CCOO exige que se cumpla la ley en relación a las retribuciones del profesorado de la concertada

    Con la llegada de la crisis económica, el proceso de homologación quedó paralizado. Desde entonces la equiparación del 100 % (obviando la cuestión de los sexenios) solamente es real en Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y Ceuta/Melilla. En el resto de comunidades –aunque no siempre– la “gradualidad” se ha quedado en porcentajes variables que van desde el 90 % de Canarias y Cantabria (aunque en esta última se perciben los sexenios) al 97 % de Castilla-La Mancha.

    20/09/2017.

    La Ley General de Educación de 1970 preveía la homologación de las retribuciones del profesorado de la entonces enseñanza privada subvencionada con el profesorado de la enseñanza estatal (art. 124.3); y el 49.4 de la LODE (1985) incluyó el mismo mandato, adaptado al nuevo régimen de conciertos educativos que creaba. Pero el ambiguo “término homologador” expresado en ambas leyes –remuneración análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles –, siempre dificultó su aplicación práctica.

    Por eso, en la LOE (2006), se mejoró la redacción y el apartado 4 del art. 117 determinó que las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas.

    Más allá de la “gradualidad”, que permitía elaborar calendarios de equiparación adaptados a las circunstancias económicas de cada comunidad, estaba claro el mandato de la Ley sobre la igualdad de retribuciones. Por ello, entre 2006 y 2009 se firmaron –aunque con contenidos diferentes– acuerdos de equiparación en casi todas las comunidades autónomas.

    Iniciado el curso 2017/2018, tras más de 11 años desde la promulgación de la LOE, CCOO exige la renegociación de los actuales acuerdos de equiparación para alcanzar la igualdad retributiva prevista en la LOE/LOMCE.

    La Federación de Enseñanza de CCOO promoverá las acciones necesarias para exigir un cumplimiento real de la Ley.

    Documentación asociada
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