro, hay solo 44. Así en Derecho, al menos, había que reestructurar la oferta en lugar de empezar encareciéndola. Pero es mucho más sencillo hacer pagar más a los estudiantes que reorganizar a sus profesores o fusionar centros, por no hablar de cerrar algunos. En todo caso, hasta la apertura de los periodos de matrículas queda tiempo para formular una petición a nuestras autoridades: acompasen las subidas y los plazos de pago de las tasas con las convocatorias de becas y ayudas académicas.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil Universitat Pompeu Fabra.

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Agonías anunciadas (el país)

Reducir la inversión en investigación constituirá un retroceso auténticamente letal
Jordi Gracia 2 MAY 2012 - 00:07 CET

Como es habitual en sus artículos, Pablo Salvador Coderch expuso el 25 de abril con claridad argumental el punto más flaco y deplorable de las decisiones del gobierno del PP en torno al futuro de la Universidad. Han acudido a la solución fácil y patosa, que es hoy y ha sido siempre aumentar las tasas universitarias de los estudiantes. El efecto inmediato será despojar a un porcentaje nada pequeño de familias de la posibilidad de mandar a la universidad a sus chavales, porque muchas de ellas no podrán doblar la cantidad anual de euros que piden las matrículas públicas. En cálculos sólo aproximados, porque no es fácil hacerlos precisos, eso significa contar con 1.500 euros, en caso de un hijo en edad universitaria, y de 3.000 en caso de dos. Como tengo tres, ya adivino que las cosas en casa van a ir mal dadas bien pronto.

Pero, sobre todo, advierto que en mi casa no van mal dadas, y como funcionario de universidad no figuro ni por asomo en la franja más económicamente débil de la sociedad. Pero eso no es un alivio; más bien agrava la miopía de la decisión política: el espanto de pensar en quienes de veras están en zonas de salarios mucho más bajas es agudo y persistente. Lo cual me lleva a un artículo de Manuel Cruz en otra página de este mismo periódico: claro que hay políticas de derechas y de izquierdas, aunque andemos todos muy confundidos. Pero para despejar la confusión basta con regresar a datos materiales o empíricos, y entonces casi todo se entiende a la primera.

Excluir de la educación por razones económicas precisamente a los más pobres es tan disparatado como excluir del sistema de sanidad al medio millón de inmigrantes sin papeles: son dos bombas de relojería, una seguramente lenta y la otra potencialmente mucho más rápida.

Tanto a los socialistas como al PP les faltó valentía política para afrontar la reestructuración del sistema universitario de acuerdo con la nueva realidad económica y social: la multiplicación y atomización de los estudios superiores ha hecho que la oferta desborde ampliamente la demanda en muchísimos lugares que soportan matrículas exiguas con un coste altísimo para el Estado. Y en alguna medida ha puesto al descubierto la lógica política que inspiró la creación de esa multitud de centros, facultades y hasta universidades (incluso al margen de las Autonomías): una forma de la rivalidad geopolítica que toleró el tiempo de vacas gordas pero no tolera ya la actualidad. El desmantelamiento puro y duro es inviable, así que exige imaginación y prudencia la reconversión de centros, la concentración de grados minoritarios en unos pocos lugares y la reinversión de los dineros ahorrados en facilitar las condiciones de movilidad de los estudiantes más allá de los 20 kilómetros de su población de residencia.

Sin embargo, hay todavía una insidia más grave en este programa de actuación política, y en este punto la miopía se convierte en ceguera. Teóricamente, debería existir un modo de racionalizar el sistema universitario para corregir sus desajustes evidentes. Pero donde a todas luces no debería haber asomo de duda es en la intangibilidad del frágil, quebradizo, voluntarioso y aun precario sistema de investigación español. Los avances e inversiones de los últimos 30 años han sido incontestablemente beneficiosos y por primera vez existe lo que nunca existió: la mera posibilidad de equiparar algunos pocos equipos de investigación españoles con sus referentes internacionales. Ni son muchos ni sobra ninguno, pero son una objetiva novedad de la democracia. La única ley que rige en la investigación científica es la tenacidad, el método y la imaginación. Los tres dependen del tiempo, es decir, de comprar el tiempo y los materiales para que salten los chispazos propicios: para fecundar la tenacidad, para depurar el método y para fraguar el chispazo.

Todo ello es lentísimo e intelectualmente exigente: sin duda habrá criterios que revisar y métodos de optimizar la investigación, pero reducir en ese ámbito la inversión constituirá un retroceso auténticamente letal en la puesta en marcha y en la continuidad de equipos que apenas habían empezado a disfrutar de serlo, de merecer algún respeto de fuera, de crear redes de contactos, de aportar y devolver ideas con resultados. El error es monumental sin paliativos, es poco visible socialmente y falta mucho todavía para que la opinión pública asuma su valor como bien de Estado (y sometido por tanto al control tanto como a la protección del Estado). La más superficial ojeada a la historia española debería obligar a replantear una decisión contraproducente y equivocada. Otra cosa equivaldría a ignorar política e históricamente el significado de la hoy legendaria Junta de Ampliación de Estudios, cuando todo esto empezó de veras hace 100 años.

Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona.

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Unos funcionarios con mala salud de hierro (el país)

El plan del Gobierno de reducir el sueldo a los empleados públicos enfermos pone en duda su profesionalidad y la de los médicos. Los expertos abogan por una mejor inspección
María R. Sahuquillo / Emilio de Benito 2 MAY 2012 - 22:31 CET12
Del tópico del cafetito a mediodía al de que los funcionarios se ponen enfermos mucho más que el resto de los ciudadanos. Estos y otros lugares comunes han servido a los sucesivos Gobiernos para añadir argumentos a varias iniciativas que penalizan a los trabajadores públicos: bajadas de sueldo, aumento de la jornada laboral, suplencias y contratos interinos sin cubrir. La última, la propuesta de que estos empleados no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por enfermedad, ataca una de las partes más sensibles y más incontrolables: la salud. Y además lo hace sin una base estadística que acredite que los funcionarios, en su conjunto, abusen del sistema. El plan presentado esta semana en el paquete enviado a Bruselas, y que ya funciona —aunque con matices— en algunas comunidades, como País Vasco, Galicia o Madrid, para su propio personal, no solo siembra la duda sobre los trabajadores públicos. También pone en la picota el criterio de los médicos, que son quienes otorgan las bajas por enfermedad.

La medida, pensada teóricamente para reducir el absentismo, es de gran calado, pero su justificación no está clara. Al menos, no se sustenta en datos. “Es muy difícil hallar cifras para comparar el absentismo entre los trabajadores públicos y los del sector privado”, explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Ni siquiera Octavio Granado, quien fue secretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, tiene cifras globales. Afirma tajantemente que “es imposible” comparar si los funcionarios se cogen más bajas que el resto. De los cinco millones de incapacidades temporales (bajas) que la Seguridad Social registra al año, con una incidencia mensual de 23,60 por cada 1.000 trabajadores, no se especifica cuántas corresponden a los públicos. Y ello, a pesar de que la mayoría de los funcionarios se incluyen ya en el régimen general de la Seguridad Social.

Tampoco se puede llegar a conclusiones a través de las cifras de las mutuas que dan prestaciones a algunos trabajadores públicos y sus familias —como los militares, personal docente o de justicia. Según la memoria de 2010 de Muface —una de esas entidades—, ese año tuvo 12.083 notificaciones de incapacidad temporal, riesgo en el embarazo y riesgo de lactancia. Teniendo en cuenta que tenía 971.540 afiliados titulares, esto quiere decir que registró 12,48 bajas por cada 1.000 personas, la mitad que la media mensual de la Seguridad Social. Es decir, que los funcionarios tienen una salud de hierro.

¿Es eso verdad? Granado lo desmiente: “Lo que sucede es que los funcionarios con ese sistema cobran lo mismo estén de baja o no; y para eso no hace falta darlos de baja. Solo se hace en los casos en que hay que contratar un sustituto”. La diferencia con el resto de los trabajadores es que estos, al menos en teoría, no cobran los tres primeros días de baja, “aunque la inmensa mayoría de los convenios establecen que les pague la empresa, por lo que no lo notan”, aclara. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la opinión del Ministerio de Administraciones Públicas.

Fernando García Benavides, director del Centro de Investigación en Salud Laboral en la Universidad Pompeu Fabra, explica que los únicos datos que hay son indirectos. “De los casos de baja que son revisados por la inspección médica, que suelen ser ya de larga duración, se confirman aproximadamente un 75%. De lo que se deduce que tres de cada cuatro casos están justificados”, explica, independientemente de quién contrate.

En el sector privado, explica Cruz Villalón, es la empresa la que paga al trabajador durante los 15 primeros días de baja (por una enfermedad no laboral) y solo tiene obligación legal de cubrir el 60% del sueldo; tras este tiempo empieza a ser la Seguridad Social quien paga al empleado (también solo debe pagarle el 60% del sueldo). A partir del día 20 la obligación es que la Seguridad Social pague al trabajador el 75% del salario. ¿Qué pasa con el resto del salario? Que suele compensarse, explica Benavides, a través de acuerdos y mejoras voluntarias que en algunas empresas suelen cubrir hasta el 100%. Algo que, sin embargo, están empezando a dejar de hacer. Y con el plan del Gobierno, que se acerca más al modelo del sector privado, las empresas pueden encontrar un argumento comparativo para retirar esos beneficios de sus convenios.

Puesto en cuarentena el argumento de que hay un abuso generalizado de los funcionarios, queda acudir a quienes les dan —o no— las bajas: los médicos de primaria. Y en ellos tampoco se encuentran argumentos que avalen la medida. El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, tiene una opinión contundente: “Mi percepción es que los funcionarios tienen las mismas bajas que el resto de los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, y no existen estadísticas que digan lo contrario”. Además, “en época de crisis las bajas se cogen con menos frecuencia. En eso han cambiado mucho las actitudes”, afirma el médico. Un hecho cierto. Benavides muestra como ejemplo el caso de Cataluña, donde existe un sistema de información exhaustivo. Ahí, la incidencia por cada 100 afiliados ha disminuido un 10% entre 2008 (33,8) y 2010.

Para Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy es sencillamente “un disparate”. “Puede ser que haya colectivos de funcionarios con mayor porcentaje de bajas, que además habría que estudiarlo, pero no se pueden hacer medidas generales que afecten a todos por igual y penalizar de igual forma a quien se comporta bien que a quien no lo hace. Tampoco comparar patologías. Qué pasa con una enfermedad crónica, como un cáncer, o una indiscutible, como la rotura de un hueso. Es una propuesta injusta”, opina. El presidente de los médicos españoles recuerda que no se puede penalizar ni discriminar al enfermo. Cree, además, que hay otros mecanismos para ver de manera inequívoca si hay abuso, como poner más mecanismos de inspección. “Nos parece bien que se limite el absentismo, pero no así”, añade.

Si se pregunta a los afectados, la respuesta es igual de rotunda. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la mayoritaria entre los trabajadores públicos, cree que, igual que ha pasado con los inmigrantes en situación irregular, a los que se va a retirar la prestación por el abuso de alguno, se pretende hacer lo mismo con los funcionarios. “Parece que lo único que le interesa a los Gobiernos, este o el anterior, es resaltar esos casos”, dice Borra, “cuando las bajas tienen la misma ratio que las del resto”. “Si hubiera un abuso, habría estudios que lo demostrarían. Cuando no los hay es que no se han producido”, añade.

La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, cree que todo el plan está basado en la idea de que los funcionarios son unos corruptos a los que hay que amonestar. “Es lamentable que ponga en la palestra a los trabajadores públicos y a los médicos que les están dando la baja”, dice. López afirma que esto puede tener varias consecuencias. La económica para los propios afectados y la implicación en la salud de estos trabajadores y los ciudadanos que les rodean. Es decir, la medida puede fomentar lo que se conoce como presentismo: que el trabajador, por miedo a perder su empleo o a que le descuenten de su salario, acuda a su puesto enfermo. “Esto puede suponer un problema para muchas personas porque los funcionarios cubren gran parte de los servicios fundamentales, como educadores, trabajadores sanitarios, bomberos. Lo que puede llevar a poner en riesgo a aquellos a quien cuidan”.

López recuerda que el plan del Gobierno ya funciona en comunidades como la madrileña, donde los empleados de baja pueden perder hasta el 40% de su sueldo. “La propuesta presentada por el Gobierno de Rajoy a Bruselas lo que hace es generalizarlo y que se pueda aplicar no solo al personal laboral, como en esas regiones, sino también al estatutario”, explica. No obstante, el plan presentado en la UE es todavía algo opaco. No queda claro si afectará a todos los trabajadores públicos ni si será distinto en función de las enfermedades. Como ocurre, por ejemplo en el País Vasco, donde la regulación, aplicada a 67.000 trabajadores, incluyó muchas excepciones: “Crónicos, graves, accidentes de tráfico, laborales... Al final quedaron solo las enfermedades leves, como las gripes”, explica el exresponsable de Seguridad Social Octavio Granado. A pesar de esto parece que no ha ido del todo mal: el absentismo se ha reducido un 22%.

Ese resultado, sin embargo, no convence a los propios afectados. Como Choni G., técnica especialista en Educación de la Comunidad de Madrid y por tanto personal laboral a quien ya afectó la medida. Esta profesional de 52 años que estuvo de baja 15 días por una neumonía vírica recibió el mes pasado 200 euros menos como consecuencia de esa incapacidad temporal. De los 1.300 que suele cobrar al mes pasó a cobrar 1.100. “¿Quieren que vaya a trabajar enferma? Eso repercute en mi salud y en la de los niños que están en contacto conmigo”, se queja. Pero como este caso hay muchos más. En Madrid, una trabajadora que esté de baja dos semanas puede llegar a perder 500 euros.

Estos argumentos contribuyen a alimentar las dudas que siembra la medida entre los expertos, que sin embargo sí coinciden en una cosa: la necesidad de mejorar el sistema de bajas. “Primero habría que ver los datos de absentismo y después discutir con más calma las medidas para abordarlo, saber si no funcionan los controles para frenarlo en la Administración pública y por qué. Puede que no se tengan esos instrumentos”, analiza el catedrático de la Universidad de Sevilla Cruz Villalón.

Esa es una de las partes fundamentales y más desatendidas. Lo asume José María Morán, médico inspector y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (Faiss). Morán afirma, por ejemplo, que el sistema que utiliza Muface necesita mucho más control, y que los mecanismos de vigilancia de las bajas del régimen general también es mejorable. “Si tienen indicios de fraude lo que deberían hacer es potenciar la inspección. Pero hay pocos inspectores”, opina.

La función de profesionales como Morán es analizar las bajas. “Tenemos un sistema informático en el que vemos las bajas que dan los médicos y el tiempo de duración de los procesos. Una baja de dos meses por una gripe, por ejemplo, chirría. Es cierto que hay médicos que dan muchas bajas, igual que los hay que recetan muchos genéricos. Así que lo suyo es establecer mecanismos de control para ver qué hacen estas profesionales y también conocer los procesos que duran más de la cuenta”, explica. Para él es “poco científico” decir que de forma general los funcionarios abusan. Su asociación ha elaborado un informe con datos de la Comunidad de Madrid del que se desprende, por ejemplo, que las bajas médicas del personal público duran menos, de media, que las del resto de trabajadores (16,5 frente a 28 días).

También el presidente de la Semfyc opina que los sistemas de control son anacrónicos. “El que tenemos es del siglo pasado. Está excesivamente burocratizado. El método de partes semanales [que el empleado debe entregar en su lugar de trabajo] no se sostiene”, afirma Basora, quien cree que hay que dejar margen a la confianza en los profesionales y la concienciación de los trabajadores. “Donde se ha dado mayor capacidad al clínico, como País Vasco y Navarra, se han conseguido mejoras económicas”, dice el médico. El presidente de CSIF también admite que puede haber mayores controles, aunque sean para todos.

El tema tiene muchas aristas. Tanto que no parece lo más correcto abordarlo de forma unilateral. “Una cosa es reducir el absentismo injustificado, y otra es que se haga de manera universal a todo el que se encuentre enfermo. Es un asunto suficientemente delicado como para que se haga un proceso previo de consultas y con evidencias científicas”, opina Cruz Villalón.

Una visión que también comparte el exresponsable de Seguridad Social, Octavio Granado, que cree que este tipo de cambios legislativos deben hacerse con mucho más cuidado. “Al final podría pasar que mandáramos un soldado a Afganistán, le explote una mina, pierda una pierna, y, encima, le vayamos a rebajar el sueldo”, ironiza.

Un sector en permanente sospecha

Datos del sector. Los funcionarios son, aproximadamente, 2,7 millones.
Control de bajas. La última propuesta del Gobierno es aprobar este año un plan contra el absentismo de los funcionarios que incluye, según las líneas iniciales de planteamiento, que estos no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal.
Política de personal. El anterior Gobierno decretó una rebaja de los sueldos del 5% para los funcionarios. Este año, las retribuciones han sido congeladas, pese a la subida del IPC y del IRPF.
E Sectores en dificultades. Sanidad. Se estudia que un 25% del sueldo corresponda a incentivos por productividad (parte variable). Educación. Se amplía la parte lectiva (para dar clases) en Secundaria de 18 a 20 horas.
Aumento de jornada. Los empleados públicos han aumentado en 2,5 horas la jornada semanal.
Políticas de empleo. Se suspende la contratación de interinos para cubrir bajas o dar servicios de apoyo (clases de refuerzo, guardias). La tasa de reposición (plazas nuevas que se convocan) será entre el 0% y el 10%. Es decir, por cada 10 trabajadores que se jubilen se incorporará uno como mucho.
Comentarios despectivos. Lo peor, para muchos de los afectados, han sido algunos comentarios de representantes políticos. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, llamó “vagos” a los profesores públicos. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, les dijo que se olvidaran “del cafelito y de leer el periódico”.


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Los sindicatos afrontan el Primero de Mayo más difícil de los últimos años (el país)

El desapego de los jóvenes y el paro complican su papel en la crisis
Manuel V. Gómez Madrid 30 ABR 2012 - 23:28 CET260

La Fundación Primero de Mayo, dependiente de CC OO, acaba de editar el libro Reivindicación del sindicalismo. Dirigentes de la organización, profesores de universidad y sindicalistas de base participan en una publicación que solo con el título muestra que los sindicatos celebran hoy un Primero de Mayo en una situación muy complicada para ellos. “Claro que lo es. Por eso, el libro es necesario ahora. Sí que es uno de los momentos más difíciles”, explica Fernando Lezcano, portavoz de CC OO. “No es el mejor, sin duda”, apostilla el secretario de Organización de UGT, José Javier Cubillo.

Desde que Mariano Rajoy está en La Moncloa, la relación del Gobierno con los sindicatos ha cambiado. Los Ejecutivos anteriores, tanto los de Zapatero como los de Aznar, llevaron adelante reformas laborales sin acuerdo con los agentes sociales, pero estos al menos conocían su contenido antes de que se aprobara. En más de una ocasión, Cándido Méndez ha contado con amargura cómo el 10 de febrero apenas conoció por teléfono unos detalles del decreto que iba a aprobar el Consejo de Ministros la misma mañana. Tres días después, él y el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, se reunieron con la ministra de Empleo. Fátima Báñez les dijo que en la reforma laboral solo habría cambios técnicos. No se han vuelto a ver hasta semanas después de la huelga general.

“No seamos cínicos. El Gobierno les dio tiempo para pactar [con los empresarios] y no lo hicieron. Y además llevaban años de diálogo sin llegar a nada”, explica Juan José Dolado, catedrático de la Universidad Carlos III. Crítico con el papel de los agentes sociales en los últimos años, cree que su papel tras la Transición tiene que cambiar.

Más comprensivo con los sindicatos y contrario al Gobierno es el catedrático de Derecho Laboral Jesús Cruz Villalón: “El Gobierno ha cambiado la situación del diálogo social. No reconoce a los sindicatos como interlocutores”.

El antiguo líder de CC OO Antonio Gutiérrez va más lejos. “Sí es un momento difícil, pero ya era duro con el Gobierno anterior”. El también exdiputado socialista cree que la pérdida de peso de los sindicatos viene de los Gobiernos de Felipe González.

Pero más allá del mayor o menor papel de interlocución que el Gobierno quiera darles, los problemas de los sindicatos en la sociedad española superan este punto. Por un lado está la reforma laboral y los recortes a las subvenciones (un 33% en los Presupuestos). Y por otro, el deterioro de su imagen social que se refleja en las últimas encuestas.

“Eso tiene que ver con la campaña de acoso y derribo a la que estamos siendo sometidos”, explica Lezcano, de CC OO, en referencia a las críticas y ataques que reciben de la prensa conservadora. Según su argumento, esa campaña de “cuestionamiento radical” ha precedido a una reforma laboral que les resta mucho peso en las empresas (ERE, modificación de condiciones laborales, distribución de fondos de formación, etcétera).

“Es verdad que han perdido poder, pero lo tenían excesivo; excesivo en comparación con otros países”, sostiene Federico Durán, catedrático de Derecho Laboral. “Además, ahora pueden ganar protagonismo en las negociaciones”. Cubillo, de UGT, lo ve de un modo muy distinto. En su opinión, los convenios colectivos, donde se desarrolla realmente el papel de los sindicatos en las relaciones laborales, “han sido atacados en la reforma laboral”. Los responsables de las centrales admiten el deterioro de su imagen en los últimos años. Lezcano reconoce que tiene mucho que ver con la “institucionalización” de las organizaciones y de las negociaciones permanentes que mantienen con los responsables políticos que hace que se asocie su imagen a la de estos últimos. Y, como Cubillo, defiende que gran parte del desapego que sienten los jóvenes hacia ellos tiene que ver con esto.

El catedrático Cruz Villalón apunta al gran problema de la sociedad española —el paro— como otro gran lastre para los sindicatos en este momento. “Con estas tasas de desempleo pierden peso sobre la población. No hay que olvidar que ellos se dirigen a la población asalariada”.

Si al desapego de los jóvenes y el lastre del paro se suma las dificultades de UGT y CC OO para llegar a las empresas más pequeñas, el problema aumenta. Cruz Villalón señala en este punto que ha habido cierta dejadez de las centrales, que “han confiado en la concertación social y se han desentendido en el día a día de las pymes”. Lezcano admite está crítica en parte, aunque destaca las dificultades que encuentran los trabajadores para sindicarse y en estas empresas “donde las relaciones laborales tienen un carácter más paternofilial”.

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No es un 1° de mayo cualquiera (el país)

Las políticas elegidas para combatir la crisis ignoran los valores de justicia y solidaridad que han guiado a la Unión Europea
Juan Somavia 1 MAY 2012 - 00:04 CET

La crisis económica está golpeando sobre todo a los trabajadores y sus familias. También ha puesto en evidencia cómo las políticas macroeconómicas de las pasadas décadas han socavado el valor del trabajo decente.

El actual modelo de crecimiento económico considera al trabajo como un costo de producción que debe mantenerse bajo para elevar la competitividad y las ganancias. Por otro lado, los trabajadores son vistos como consumidores a los cuales ofrecer préstamos más que oportunidades de participar en la riqueza que ellos ayudan a crear.

Nos hemos olvidado de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad y, sin ninguna duda, credibilidad en la democracia, lo cual es fundamental para la gobernabilidad. En muchas partes del mundo se ha perdido la noción básica de que el trabajo no es una mercancía.

Por eso, éste no es un 1° de mayo cualquiera. Hay quienes creen que es posible salir de esta crisis con las mismas recetas del pasado. Se equivocan, no es una crisis más.

Esta situación es más evidente en economías avanzadas y, en especial, en la eurozona, donde las políticas para enfrentar los altos niveles de deuda pública están creando un gran costo social que tarde o temprano habrá que pagar.

Cuando las tasas de desempleo juvenil rondan el 50% en países como España y Grecia, queda claro que estamos al límite de esta recesión generada por la austeridad. Se trata de políticas que ignoran los valores de justicia y solidaridad que han guiado a la Unión Europea y que están en el corazón de sus principales tratados. Y que ignoran que para pagar deudas se precisa crecimiento y empleo. Son políticas que se alejan de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se olvidan del papel fundamental que el diálogo social puede jugar en tiempos de crisis.

Precisamos políticas de consolidación fiscal que sean socialmente responsables. En democracia, es más importante contar con la confianza a largo plazo de las personas —especialmente de los más vulnerables— que ganarse el apoyo a corto plazo de los mercados.

Globalmente, la mayoría de las grandes empresas y el sistema financiero en general se han recuperado de la crisis, si bien algunos expertos creen que aún quedan bancos "frágiles". Los gobiernos gastaron miles de millones para esa recuperación. Los trabajadores, en cambio, no han recibido el mismo trato. Se entiende entonces que en este 1° de mayo mucha gente sienta que algunos bancos son demasiado grandes para quebrar, mientras que ellos son demasiado pequeños para ser tomados en cuenta.

¿Qué podemos hacer? Debemos cambiar el modelo de crecimiento de la economía global. Sin duda se trata de un modelo que ha creado mucha riqueza. Pero esta riqueza se ha concentrado en pocas manos y no ha logrado el tipo de crecimiento inclusivo que se suponía iba a generar.

Necesitamos un tipo de crecimiento que beneficie el medio ambiente, promueva el bienestar de las personas y reduzca las desigualdades. Su medida de éxito debe ser el número de empleos de calidad que crea y no el porcentaje de crecimiento del PIB.

El sistema financiero debe estar al servicio de la economía real en vez de especular con el dinero de las personas. Los bancos deben volver a su papel original, que era el de ofrecer préstamos para que las empresas sostenibles inviertan y creen empleos. Las políticas laborales, sociales y ambientales deben ser tan importantes como las políticas macroeconómicas. Éste no es el caso hoy en día.

El llamado Consenso de Washington dictaminaba: un país tendría pobres resultados si basaba su mercado de trabajo en políticas inclusivas como la creación de empleos de calidad, la protección social y el respeto a los derechos laborales. La verdad es contraria: países con políticas sociales de largo plazo han experimentado un crecimiento más estable. Algunos incluso se han vuelto más competitivos y se están recuperando más rápido que otros embarcados en la austeridad fiscal.

Debemos avanzar hacia una globalización que responda a las expectativas de la gente. Ello significa, en primer lugar, la posibilidad de acceder a un trabajo con remuneración justa y derechos laborales. En resumen, un trabajo en condiciones dignas. Esto fue lo que en su momento permitió el surgimiento de las clases medias en todos lados.

Ahora la clase media está amenazada, porque cada vez resulta más difícil conseguir un trabajo decente.

Este preocupante escenario concierne a todos los países. Ninguna nación o región puede bastarse por sí sola. Si queremos avanzar hacia una nueva era de justicia social, precisamos cooperación, diálogo y, sobre todo, liderazgo. Un liderazgo alimentado por valores humanos. Y entre esos valores, es clave la dignidad del trabajo.

Juan Somavia es director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Los sindicatos advierten que saldrán a la calle “hasta que esto cambie” (el país)

Las consignas contra los recortes y la reforma laboral, protagonistas de las manifestaciones
Toxo afirma que es posible que en la legislatura de Rajoy se llegue a seis millones de parados

Manuel V. Gómez Madrid 1 MAY 2012 - 17:33 CET2023

Los sindicatos han respondido a Rajoy, que el domingo anunció más recortes "hasta el fin de la legislatura", con una advertencia: las movilizaciones contra la reforma laboral no pararán. "El 29 no es el final, no es el final el Primero de Mayo, saldremos a las calles para que les moleste, para que esto cambie", ha asegurado el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, tras la marcha del Primero de Mayo en Madrid justo después de que su homólogo de UGT, Cándido Méndez, denunciara una reforma que "lleva a las condiciones laborales de China".
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Las políticas de recortes del Gobierno han revitalizado las protestas de los sindicatos en este Primero de Mayo, la quinta movilización sindical tras la aprobación de la reforma laboral. Desde que Mariano Rajoy está en La Moncloa, la relación del Gobierno con UGT y CC OO ha cambiado y hoy, además de rechazar la reforma laboral, las centrales están reivindicando también el derecho a manifestarse contra "la ley del silencio" que, aseguran, quiere imponer el Ejecutivo. Tanto José Luis Rodríguez Zapatero como José María Aznar, llevaron adelante reformas laborales sin acuerdo con los agentes sociales, pero estos al menos conocían su contenido antes de que se aprobara.

Por esta razón, los sindicatos creen que había "motivos más que suficientes para manifestarse este Primero de mayo". Lo ha afirmado Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO, en la cabecera de la manifestación de Madrid, antes de apuntar que es muy probable que se superen los seis millones de parados. "La EPA es sobradamente elocuente", ha agregado. Méndez, secretario general de UGT, también ha aludido al descrédito de los sindicatos: "Se descalifica a las organizaciones sindicales pero el objetivo es el deterioro de los derechos laborales". "Rajoy quiere imponer el mandato de la señora Thatcher" y "demoler los servicios públicos", ha alegado el líder de UGT en una marcha con alrededor de 100.000 manifestantes, según cálculos de los sindicatos, al igual que en Barcelona. A la convocatoria de Madrid también han acudido la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, el responsable de la Fundación Ideas y exministro de Trabajo, Jesús Caldera, y el también extitular de ese Departamento Valeriano Gómez.

La polarización entre el PP y las centrales ha llegado a tal punto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, calificara de "gamberrada" y "algaradas callejeras" las movilizaciones. Los dirigentes sindicales de la capital, Javier López (CC OO)y José Ricardo Martínez (UGT), por su parte, se han mostrado muy duros esta mañana con la dirigente popular. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha señalado desde la romería de la Virgen del Valle en Toledo que el Gobierno está trabajando "mucho" para "intentar y conseguir" que se creen puestos de trabajo.

Desde Valencia, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que recupere el diálogo social. "Están realmente en riesgo los derechos conseguidos en los últimos 30 años, en el que está realmente en riesgo el diálogo social", ha afirmado. En más de una ocasión, Méndez ha contado con amargura cómo el 10 de febrero apenas conoció por teléfono unos detalles del decreto que iba a aprobar el Consejo de Ministros la misma mañana. Tres días después, él y el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, se reunieron con la ministra de Empleo. Fátima Báñez les dijo que en la reforma laboral solo habría cambios técnicos. No se han vuelto a ver hasta semanas después de la huelga general. También por esta razón Cayo Lara, coordinador de IU, ha solicitado esta mañana a Rajoy una reunión urgente para desarrollar un "gran acuerdo nacional" entre los sindicatos, partidos políticos y fuerzas sociales para luchar contra el paro y fijar una política de "empleo real" como "única" hoja de ruta del futuro.

En este contexto, y dos días después de una convocatoria contra los recortes en sanidad y educación que registró un éxito moderado, los representantes de los trabajadores se enfrentaban a un reto sin precedentes en la historia reciente. Más allá del mayor o menor papel de interlocución que el Gobierno de Rajoy quiera darles, los problemas de los sindicatos en la sociedad española superan este punto. Por un lado está la reforma laboral y los recortes a las subvenciones (un 33% en los Presupuestos). Y por otro, el deterioro de su imagen social que se refleja en las últimas encuestas.

Ante este panorama, el secretario general de UGT había defendido esta mañana, antes de la manifestación, el derecho a la protesta. "Más allá de las fluctuaciones [en referencia al calendario y la meteorología], lo importante es resaltar es que nosotros vamos a seguir ofreciendo el cauce para el derecho de manifestación y movilización. No vamos a consentir que el Gobierno quiera imponer la ley del silencio y que incluso pretenda incomunicarnos". ha advertido.

Toxo también se había dirigido al Ejecutivo desde RNE al denunciar que "como ellos empiezan a caer en la cuenta de que la ciudadanía probablemente ha llegado al límite de la capacidad de aguantar, ahora se recurre a la utilización de la autoridad, y no me refiero a la autoridad política y moral, sino a la represión".

Cerca de 80 manifestaciones han recorrido a partir de las once de la mañana las calles de unas 60 ciudades. En Madrid, donde se ha blindado la puerta del Sol por temor a una posible acampada del Movimiento 15-M, los manifestantes han desfilado entre la plaza Cánovas del Castillo, el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, la calle de Alcalá y Sol.

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Aguirre: “Los sindicatos caerán como el muro de Berlín” (el país)

La presidenta madrileña vuelve a cuestionar el modelo: "Todos saben que hay que reflexionar"

"No salen ya ni los liberados sindicales"

El País Madrid 2 MAY 2012 - 09:52 CET1949
"El Estado autonómico se crea para tratar de integrar mejor a Cataluña y País Vasco, en cambio ese objetivo no se ha conseguido". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a poner en cuestión el Estado de las autonomías al recordar que fracasó en su principal objetivo, "la integración" de esas comunidades, y se ha convertido en un modelo económicamente insostenible en tiempos de crisis. "Todos saben que hay que reflexionar sobre el Estado autonómico", ha agregado.

"También es verdad que en tiempos de bonanza los Gobiernos autónomos hemos hecho inversiones muy importantes", ha reconocido Aguirre. La dirigente popular ha señalado, por otro lado, en la cadena SER que "la política económica del Gobierno va bien encaminada". "La tendríamos que haber hecho hace mucho, aunque la medicina se puede dar más de golpe que en pequeñas dosis", ha concedido.

El PP madrileño, con la presidenta a la cabeza, lleva tiempo alentando ese debate, aunque algunos de sus dirigentes lo nieguen públicamente. Lo afirmó el secretario general, Ignacio González, el domingo en una entrevista con este periódico. "No es un problema de que alguien esté cuestionando ningún modelo constitucional, autonómico, etcétera", apuntó González. "Eso es absolutamente falso", aseguró antes de agregar que "es adonde han querido llevar unas declaraciones de la presidenta en la que solamente puso como ejemplo de necesidad de racionalizar la Administración el que no se puede tener cuatro o cinco niveles administrativos interviniendo en la misma cuestión".

Aun así, el número dos de Aguirre admitió que si llegaran a devolver las competencias en Sanidad, Educación o Justicia a la Administración Central, lo harían "por una razón única y exclusivamente: la racionalización de la Administración". Y añadió: "Entendemos que hacerlo es una de las reformas que necesita nuestro país para funcionar de una manera más eficiente. Porque eso es ineficiente, es caro y además dificulta muchísimo a los ciudadanos la gestión. Las reformas tienen que profundizar por ahí en los próximos años".

El pasado 10 de abril, Aguirre abrió la caja de los truenos la piedra tras reunirse con Mariano Rajoy y revolucionó el debate en el PP con una propuesta que nadie en este partido había planteado nunca: la devolución de las competencias de sanidad y educación al Estado. Fue el primer Ejecutivo de José María Aznar el que culminó en 1998 ese traspaso. Y los populares, desde entonces, nunca han planteado devolverlas. Solo UPyD lo pedía. El Gobierno oficialmente no dijo nada, aunque ya entonces trasladó que eso no está en sus planes.

"Los sindicatos caerán como el Muro de Berlín"
Un día después de las manifestaciones del Primero de Mayo, la presidenta de Madrid ha vuelto también a arremeter contra los sindicatos. "O cambian o yo les auguro que caerán como el Muro de Berlín", ha reiterado al insistir que "están muy anticuados".

"Si no hay piquetes ni coacciones no salen", ha asegurado además Aguirre sobre la asistencia a las marchas, antes de responsabilizar a CC OO y UGT de una imagen dañina para España. "¿Qué imagen debemos dar para generar confianza y que nos presten los mercados, una algarada?", se ha preguntado para agregar: "No salen ya ni los liberados", ha afirmado Aguirre a propósito de las manifestaciones de ayer.

Aguirre utilizó esa la misma palabra , "algarada", para referirse a las protestas en la clausura del congreso regional del PP madrileño en el que recibió todavía más apoyos que en el cónclave anterior. La presidenta habló arropada por los suyos y en presencia de Rajoy, aunque su arremetida contra los sindicatos y la oposición fue más allá de la del propio presidente del Gobierno, que se limitó a señalar que "deberían callarse después de lo que nos han dejado".

En términos parecidos se ha pronunciado hoy el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos, Floriano, quien, ha asegurado, no entiende "tanta manifestación”, cuando durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero (“mientras subíamos de 2,5 millones de parados a 5,3") "nadie salió a la calle para protestar”. “Los sindicatos nunca han querido dialogar con el Gobierno del PP”, ha afirmado el dirigente de Génova, que también ha acusado a Alfredo Pérez Rubalcaba de tomar "decisiones bajo su influencia”.

¿Ministros socialdemócratas?
Fiel a su estilo habitual de no morderse la lengua, Esperanza Aguirre ha dejado hoy varias perlas dialécticas en su entrevista en la SER. La conversación con Carles Francino ha terminado, de hecho, con una frase de la presidenta madrileña con la que parecía sugerir hasta una cierta satisfacción en acometer recortes. Aguirre ha explicado que todos los viernes celebra una reunión para estudiar dónde puede recortar. "¡Y estoy encontrando unas partidas maravillosas!", ha exclamado. En otro momento de la entrevista ha azuzado de nuevo a Rajoy para que acelere los ajustes con un símil médico: “La medicina se puede dar más de golpe que en pequeñas dosis".

La dirigente popular ha dicho también en tono jocoso que es posible que en el Gobierno exista “algún ministro socialdemócrata”, en referencia a las voces que han surgido en el Ejecutivo que cuestionan que España pueda salir de la crisis solo con políticas de austeridad. “En Madrid no tengo ninguno”, añadía divertida.

Los sindicatos han vuelto a ser, como es habitual, blanco de sus críticas. La presidenta de Madrid ha minimizado la asistencia a las manifestaciones de ayer por la celebración del Primero de Mayo, a las que acudieron 47.000 personas solo en Madrid según los cálculos de este periódico. Según ella, apenas hubo manifestantes. "No salen ya ni los liberados", ha dicho Aguirre con sorna antes de añadir, ya sin guasa, que los ciudadanos solo se movilizan si están coaccionados por las organizaciones sindicales. “Si no hay piquetes ni coacciones no salen", ha concluido.

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CC OO y UGT exigen a Aguirre que se retracte de sus “insultos” (el país)

Los sindicatos faltan a los actos del 2 de mayo por las descalificaciones de la presidenta
Critican que cargue contra ellos y contra el derecho a manifestarse

El País / Agencia EFE Madrid 2 MAY 2012 - 12:08 CET56

CCOO y UGT de Madrid tienen previsto pedir hoy por carta a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que se "retracte de los graves insultos proferidos contra ambas organizaciones". Esos insultos, afirman, "no solo ofenden a sus dirigentes y a los cientos de miles de personas afiliadas, sino al 75% de los trabajadores y trabajadoras de la región que les han dado su confianza y representación sindical en elecciones libres y democráticas".

Los secretarios de Política Institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y de Organización de UGT Madrid, Miguel Angel Abejón, transmiten a Aguirre su "más firme repulsa" tanto por sus "descalificaciones de la ciudadanía que ha ejercido el derecho de manifestación contra los recortes" como por sus "insultos y difamaciones contra ambos sindicatos".

Fuentes sindicales han indicado que si la presidenta autonómica no quiere hoy recoger la carta, como ha anunciado esta mañana en una entrevista en la SER, se la darán a los portavoces de los grupos de la oposición en la Asamblea (PSOE, IU y UPyD). También le recuerdan que es "la presidenta de todos los madrileños y madrileñas y, sin embargo, cada día que pasa se empeña en serlo de un número más reducido de ciudadanos, de aquellos que menos lo necesitan y más renta y fortuna disfrutan".

En su carta, los sindicatos aluden a algunas noticias recientes y piden a Aguirre que, "en vez de estar obsesionada en descalificar permanentemente a los sindicatos apoyándose en mentiras y datos falsos", se preocupe "por la transparencia y la imagen democrática" del PP de Madrid. "Debe dar respuesta a las denuncias de la Agencia Tributaria que detallan la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Debería esclarecer estas informaciones tan graves y también cómo y con qué dinero presuntamente se ha financiado su partido y cómo se va a devolver, en su caso, ese dinero a las arcas públicas", afirman.

Aprovechan para pedirle, además, que "no aplique los recortes en la Comunidad de Madrid" porque "no es necesario" si cambia la política fiscal y la hace "más justa" dejando de "exonerar a los ricos del pago de impuestos como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones".

También le comunican que van a seguir, "responsablemente" y en el ejercicio de sus derechos constitucionales, manifestándose contra lo que no están de acuerdo. "Nos vamos a seguir manifestando contra las decisiones que recortan y ponen en riesgos los servicios públicos que son un instrumento esencial para construir una sociedad más igualitaria y justa en la que creemos y por la que trabajamos desde ambas organizaciones", advierten los sindicalistas.

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La reforma laboral prolongará hasta 2015 la pérdida de poder adquisitivo (el país)

El Gobierno prevé un aumento salarial por debajo de la inflación en el programa de estabilidad
Alejandro Bolaños Madrid 30 ABR 2012 - 22:14 CET206

El programa de estabilidad que este lunes envió el Gobierno español a Bruselas es, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, la "espina dorsal" de la política económica para esta legislatura. El programa está dominado por una prioridad, la reducción del déficit público a machamartillo. Pero más allá del ajuste y sus efectos, lo más determinante para el crecimiento y el empleo será, según las propias estimaciones del Ejecutivo del PP, la reforma laboral. El Gobierno cree que la nueva norma inducirá una significativa contención de los costes laborales y facilitará así ganancias de competitividad. En el vocabulario del trabajador, esto se traducirá en una prolongada pérdida de poder adquisitivo. Como mínimo, hasta 2015.

El Gobierno recalca que uno de los objetivos de la reforma laboral, en vigor desde mediados de febrero, es lograr "una mayor flexibilidad a la baja de la remuneración salarial por trabajador". Y reitera su argumentación de que uno de los problemas del trabajo en España es que cuando llega una crisis como la actual, el ajuste se hace mediante un aumento del paro ante la supuesta dificultad para hacer bajar los salarios.

La aplicación de la reforma laboral, sostiene el Ejecutivo, llevará a un mínimo crecimiento de la remuneración por trabajador en 2012 (0,2%, la cuarta parte que en 2011) aún en un contexto de notable destrucción de empleo. En 2013 se prevé incluso un retroceso (-0,4%) y los dos años siguientes, de nuevo, avances mínimos (por debajo del 0,3%). El contraste con la evolución de la inflación, que da una idea de la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, es notable. El deflactor del consumo en el PIB (que sirve de aproximación al IPC) refleja incrementos siempre cercanos al 2%.

El Gobierno le cuenta a Bruselas cómo piensa que la reforma laboral logrará esta significativa contención del coste del trabajo para las empresas: "La negociación de los salarios en condiciones más competitivas, la mitigación de los mecanismos de persistencia de los salarios nominales [las cláusulas de garantía salarial], así como unos costes de utilización de los servicios del trabajo menos onerosos para la empresa [indemnizaciones por despido mucho más bajas] redundarán en una menor destrucción de empleo". También, a tenor de las propias estimaciones del Ejecutivo, en unos incrementos salariales más que modestos.

"Este cambio estructural", como lo llama el Gobierno, "permitirá conseguir a medio plazo una correlación mucho más ajustada entre salarios reales y productividad". En otras palabras, la contención salarial permitirá "una recomposición de los márgenes del sector empresarial" a través de la caída de los costes laborales unitarios, caballo de batalla de los que afean a España la pérdida de competitividad registrada. En media anual, la bajada será "en torno al 2% entre 2012 y 2015". Solo a más largo plazo, "el salario real acabará repuntando", dice el Gobierno.

La contención salarial y la mejora de los márgenes empresariales no se traducirá, sin embargo, en creación de empleo. Al menos en esta legislatura, donde el propio Gobierno estima que se destruirán en total más de 400.000 empleos. Economía defiende que las mejoras de productividad permitirían crear "un pequeño volumen de empleo" con "tasas de crecimiento del PIB algo superiores al 1%", en 2014 y 2015, cuando, en las últimas décadas, la creación de empleo ha venido asociada a avances del PIB cercanos al 2%.

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El aumento del paro en España lleva a la UE a igualar su máximo histórico (público)

Los datos publicados hoy por Eurostat reflejan la brecha laboral que separa a los Estados miembros

EFE BRUSELAS 02/05/2012 14:27 Actualizado: 02/05/2012 15:28


El desempleo continuó su subida sostenida en marzo en la zona del euro e igualó su máximo histórico (10,9 %), mientras se intensifica el debate en la UE sobre la necesidad de tomar medidas a nivel comunitario que estimulen el crecimiento y el empleo.

Según los datos publicados hoy por Eurostat, la tasa de paro de los países de la moneda única aumentó una décima en marzo con respecto al mes anterior y llegó al 10,9 %, igualando la cifra de abril de 1997, la mayor registrada hasta ahora.

En el conjunto de los Veintisiete, el desempleo permaneció estable en el 10,2 %, una tasa récord desde que Eurostat comenzó a contabilizar los datos para toda la Unión en el año 2000. España registró un aumento de tres décimas, hasta el 24,1 %, y se mantuvo como el país comunitario con más desempleo.

Durante los últimos seis meses, el desempleo ha aumentado a un ritmo mensual prácticamente estable de una décima porcentual, tanto en los países de la moneda única como en toda la Unión. Para la Comisión Europea (CE) se trata de datos "muy preocupantes", según dijo en una rueda de prensa la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde.

"La combinación del crecimiento económico y la lucha contra el desempleo está en el centro de la estrategia comunitaria", destacó Ahrenkilde, en línea con las recientes declaraciones del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y de otros líderes comunitarios.

"Necesitamos centrarnos a largo plazo en mejorar la competitividad y lograr la consolidación fiscal (...), pero también tenemos que hacer más a corto plazo para resolver la dramática situación del empleo en varios Estados miembros", añadió.

Voluntad política
Durante la última semana, varios líderes de la UE han comenzado a pedir un cambio de dirección en la estrategia comunitaria que hasta ahora daba máxima prioridad a la consolidación fiscal, y han destacado la necesidad de medidas concretas tanto a nivel nacional como europeo para fomentar el crecimiento y el empleo.

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, anunció por su parte que estudia convocar una cumbre extraordinaria de líderes de la UE para avanzar medidas de fomento del crecimiento económico antes de finales de junio.

Preguntado sobre qué acciones concretas plantea Bruselas, el portavoz comunitario de Empleo y Asuntos Sociales, Jonathan Todd, señaló hoy que la CE prevé adoptar el próximo día 30 "recomendaciones específicas" sobre empleo para los Estados miembros.

Todd mencionó en particular "la creación de un verdadero mercado laboral paneuropeo" para resolver los grandes desequilibrios que se dan entre los diferentes países de la UE, y señaló la importancia de que "además de medidas europeas, se tomen medidas a nivel nacional".

Una Europa a dos velocidades
Los datos publicados hoy por Eurostat reflejan la brecha laboral que separa a los Estados miembros, con tasas de desempleo que oscilan entre las de Austria (4,0 %), Holanda (5,0 %) o Alemania (5,6 %) y las de España (24,1 %), Grecia (21,7 %) y Portugal (15,3 %).

El desempleo juvenil también volvió a aumentar en marzo con respecto al mes precedente tanto en la zona del euro (desde el 21,9 % hasta el 22,1 %) como en el conjunto de los Veintisiete (del 22,5 % al 22,6 %).

España registró un aumento desde el 50,1 % hasta el 50,9 %, y se situó como el segundo Estado miembro con más paro entre los menores de 25 años, solo por detrás de Grecia (51,2 %, según datos del pasado mes de enero).

En el otro extremo se situaron Alemania (7,9 %), Austria (8,6 %) y Holanda (9,3 %).



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"A la derecha le importa un bledo que la gente se muera de hambre" (público)

Miguel Ángel Sierra no creía en el 15-M y ha terminado parando desahucios desde la Asamblea Interbarrios de Vivienda, en la que participa activamente desde octubre

PABLO MACHUCA Madrid 03/05/2012 08:00 Actualizado: 03/05/2012 08:23


Miguel Ángel Sierra, de 44 años, se mueve por Malasaña como si fuera del barrio. Pero no lo es. Viene desde Aluche para acudir a las asambleas que cada semana se celebran en la Plaza del Dos de Mayo, situada en el corazón de este céntrico barrio madrileño. Todavía saborea los restos de la comida popular que acaba de celebrar la Asamblea Malasaña en honor al Primero de Mayo, bajo una lluvia tan intermitente como incómoda. Nada que no solucionen un buen paraguas y unos bollos que trae sonriente a modo de postre para compartir con los participantes. En la solapa, Miguel, que continúa su "lucha" desde la Asamblea Interbarrios de Vivienda y Desahucios, muestra una insignia con forma de casa donde se puede leer "Vivienda digna".

¿Participaste?

Cuando nació el 15-M yo estaba trabajando y desconfiaba de ellos, no entendía qué era y qué querían conseguir. Lo vi y pensaba: "No tienen nada que hacer". Pero cuando me quedé en paro, me fui indignado y acudí a las asambleas. Entonces era cuando empezaban las de barrio y se hacían grupos de trabajo. Yo no lo entendía, pero poco a poco fui aprendiendo y vi que tenían un poder con el que sí podíamos hacer cosas. Me metí en Vivienda porque he estado 20 años trabajando de administrativo en el tema hipotecario y porque es algo muy importante y esencial. Empezamos a luchar contra los desahucios y me gustó mucho. Me equivoqué: pensé que el 15-M no era nada.

¿Te convencieron o convenciste?

Fue un amigo mío de Aluche quien me dijo que probara a ir a las asambleas. Yo entonces no creía que el 15-M tuviera fuerza, pensaba que eran un par de personas que iban a asamblearse sin sentido. Pero vi la fuerza de la gente joven, de la gente que vale muchísimo para hablar, gente que no estaba involucrada en esta lucha y que se dijo: valgo para esto. Yo vi que esto iba para adelante. Esta lucha y las asambleas, eran interesantes.

Los motivos que te indignaron

Me motivó que me echaron del trabajo. Estaba super indignado porque me engañaron en mi empresa y pensé que tenía que luchar contra este sistema de mierda y de basura. Me gustó cómo el 15-M hacía las asambleas y cómo se luchaba contra el sistema.

Los motivos para volver a indignarte

El motivo es que hay gente que a la que echan de su casa cuando está pagando su piso. Les echan cuando esta crisis no es un error suyo, cuando el Estado lo ha hecho todo mal y cuando la gente se queda sin trabajo y no puede pagar los préstamos. No señor, la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. No se puede echar a una persona cuando ha pagado un capital del préstamo. Si tienes un préstamo de 20 años, pagas diez y los otros diez no puedes pagarlos porque te has quedado sin trabajo, ¡ya has pagado diez! ¡Ya has pagado ese capital! Tienes derecho a esa vivienda. No entiendo cómo han hecho la ley así. Ese sistema hay que borrarlo.

Un momento

El 15-O fue acojonante: éramos 5.000 personas en Madrid, ¡fue todo el país! Con esa fuerza se ocuparon muchos edificios, se ocuparon viviendas, se ocupó el Hotel Madrid, nacieron muchos grupos de trabajo,.... A mí el 15-O me pareció formidable. También es formidable cómo la gente acude a los desahucios y a la lucha. Gracias a eso se están parando desahucios sin ir y hay bancos que cogen dación en pago, que dan alquiler social,.... Esas dos cosas me maravillan, porque dices: ¡qué bonito es el 15-M!

Un error

Que no nos equilibramos, que cada asamblea va a su bola. Tiene que estar todo centralizado, pero claro, cada centro social y cada asamblea van a su aire. Hay mil cosas y no puedes estar en las mil a la vez. Si se arreglara eso, estaría bien.

¿Qué aportaste?

Yo he aportado mi lucha, mis conocimiento sobre hipotecas y el hecho de poder parar desahucios. ¿Puedes hacer más? Sí, claro, puedo conseguir más cosas, muchísismas más.

"Llueva o haga sol, la gente asiste a las asambleas"

¿Qué ha cambiado con el 15-M?

El 15-M ha cambiado que los desahucios se están parando. Los bancos dan alquiler social, con las firmas que estamos presentando, los bancos se retraen y dan cosas. Y que ahora la gente quiere informarse del 15-M y están pidiendo a los medios de comunicación que den información sobre el movimiento. Hemos conseguido que al pueblo le guste el movimiento. Es acojonante lo que hemos conseguido en un año. Los años siguientes vamos a conseguir mucho más, porque llueva o haga sol, la gente asiste a las asambleas.

"Tenemos más fuerza, pero aún somos bebés"

¿Sigue teniendo la misma fuerza?

Tiene más fuerza que hace un año. Se nota en las ocupaciones, en la lucha en los desahucios. Somos críos aún, somos bebés, pero en este año se ha conseguido muchísimo.

¿Hasta dónde crees que llegará?

Podemos conseguir cambiar la situación. Es difícil porque tenemos a la derecha que hace lo que le da la gana. La derecha gobierna para que Europa vea que España está ahí. Eso no nos interesa. Nos interesa que mi compañero o mi vecino tengan su piso y no estén en la calle. Y a la derecha le importa un bledo que la gente esté en la calle, que se muera de hambre o que pague más el Metro, le da igual. La derecha siempre ha sido así, desde que Aznar estuvo en el Gobierno. Pero sí creo que podemos conseguir algo. Les estamos tocando los cojones.


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Otras noticias

NACIONAL

El Gobierno rechaza que los alumnos con suspensos obtengan el título de la ESO
(Faro de Vigo)
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/05/03/gobierno-rechaza-alumnos-suspensos-obtengan-titulo/645444.html

Wert rechaza que se pueda obtener el título de ESO sin haber aprobado todas las asignaturas (20 minutos)
http://www.20minutos.es/noticia/1414961/0/wert/reforma-educativa/eso-sin-suspensos/

Los alumnos tendrán que aprobar todo para lograr el título de ESO (Diario de Mallorca)
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/05/03/alumnos-tendran-aprobar-lograr-titulo/763190.html

El Gobierno rechaza la obtención del título de ESO con suspensos (Diario Vasco)
http://www.diariovasco.com/v/20120503/al-dia-sociedad/gobierno-rechaza-obtencion-titulo-20120503.html

Ajuste al futuro: Rajoy quita 233 euros a cada estudiante o 2.837 por profesor
(Cuarto Poder)
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2012/05/03/ajuste-al-futuro-rajoy-quita-233-euros-a-cada-estudiante-o-2-837-por-profesor/

Aguirre insiste en que "los sindicatos están muy anticuados y tienen que cambiar" (SER)
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/aguirre-insiste-sindicatos-estan-anticuados-tienen-cambiar/csrcsrpor/20120502csrcsrnac_4/Tes

«Gamberros» sindicales (Diario de León)
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/gamberros-sindicales_688255.html


REGIONAL

Sindicatos piden a Aguirre que aplique Constitución y critican que "sólo le interese la libertad económica sin reglas" (La Información - Madrid)
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/sindicatos-piden-a-aguirre-que-aplique-constitucion-y-critican-que-solo-le-interese-la-libertad-economica-sin-reglas_ZapncXO4KkKH5PglHsEf06/

Aguirre: "Hay maravillosas partidas en las que recortar" (Cinco Días)
http://www.cincodias.com/articulo/economia/aguirre-hay-maravillosas-partidas-recortar/20120503cdscdieco_2/

CCOO gana en el Supremo el recurso contra la sentencia que elimina la ratio mínima para cursar asturiano (Europa Press)
http://www.europapress.es/asturias/noticia-ccoo-gana-supremo-recurso-contra-sentencia-elimina-ratio-minima-cursar-asturiano-20120502142847.html

CCOO gana en el Supremo el recurso contra la sentencia que elimina la ratio mínima para cursar asturiano (QUÉ!)
http://www.que.es/asturias/201205021428-ccoo-gana-supremo-recurso-contra-epi.html

El TS anula los cupos mínimos de alumnos para cursar asturiano en la ESO
(La Nueva España - Asturias)
http://www.lne.es/asturias/2012/05/02/supremo-anula-cupos-minimos-alumnos-cursar-asturiano/1236120.html

Educación afirma que la enseñanza de la llingua no se verá afectada por los recortes
(La Nueva España - Asturias)
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/05/03/educacion-afirma-ensenanza-llingua-vera-afectada-recortes/1236404.html

CCOO denuncia que el Gobierno de Cospedal ha suprimido "sin previo aviso" las aulas de adultos en la región (20 minutos - CLM)
http://www.20minutos.es/noticia/1415048/0/

CC.OO.: El Gobierno de Cospedal suprime sin previo aviso las aulas de adultos de la región (La Cerca)
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/previo_aviso_aulas_adultos-116808-1.html

Sindicatos de la enseñanza extremeños advierten de que serán "contundentes" ante los recortes en educación (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/local/20120502/54288279569/sindicatos-de-la-ensenanza-extremenos-advierten-de-que-seran-contundentes-ante-los-recortes-en-educa.html

Los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Educación gritan "no a los recortes" frente a la Consejería (Extremadura de hoy)
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/educacion_y_juventud/los_sindicatos_con_presencia_mesa_sectorial_educacion_gritan_los_recortes_frente-160279.html

Los sindicatos no descartan convocar huelga general “en defensa de la enseñanza pública” (El Periódico Extremadura)
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/los-sindicatos-no-descartan-convocar-huelga-general-en-defensa-de-ensenanza-publica-_651569.html

Los sindicatos barajan una huelga general por la educación pública
(El Periódico Extremadura)
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/los-sindicatos-barajan-una-huelga-general-por-educacion-publica_651611.html

Movilización de sindicatos de enseñanza contra los recortes en Educación
(Digital Extremadura)
http://digitalextremadura.com/not/22221/movilizacion_de_sindicatos_de_ensenanza_contra_los_recortes_en_educacion/

Unas 150 personas protestan en Santiago contra los "recortes" en educación y exigen la dimisión de Vázquez (La Información - Galicia)
http://noticias.lainformacion.com/educacion/instituto-o-educacion-secundaria/unas-150-personas-protestan-en-santiago-contra-los-recortes-en-educacion-y-exigen-la-dimision-de-vazquez_Trp3ScPop1h9pwltPS8fe/

Los rectores piden que el precio de las carreras se fije según la renta de cada comunidad (Faro de Vigo - Galicia)
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/05/03/rectores-piden-precio-carreras-fije-renta-comunidad/645446.html

Los rectores confían en que las tasas de matrícula suban poco más que el IPC
(El Correo Gallego)
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/rectores-confian-tasas-matricula-suban-poco-ipc/idEdicion-2012-05-03/idNoticia-744515/

La Generalitat amenaza con llevar los recortes universitarios estatales ante el TC
(La Información - Cataluña)
http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/la-generalitat-amenaza-con-llevar-los-recortes-universitarios-estatales-ante-el-tc_0HaqJUydcMSzJWg0BVXmL1/

Catalá insta a los sindicatos a acudir a las mesas sectoriales de Educación
(ABC - C. Valenciana)
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1158590

La Generalitat valenciana mantendrá a 1.500 profesores de apoyo en Infantil para luchar contra el fracaso escolar (La Información - C. Valenciana)
http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/la-generalitat-valenciana-mantendra-a-1-500-profesores-de-apoyo-en-infantil-para-luchar-contra-el-fracaso-escolar_pHjgCJet96pUUfzL1Kg583/

Mil centros, interesados en el programa de fracaso escolar (Las Provincias - C. Valenciana)
http://www.lasprovincias.es/v/20120503/comunitat/centros-interesados-programa-fracaso-20120503.html

Los sindicatos de la Enseñanza piden a la Junta que mantenga y mejore la inversión (Leonoticias - CYL)
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Los-Sindicatos-De-La-Ensenanza-Piden-A-La-Junta-Que-Mantenga-vn97297-vst216

Educación creará 3.800 plazas más de FP y siete titulaciones nuevas (El Día - Canarias)
http://eldia.es/2012-05-03/CANARIAS/10-Educacion-creara-plazas-FP-siete-titulaciones-nuevas.htm

El grueso de plazas de FP en Canarias serán vía online (La Provincia - Canarias)
http://www.laprovincia.es/sociedad/2012/05/03/grueso-plazas-fp-canarias-seran-via-online/454997.html

La comunidad universitaria se manifiesta esta tarde en Palma en contra de los "continuos recortes" en educación (Europa Press - Baleares)
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-comunidad-universitaria-manifiesta-tarde-palma-contra-continuos-recortes-educacion-20120503060023.html

Educación descarta subir un 20% las ratios por aula pero sí aumentará las horas lectivas (Noticias de Navarra)
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/05/03/sociedad/navarra/educacion-descarta-subir-un-20-las-ratios-por-aula-pero-si-aumentara-las-horas-lectivas

CCOO cree que se perderán 500 puestos de profesores en la enseñanza pública en Navarra (Europa Press)
http://www.europapress.es/navarra/noticia-ccoo-cree-perderan-500-puestos-profesores-ensenanza-publica-navarra-20120502162459.html

Griñán combatirá los retrocesos sociales (Diario Córdoba – Andalucía)
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/grinan-combatira-los-retrocesos-sociales_712709.html

Griñán en estado puro (Diario de Sevilla)
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1248644/grinan/estado/puro.html

Gobierno y Obispado recurren la readmisión de la docente de Religión que se casó con un divorciado (Europa Press - Andalucía)
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-gobierno-obispado-recurren-readmision-docente-religion-caso-divorciado-20120502152434.html

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